Como saben mis lectores, amigos o no, mis
artículos están dedicados casi siempre a problemas del sistema político y su
funcionamiento. Pero a veces abandono este campo y me dedico a reflexionar sobre
otros temas. Uno de ellos es la barbarie sobre la cual escribí una primera
aproximación hace algunas semanas.
En las semanas que han seguido a ese artículo
están ocurriendo hechos en la convivencia ciudadana que exigen una nueva
aproximación.
Uno de estos hechos es el recrudecimiento de
la violencia cotidiana que se expresa en asesinatos cuyas víctimas fueron
descuartizadas o murieron por el impacto de entre 9 y 20 balas de las pistolas
y demás armas de los victimarios.
Los planes de seguridad dictados por el
gobierno chavo-madurista no han tenido ningún resultado favorable, por más que
el Ministro de Interior, Justicia y Paz (¿Cuál paz, Mayor General?) trate de
exagerar los efectos del plan en intervenciones públicas en los medios
oficiales, al presentar cifras inverosímiles y que no pueden ser comprobadas
por los ciudadanos.
Nosotros seguimos cada vez más adaptando
nuestros modos de vida a la violencia reinante: evitamos salir de noche y de
madrugada porque el temor se ha interiorizado en todos nosotros, y también
evitamos recorrer la ciudad en autopistas y calles por temor a los motorizados
quienes, con su irrespeto a las reglas de tránsito, inducen angustias a los
demás participantes en el tráfico. Otra
violencia es la que tenemos que calarnos los ciudadanos en el trato con
funcionarios públicos que nos desprecian sin que les salga la “tarjeta roja”,
con desdén y falta de civilidad en cuanto trámite tengamos que realizar ante
ellos.
Pero hay una barbarie burocrática mayor. Me
refiero al estado lastimoso del servicio público y privado de salud. Esta
situación es claramente responsabilidad
del Estado, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución que reza:
“la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo
garantizará como parte del derecho a la vida” y el artículo 85: “El
financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado
que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la
seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la
ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con
los objetivos de la política sanitaria.”
En vez de cumplir estos dos artículos, los
que manejan el Estado gastan enormes sumas en armamento y equipos antimotines y, como si eso fuera poco, en “ayuda
humanitaria, plantas eléctricas, camas, medicamentos, material médico
quirúrgico, entre otros productos, a Gaza” (el espacio de Palestina ocupado por
la organización terrorista internacional HAMAS), tal como explicaba
recientemente el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Elías Jaua.
Este es el segundo envío venezolano de ayuda
después de que la semana pasada un avión militar partiera con medicamentos,
material médico-quirúrgico, agua potable, alimentos no perecederos, ropa y
zapatos, mantas, almohadas, tiendas de campaña familiares, linternas y
colchonetas. En este primer envío había además un millar de juguetes
artesanales realizados por niños y artesanos de Caracas.
Esto es: los que nos desgobiernan tienen más
preocupación por lo que les ocurre a los seguidores de otra banda terrorista a
decenas de miles de kilómetros que por el sistema de salud de nuestros
ciudadanos y ciudadanas enfermos que no encuentran ayuda médica u hospitalaria
y mucho menos los medicamentos para aliviar sus enfermedades.
¡Que juzgue el lector el ensañamiento que
caracteriza a nuestro régimen en contra de los ciudadanos del país!
Heinz
Sonntag
sonntagheinz@gmail.com
@heinzsonntag
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