DE SUPERIOR A SUBALTERNO. ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ. CON VOZ PROPIA

El arrogante despotismo ejercido desde el poder, con desconocimiento de la Carta Magna y leyes orgánicas que rigen los poderes públicos, llevan a diputados del régimen a incluir entre las prioridades de los tres meses que le quedan a la Asamblea Nacional (AN), la renovación del Poder Moral. O no están de acuerdo con los titulares de Contraloría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía o ignoran que fueron designados para el período 2008-2015.

El vicepresidente de ese parlamento y figura del PSUV, Darío Vivas anunció igualmente aprobación de “las leyes que hagan falta”, aunque ratificando la sujeción al comandante, advierte que “Si el Presidente pide una Habilitante, se la daremos”.

Así le adjudicarían para que haga “lo que le dé la gana”, la cuarta facultad de legislar. La primera en 1999 duró seis meses, segunda del 2001 por 3 años y la de 2007, año y medio.

Lo que en lenguaje coloquial se denomina raspado de olla, lo piensan completar con la designación de 43 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): a 11 pretenden reducirles el período que cumplirían 2012 y nombrarán los 32 suplentes.

De cumplirse normas de la Suprema Ley, les faltaría tiempo para aprobarla. Veamos los pasos:

Las aspiraciones deberán hacerse, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con actividad jurídica, ante el Comité de Postulaciones Judiciales, cuyos miembros deberán ser “de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de las funciones”. Oída opinión de la comunidad, se efectuará una preselección que se pasará al Poder Ciudadano, el cual hará una segunda preselección que presentará a la AN, que hará la selección definitiva. Y los postulados podrán ejercer objeciones ante el Comité o AN (Art.264 de la Ley Suprema)

Como esta renovación solo procede para quienes tengan el período vencido, lo cual sólo se cumple en los suplentes, o de jubilaciones, estamos frente a un fraude constitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el último Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (2009), manifiesta preocupación por aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del poder judicial.

-Un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia -dice.

Bien diputados de la Unidad Democrática, actúen desde ya para frenar esta farsa. El que pega primero, pega dos veces. Frustren el propósito de legitimar la subalternidad del constitucionalmente concebido como máximo tribunal de justicia.

NOTA MARGINAL: Los resultados de las elecciones parlamentarias del 26S, significaron doble derrota al socialismo-comunismo. Para la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Patria Para Todos sumaron 5.653.836 votos y el régimen, con todas las ventajas y trampas, tristemente convalidadas por la fuerza militar, obtuvieron 5.399.390. En el Parlatino, la victoria fue mayor. La MUD totalizó 5.871.555 votos, y el PSUV 5.268.939. En general, la unidad democrática creció en 21 de las 24 capitales. El triunfo oficialista tan sólo se manifestó en San Carlos, San Juan de los Morros y Tucupita. A trabajar, pues, en estas tres zonas y por supuesto incrementar la actividad en las que dieron el triunfo, para llegar al 60% de votos en las ansiadas elecciones presidenciales del 2012.

albertojordanhernandez@yahoo.es

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