Desgracia la de un pueblo que no tiene
un gobierno que gobierne, ni organismos públicos que ejerzan la función
contralora, en el sentido más amplio del término. Primero con Chávez y ahora con Maduro, el
Ejecutivo Nacional actúa como le viene en gana, contraviene normas y desprecia
los derechos humanos. No hay presencia y reacción de los órganos del Estado
concebidos constitucionalmente como entes autónomos de control. Todo es un
despelote, reina la sumisión y la corrupción; la ineficiencia se premia y se
castiga la rectitud. Nadie controla, esa sola razón es suficiente para que la
calle no calle y la protesta continúe, hasta alcanzar el restablecimiento del
Estado de Derecho.
El
Poder Ciudadano -en cabeza de la
Defensora, la Fiscala y la Contralora- tiene constitucionalmente misión
protectora del pueblo, debe ser expresión de los ciudadanos para prevenir,
investigar y sancionar los hechos que atenten contra él, así como contra la
ética pública y la moral administrativa, existe para defender los derechos
humanos y la legalidad.
La
Defensora del Pueblo es -al decir popular- defensora de su puesto, no defiende los derechos humanos y sus
garantías, y por desgracia a la actual Defensora, Gabriela Ramírez (así como a
su predecesor) se le ha visto siempre defendiendo al gobierno y no al
ciudadano; ¿recuerda usted si la ha visto cumplir algunas de sus obligaciones,
tales como “velar por el efectivo respeto y garantías de los derechos humanos”
o “por el correcto funcionamiento de los servicios públicos”? Nadie recuerda
que la Abogada Ramírez, en tantos años de cobro del sueldo de Defensora, haya
interpuesto por lo menos una acción de inconstitucionalidad, amparo, hábeas
corpus, hábeas data o algún otro de los recursos que tiene el deber de accionar
en defensa de los ciudadanos. ¿Alguna vez la Defensora ha instado al Ministerio
Público a intentar acciones contra funcionarios infractores, o ha solicitado
sanciones a funcionarios por violar los derechos de los ciudadanos como
usuarios consumidores? Tenemos una caricatura de Defensoría.
La
Fiscal General de la República tiene nada menos que la función de garantizar,
en los procesos judiciales, el respeto a los derechos y garantías
constitucionales. Nunca antes habíamos tenido un Ministerio Público tan
genuflexo ante el Ejecutivo, al punto que Isaías Rodríguez -quien no pudo
hacerlo peor- quedó “reivindicado” ante la actuación de su sucesora, Luisa
Ortega Díaz.
Corresponde
a la Contraloría General ser el órgano de control y fiscalización de los
ingresos, gastos y bienes públicos. Esa contraloría no existe, aquí no se
controla nada y el robo de la cosa pública es abierto e ilimitado. El Contralor
General, Clodosbaldo Russián, murió hace dos años, y el sustituto que debió ser
electo un mes más tarde, todavía no aparece. No quiero irrespetar la memoria
del Contralor Russián, pero la verdad es que su ausencia no se ha notado.
En
la calle protestamos por el país descontrolado y luchamos por una nueva
sociedad, por un gobierno que gobierne y sea controlado por el pueblo y sus
órganos constitucionales de vigilancia y fiscalización. Que la protesta
permanezca hasta el cambio; que la calle no calle.
Paciano
Padrón
pacianopadron@gmail.com..
@padronpaciano
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