Todos los indicadores socioeconómicos que en 2013 trataron el problema de la pobreza,empeoraron en 2014. Y más aún, en lo que va de 2015.
DE MAL EN PEOR
Comprender que el proceso de desarrollo económico y social de una nación es más que la procura de insumos propios de la dieta básica, no es fácil. Atender las demandas que se crean alrededor de los problemas que se suscitan de situaciones vinculadas con necesidades focales que puede padecer una comunidad, tampoco es un asunto de sencilla resolución. Las realidades económicas y sociales de un país, indistintamente de las posturas político-ideológicas que asuma la conducción de su gobierno, resultan de la sumatoria de múltiples consideraciones cuyo análisis requiere de perspectivas envolventes y acuciosas. Por tanto, es una tarea que exige una concienzuda vigilancia por parte de gobernantes que estén dispuestos a enmendar cualquier error cometido. Así como a manejar la administración pública al margen de apegos político-partidistas. Más aún, si el sistema político busca identificarse con un gobierno que oriente sus decisiones democráticamente. De no actuar por esa línea de acción, luce difícil pensar que pueda disfrutarse de garantías que exalten y exhorten derechos y libertades ciudadanas.
La situación que por ahora está viviendo Venezuela a consecuencia de la obcecación de sus gobernantes, da cuenta de un cuadro de reveses que complicaron la movilidad del país tanto en lo económico, como en lo social y en lo político. Las realidades empeoraron con el devenir de los años marcados por el siglo XXI. Particularmente, desde que el gobierno nacional, presumiendo admirar el modelo de gestión de la Cuba “revolucionaria”, optó por seguir un patrón de gobierno según el cual había que controlar todo lo que indujera a la sociedad a valerse de la noción de libertad para demandar cuotas de participación en ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Los problemas se agravaron principalmente a partir de enero de 2008, momento éste en el cual las fuerzas de la oposición democrática demostraron su arrojo político a partir de la oportunidad electoral que quiso el régimen ofrecer buscando el apoyo electoral para arreciar su autoritarismo mediante la pretendida Reforma Constitucional la cual resultó aplastada por la consulta popular de Diciembre de 2007.
Sin embargo, no fue sino hasta entrado el nuevo período presidencial, en Diciembre 2013, cuando comenzaron a producirse las más borrascosas decisiones que dieron al traste con la esperanza de miles de venezolanos quienes ilusamente apoyaron la continuidad de un régimen cuyo legado fue el pervertido ejemplo que sentó la corrupción, la impunidad y la desorganización de la que fue víctima el esfuerzo de democratización del sistema político nacional declarado como objetivo de modernización de la democracia según lo pautaban los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Todos los indicadores socioeconómicos que en 2013 trataron el problema de la pobreza, empeoraron en 2014. Y más aún, en lo que va de 2015. Entre otros: inflación, escasez de productos, estancamiento del empleo, reducción de recursos para las misiones, deterioro del servicio público nacional de salud y caída en el ritmo de construcción de viviendas. Esto dejó ver que la pobreza creció nuevamente lo cual de mantenerse tal tendencia, se agudizaría irremediablemente su impacto.
Si a ello se agrega la caída del ingreso debido a los bajos salarios provocando la pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos familiares, las condiciones de vida de la población se verán empeoradas. Incluso, por encima de las que han padecido países profundamente atrasados. Si además se cuentan las constantes devaluaciones y la agresiva inflación, al lado de lo que ha significado el desabastecimiento de medicinas y de rubros que impactan al transporte en todas sus modalidades, el régimen no aprobaría el menor examen de organizaciones que evalúan la calidad de vida de la población. De nada o poco vale cualquier dádiva con el cual el régimen intente paliar la situación de hambruna y de indignación que resiste el venezolano. O sea que el país anda de mal en peor.
VENTANA DE PAPEL
“SIN PAÍS NO HAY UNIVERSIDAD”
Toda transformación que compromete el devenir de un país, pasa necesariamente por la Universidad. Tan obvia es esta consideración, que la Ley de Universidades lo aduce cuando determina su razón de ser. De ahí que su artículo 2º señala que “(…) a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”. Más, por cuanto son instituciones al servicio de la Nación. De esta explicación, puede deducirse la compenetración que debe establecerse entre el desarrollo y progreso del país con la Universidad.
Es así que la Constitución Nacional habla de la responsabilidad del Estado de asumirla “como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades” pues la califica como “instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”. Esto lleva a que el Estado debe destinar recursos suficientes para el fomento y desarrollo de sus actividades. No obstante, esta vinculación obliga a pensar en el interés del Estado en regular el sentido y alcance de la educación que se imparte. Sin duda, la universitaria pareciera estar más supeditada por cuanto a ella corresponde completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita el país en aras de su desarrollo económico y social. Asimismo, científico, tecnológico, humanístico y artístico.
Ante esto, la Ley de Universidades expresa que la enseñanza estará inspirada en “un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana (…)” lo cual es significativo del carácter político que tiene la educación. Sólo que la politiquería, le otorga una lectura tergiversada que bien se acopla con los propósitos del proyecto político-ideológico que motiva las decisiones del régimen. Y como problema político que ocurre, sirve de excusa al régimen para redoblar el maltrato que está dispensándole a las universidades autónomas. Fundamentalmente, por el temor que le depara el alcance de la autonomía universitaria.
El régimen no acepta que su autoritarismo se vea relegado ante la posibilidad de que las universidades autónomas puedan darse “sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio (…)”. Tampoco desea reconocer que la autonomía universitaria sea fundamento jurídico-legal “para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”. Todo ello alienta su animadversión contra la autonomía universitaria. A pesar del rango constitucional que le otorga el artículo 109 de la Carta Magna. Su encono lo canaliza a través de determinaciones que asfixian su vida académica y financiera, tal cual está viéndose.
Así que en medio del desbarajuste que esas mismas decisiones han causado nacional, regional y localmente, la Universidad se ve contrariada y dificultada en términos de sus capacidades y potencialidades. Es decir, que de no haber universidades, tampoco es posible configurar la vida de una nación. O como bien lo refirió el exrector de la ULA, Genry Vargas Contreras, “sin país no hay universidad”.
“Cuando un gobierno se resiste a construir la movilidad del país con base en el respeto al otro, está enfilando su gestión hacia el despeñadero, realidad desde la cual luce bastante difícil retornar hacia condiciones de civilidad y moralidad.Aunque nunca es imposible”
Antonio José Monagas
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