MIGUEL ÁNGEL CARDOZO |
Un
cuarto de millón de venezolanos asesinados, un millón y medio más emigrados, un
sistema de salud colapsado, un sector educativo estrangulado, un aparato
productivo devastado, un déficit habitacional acrecentado y un inmenso caudal
de ingresos petroleros desaprovechado –o, más bien, dilapidado y saqueado–,
constituyen la dolorosa evidencia de ello y de que el único logro palpable de
esas peculiares instancias –o de las “tentativas” para crearlas– ha sido el
progresivo desenmascaramiento de un régimen con una infinita capacidad para
generar problemas y ningún interés –al menos sincero– en resolverlos.
Muchos
recordarán, por ejemplo, aquel anuncio de creación de una Comisión de la Verdad
para la “investigación” de los gravísimos crímenes y violaciones de los
derechos humanos perpetrados tanto el 11 de abril de 2002 como en los días
subsiguientes, lo que lejos de materializarse –pese a múltiples
recomendaciones, como las contenidas en el Documento de propuestas básicas del
Foro por la Vida para la constitución de una Comisión de la Verdad, del 24 de
abril de 2002 (http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/foroporlavida.pdf)–
dio paso a una infame y despiadada persecución inquisitorial de relevantes
figuras de la oposición que en nada esclareció los infaustos eventos, pero cuyo
saldo de agraviados, exiliados, enjuiciados e injustamente condenados es un
verdadero monumento a la indecencia.
Para
la historia también han quedado las caricaturescas e inmeritorias comisiones
con las que, reiterada y vilmente, se ha jugado con las necesidades y
expectativas de la sociedad venezolana, como la Comisión Presidencial para el
Manejo de la Contingencia en el Lago de Valencia, que en 2012 propuso como
“solución” definitiva al problema del constante incremento del nivel de esa
masa hídrica –según lo reseñado el 19 de octubre de aquel año por la Agencia
Venezolana de Noticias (http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-bolivariano-aprueba-soluci%C3%B3n-estructural-para-lago-valencia)–
la construcción, entre otras obras, de un túnel de 28 kilómetros y un sistema
de compuertas que servirían para el transvase de agua de su cuenca al río Pao,
calculando su costo en 580 millones de dólares y la duración de los trabajos en
tres años y medio, aunque –como se señala en un trabajo publicado en Prodavinci
el 7 de mayo del corriente
(http://prodavinci.com/blogs/25-claves-y-promesas-incumplidas-el-agua-y-el-gobierno-venezolano-por-anabella-abadi)–
estos se iniciaron varios meses después de lo estipulado –en medio de críticas
por el negativo impacto que sobre el ambiente tendría la obra– y luego de un
año la crecida continuaba.
Pero
además –tal y como arrojó una exhaustiva investigación publicada el pasado 26
de septiembre en la revista del Círculo de Periodismo Científico de
Venezuela,Ciencia al
Día(http://cienciaaldiave.com/2014/09/26/persiste-el-deterioro-del-agua-que-consumimos)–,
el agua que llega al embalse Pao-Cachinche posee un alto contenido de desechos
orgánicos contaminantes –como materia fecal y animales muertos– y elevadas
concentraciones de elementos químicos de gran toxicidad –como plomo, arsénico,
aluminio y fósforo–, ante lo que aún se esperan respuestas concretas de otra
comisión creada en 2013: la Comisión Presidencial para el Plan Nacional del
Agua.
Lo
más grave es que la inefectividad demostrada primero por la Comisión
Presidencial para el Manejo de la Contingencia en el Lago de Valencia y
posteriormente por la Comisión Presidencial para el Plan Nacional del Agua, no
solo ha afectado a las comunidades adyacentes al lago de Valencia y a las
surtidas por el embalse Pao-Cachinche en los estados Carabobo, Aragua, Cojedes
y Guárico, sino que ahora –de acuerdo con la mencionada investigación– ha
comenzado a perjudicar a otras localidades, ya que por el “exceso del volumen
de agua del lago, que tiende a superar la cota de 408 metros para acercarse a
la cota máxima de seguridad, estimada en 412 metros, se inició un bombeo hacia
el Valle del Tucutunemo en Aragua y al embalse de Camatagua, que surte al sistema
Tuy que sirve a Caracas”, con lo que “se disminuyó un problema
redistribuyéndolo a más regiones”, pasando el número de afectados “de 3 a 20
millones, con la incorporación […] de la gran Caracas, Miranda y Vargas”.
En
relación con otras comisiones, no hace falta detenerse a explicar lo que sus
rimbombantes nombres evocan a la luz del actual desastre: Comisión Nacional de
Abastecimiento Popular –Decreto 5839, Gaceta Oficial38862, 31 de enero de
2008–, Comisión Presidencial de Refugios Dignos –Decreto 8101, Gaceta Oficial
39633, 14 de marzo de 2011–, Comisión Presidencial para el Control de Armas,
Municiones y Desarme –Decreto 8211, Gaceta Oficial 39673, 13 de mayo de 2011–,
Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de
la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana –Decreto 841, Gaceta Oficial
40376, 20 de marzo de 2014–, por mencionar algunas.
Otro
estrepitoso fracaso fue la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cuya
creación se estableció en la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico –publicada en
la Gaceta Oficial 5568 (Extraordinario) del 31 de diciembre de 2001– y varios
años después fue eliminada por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema y Servicio Eléctrico –publicada en la Gaceta Oficial 39573 del 14 de
diciembre de 2010–.
Ahora,
por si algún venezolano creía que la enrevesada dialéctica oficialista había
alcanzado el cenit del absurdo, se ha decidido constituir la Comisión
Presidencial para la Implementación del Plan Nacional de Preparación y Respuesta
ante el Ébola –o algo parecido–, como si la prevención y promoción de la salud
se tratase de tomar medidas provisionales como mera reacción ante contingencias
y no de la permanente obligación de cualquier Estado.
Es
precisamente esa visión la que ha permitido que no diez sino mil plagas
sanitarias –fiebre chikungunya, dengue, paludismo, VIH/sida, diabetes,
cardiopatías diversas, neoplasias de todo tipo, afecciones respiratorias,
enfermedades dermatológicas, patologías bucales y un sinfín de problemas más–
estén sepultando las ya de por sí exiguas aspiraciones de desarrollo de la
sociedad venezolana.
Una
buena gestión sanitaria no se mide por el número de comisiones para “atender”
problemas específicos, sino por el grado de reducción de la carga de morbilidad
de un país a través de un trabajo continuo, eficiente y eficaz, lo que implica
la garantía de una prestación universal e ininterrumpida de servicios de salud
de calidad –y que abarquen los tres niveles de atención–.
Por
ello, el anuncio de la creación de tal comisión solo puede ser considerado como
una nueva burla, por no hablar de la descomunal irresponsabilidad que significa
el enviar “profesionales” de la salud sin las competencias indispensables para
abordar la difícil labor llevada a cabo por expertos, con años de riguroso
entrenamiento y una amplia experiencia, como los de Médicos Sin Fronteras, la
Organización Mundial de la Salud o los Centers for Disease Control and
Prevention –organizaciones serias y orientadas a la excelencia que se rigen por
altísimos estándares a la hora de seleccionar a su personal–.
Y
mientras los dislates se suceden –y el “Estado colectivo” hace ostentación de
su poder–, sigue alimentándose la sospecha de que en Venezuela, desde hace tres
lustros, ha operado en las sombras una comisión –integrada por resentidos y
maleantes de la peor ralea– que, al parecer, ha sido extremadamente exitosa en
la consecución de sus objetivos: la Comisión ad hoc para la destrucción
nacional.
Miguel
Angel Cardozo
michaeliarchangelo2006@gmail.com
@MiguelCardozoM
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