La propuesta elaborada por la Mesa de la
Unidad, y presentada en forma resumida por el equipo técnico responsable por su
elaboración, sostiene la aplicación de un cambio gradual a fin de restablecer
las condiciones para el crecimiento y desarrollo sostenido en el contexto de
una economía rentista.
La propuesta expone en lenguaje sencillo
verdades tales como la necesidad de recuperar el equilibrio fiscal, reordenar
el gasto, recuperar la autonomía del Banco Central, estimular el crecimiento
mediante el incremento de la inversión, la seguridad jurídica necesaria para
lograr el regreso de capitales y la inversión extranjera, el crecimiento del
aparato productivo, la promoción de las exportaciones no tradicionales y, lo
más importante, generación de un entorno con reglas y normas claras que
orienten la vida social y económica.
Lo anterior se refiere a recuperar la
deteriorada institucionalidad, mediante la definición del marco legal y
jurídico que facilite el funcionamiento del sistema económico, reconociendo que
éste se integra en unidades productivas públicas, privadas e iniciativas
mixtas, de diverso tamaño, con actores que para operar requieren de
definiciones compartidas que despejen la incertidumbre y generen la confianza
necesaria para la inversión.
Para ello se hace necesario corregir los
desequilibrios macroeconómicos, lo que implica recuperar el equilibrio fiscal,
abatir la inflación y enfrentar de manera progresiva los controles en el
mercado de divisas, entre otros. El crecimiento sostenido aseguraría la
expansión del aparato productivo y la creación de empleo estable y bien
remunerado.
De otro lado, el programa prioriza el
fortalecimiento de las instituciones responsables de la formación del capital
humano; de allí la propuesta de canalizar en el marco institucional aquellas
iniciativas destinadas a proteger la vida humana, entre ellas la familia, los
cuidados materno-infantiles, el ingreso a un sistema educativo que priorice la
calidad y la competencia y proteja de manera integral al educando, y mejore su
ambiente y ofrezca seguridad a las comunidades. Las iniciativas están abiertas
a la cooperación pública privada, al descentralizar la gestión e incorporar al
gobierno local, y a las surgidas en la propia comunidad y en organizaciones no
gubernamentales, promotoras de larga data de programas y proyectos con
excelentes resultados.
Las propuestas han sido evaluadas según los
criterios de equidad y justicia redistributiva, igualdad de oportunidades,
rechazo a la exclusión, en otras palabras, favorecer la incorporación masiva de
nuestra población al camino del progreso mediante el diálogo y la
participación.
Por lo tanto, a votar por el cambio el 7 de
octubre.
mizaguirrep@cantv.net
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