Estiman que la tierra puede ser expropiada sin derecho a indemnización
La reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como otros proyectos que aún se discuten en la Asamblea Nacional, y sus implicaciones sobre la propiedad privada, fueron temas centrales de la XVLII Asamblea Anual de la Federación de Gananderos de Venezuela (Fedenaga), celebrada este fin de semana en Táchira.
Sobre la reforma a la Ley de Tierras -proyecto que fue discutido sin consultar a los organismos y gremios que agrupan a los productores del campo- consideran que "tiene una orientación de carácter social y político contraria a los principios y normas que garantizan el derecho de propiedad".
Los expertos que participaron en la discusión de la ley durante la Asamblea de Fedenaga concluyeron que "hasta el más mínimo pedazo de tierra productivo o no, puede ser expropiado sin audiencia del afectado y pasado a manos del Estado, sin ningún tipo de indemnización, por lo que se consagra la confiscación de las tierras".
Estas acciones, enmarcadas en la figura del rescate de tierras, han traído consecuencia negativas para la producción agrícola nacional, pues disminuye la oferta interna y crecen las importaciones.
"Al afectarse gravemente el derecho de propiedad de la tierra, indudablemente se descapitaliza el campo venezolano y se disminuye a su más mínima expresión la posibilidad del crédito bancario para el desarrollo de nuestra ganadería".
Fedenaga rechazó también los atropellos durante las intervenciones en el campo, acciones que aseguran se incrementarán amparadas por las disposiciones que están en la Ley de Tierras, que lejos de sumar restan beneficios al sector agrícola y pecuario.
"En muchos casos, pequeños productores son intervenidos y expropiados, sin que se les de la más mínima oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, pues de manera arbitraria se procede, mediante la utilización de la fuerza pública y del Instituto Nacional de Tierras y hasta del Indepabis, a tomar dichos fundos productivos, para posteriormente dejarlas en abandono, prevaleciendo siempre la destrucción de los instrumentos y cultivos, afectando de ese modo la capacidad productiva del país".
Los productores condenaron el hecho de que en los cambios que se le hicieron a la normativa que rige en materia agraria, no se contemplaran acciones para contrarrestar la inseguridad personal que viven los productores en el campo, como el cobro de vacuna, extorsión y secuestros.
Esto conlleva a una de las mayores preocupaciones de los productores sobre la prohibición de la tercerización de la tierra, pues por la inseguridad, los ganaderos están obligados a pasar menos tiempo en sus unidades de producción
El gremio e advirtió a los productores agropecuarios estar alerta ante las normativas legales que se han aprobado, y los exhortó a la defensa de la propiedad.
"Las leyes recién aprobadas, son interpretadas y aplicadas bajo el esquema de una autoridad que se aparta de las normas y principios de la Constitución. Especialmente, la ejecución de las expropiaciones que en la práctica no son otra cosa que la confiscación de la propiedad privada, lo cual está prohibido por la Constitución y solo es permitido mediante procedimientos administrativos y judiciales especialmente contemplados en las leyes respectivas", expresó Fedenaga a través de un comunicado. ACC
La reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como otros proyectos que aún se discuten en la Asamblea Nacional, y sus implicaciones sobre la propiedad privada, fueron temas centrales de la XVLII Asamblea Anual de la Federación de Gananderos de Venezuela (Fedenaga), celebrada este fin de semana en Táchira.
Sobre la reforma a la Ley de Tierras -proyecto que fue discutido sin consultar a los organismos y gremios que agrupan a los productores del campo- consideran que "tiene una orientación de carácter social y político contraria a los principios y normas que garantizan el derecho de propiedad".Los expertos que participaron en la discusión de la ley durante la Asamblea de Fedenaga concluyeron que "hasta el más mínimo pedazo de tierra productivo o no, puede ser expropiado sin audiencia del afectado y pasado a manos del Estado, sin ningún tipo de indemnización, por lo que se consagra la confiscación de las tierras".
Estas acciones, enmarcadas en la figura del rescate de tierras, han traído consecuencia negativas para la producción agrícola nacional, pues disminuye la oferta interna y crecen las importaciones.
"Al afectarse gravemente el derecho de propiedad de la tierra, indudablemente se descapitaliza el campo venezolano y se disminuye a su más mínima expresión la posibilidad del crédito bancario para el desarrollo de nuestra ganadería".
Fedenaga rechazó también los atropellos durante las intervenciones en el campo, acciones que aseguran se incrementarán amparadas por las disposiciones que están en la Ley de Tierras, que lejos de sumar restan beneficios al sector agrícola y pecuario.
"En muchos casos, pequeños productores son intervenidos y expropiados, sin que se les de la más mínima oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, pues de manera arbitraria se procede, mediante la utilización de la fuerza pública y del Instituto Nacional de Tierras y hasta del Indepabis, a tomar dichos fundos productivos, para posteriormente dejarlas en abandono, prevaleciendo siempre la destrucción de los instrumentos y cultivos, afectando de ese modo la capacidad productiva del país".
Los productores condenaron el hecho de que en los cambios que se le hicieron a la normativa que rige en materia agraria, no se contemplaran acciones para contrarrestar la inseguridad personal que viven los productores en el campo, como el cobro de vacuna, extorsión y secuestros.
Esto conlleva a una de las mayores preocupaciones de los productores sobre la prohibición de la tercerización de la tierra, pues por la inseguridad, los ganaderos están obligados a pasar menos tiempo en sus unidades de producción
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"Las leyes recién aprobadas, son interpretadas y aplicadas bajo el esquema de una autoridad que se aparta de las normas y principios de la Constitución. Especialmente, la ejecución de las expropiaciones que en la práctica no son otra cosa que la confiscación de la propiedad privada, lo cual está prohibido por la Constitución y solo es permitido mediante procedimientos administrativos y judiciales especialmente contemplados en las leyes respectivas", expresó Fedenaga a través de un comunicado. ACC
raulamiel@gmail.com
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