Jamás había habido en nuestra nación un
episodio tan brutal y sangriento, plenamente planificado
por las fuerzas policiales y armadas, ejecutado por activistas reconocidos del
oficialismo contra una manifestación
civil pacífica de un régimen que
pretendía instalarse contrariamente a nuestras tradiciones civiles, castrenses
e institucionales, el 11 de abril de 2012,
aunque las autoridades judiciales
hayan dictaminado que fue provocado dentro de la misma concentración
contestataria, por francotiradores y la
Policía Metropolitana , en tanto que hay
pruebas irrefutables gráficas y
testimoniales que un grupo de facinerosos
prooficialistas, dispararon a mansalva desde el
sitio, conocido en Caracas como PUENTE LLAGUNO y sus adyacencias
produciendo una carnicería de 19 muertos y más de 73 heridos, todos en la parte
baja de las avenida Urdaneta y Baralt y
sus alrededores.
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Los cuatro (4) pistoleros
aprehendidos por esta masacre del
Puente Llaguno por las autoridades correspectivas, Henry Atencio, Rafael Cabrices, Richard Peñalver y Nicolás Rivera Muentes, fueron reconocidos como los
que dispararon manifiesta y alevosamente contra la inmensa multitud que se disponía llegar hasta Miraflores , y que según su propio Alto Mando Militar,
presido por el Gral. Rincón Romero
había difundido por los medios de comunicación que el presidente había firmado la carta de renuncia solicitáda, hecho incontestable y cierto
que posteriormente es denegado por el mismo presidente Chávez.
Pero este es un hecho distinto
de lo que pretendemos demostrar
en relación con los acontecimientos que dieron como resultado el saldo fatal
de muertos y heridos, no habiéndose demostrado por ninguna circunstancia que los manifestantes estuvieran armados ni haber disparado, aunque las
autoridades encargadas del llevar a cabo el juicio contra los implicados
dictaron sentencia que los “defensores del puente Llaguno, identificados como las
personas que dispararon sus armas, eran inocentes y se les concedió de Libertad Plena por Legítima Defensa y Estado de Necesidad de los acusados y
se excluyó” cualquiera hipótesis
de que hubiese habido enfrentamiento por parte de los que dispararon desde El Puente Llaguno contra
marcha alguna, según lo dictaminó el juez de la causa Alejandro
Baptista del Tribunal 4º de Juicio del
estado Aragua, a quien se adjudicó la causa..
La protesta en contra de la decisión despertó
no solo indignación de los familiares de los afectados sino que la misma Fiscalía anunció la apelación de absolución, calificándola como
“Burla a la Justicia “(Gustavo Rodríguez, El
Universal, 18/9/2003). Algunos fiscales
oficialistas como Sonia Buznego,
62º, Turcy Simancas ,64º, ambos
de Caracas y el fiscal Danilo Anderson
la repudiaron al expresar, cito:
“ESA
DECISIÓN NO SE AJUSTA A DERECHO ¿CÓMO ES QUE
ESO DE QUE USARON LAS ARMAS EN
LEGÍTIMA DEFENSA PERO NO HUBO
INTIMIDACIÓN PÚBLICA? ESOS DELITOS ESTAN INTERCONECTADOS, Y NO HAY LÓGICA EN EL
ARGUMENTO JURÍDICO USADOS POR EL JUEZ PARA EXIMIRLOS DE ESAS RESPONSABILIDADES
PENALES…”.
La conclusión después de tantas discusiones
y argumentaciones al respecto es que se
trató de un JUICIO POLÍTICO que pretendía acallar la disidencia y la protestas
de los opositores de Chávez que iniciaba
su periplo por imponer su propia justicia revolucionaria con la connivencia absoluta de los jueces, con
respaldo del magistrado Eladio Aponte Aponte presidente de la Sala Penal
de TSJ, como lo afirma él mismo , que
más tarde confesó ,una vez destituido como máximo magistrado penal, que
el Presidente Chávez intervenía en la justicia penal venezolana contra de sus opositores y en el caso del PUENTE LLAGUNO, ordenó la condena de los
comisarios del 11 de abril de 2002 (
Confesión escrita y apostillada en la Costa Rica, en abril de 2011(
El,Universal,14/9/2012).
Este juicio aberrado y contra derecho sería
blindado por parte de la justicia oficialista para acusar a los comisarios y al alcalde
metropolitano para entonces,
Alfredo Peña, que arrojó
como resultado la incriminación
de los comisarios y agentes de la Policía Metropolitana con otra parodia
judicial tan injusta como el
crimen de lesa humanidad del Puente Llaguno que por obra y gracia del
ejecutivo nacional convirtío el escenario de la masacre en patrimonio cultural de la nación, el 9/4/2012.
El fallecimiento del presidente Chávez
en diciembre de 2012 lo exime de la
responsabilidad de la justicia
internacional (o nacional, cuando esta sea posible,) de crímenes de lesa humanidad,
pero no podrán escapar de ella el resto de responsables como jueces, fiscales,
imputados de los hechos y responsables de
toda esa tramoya urdida para
implantar la injusticia revolucionaria del régimen
comunista.
Jesús
Rafael González Briceño
jesusrafael768@gmail.com
@jesusgonzalezbr
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