Reparar las instituciones,
organismos y empresas del Estado que la “revolución” puso a su servicio no será
tarea sencilla y llevará tiempo. Las prioridades deben ser las mismas que se
fijó el teniente coronel lenguatón: La Fuerza Armada, Pdvsa y el Poder
Judicial. Es decir, las armas, el dinero y los tribunales deben dejar de ser
instrumentos de una parcialidad
política. Logrado este objetivo de
primer orden, se podrá avanzar con paso
firme en la reparación total del país.
La Fuerza Armada y Pdvsa, al ser organizaciones piramidales, teóricamente
deberían ser más fáciles de reparar. En
ambas organizaciones hay partidarios del
régimen con los cuales se puede y debe convivir, una vez se proceda a cambiar
los altos mandos. Desde luego que es tal el deterioro que no será suficiente
sustituir al ministro de la Defensa, a los Comandantes de los diferentes
componentes y a la Junta Directiva de Pdvsa,
pero realizar los otros
cambios necesarios no le compete
a Henrique Capriles, sino a los mandos que él designe, siempre con el debido respeto a los derechos humanos
y civiles. Contrario a lo que algunos piensan, tanto en la Fuerza Armada como
en Pdvsa hay personal valioso e institucional que está cumpliendo con su deber. Por ello, la inmensa mayoría de compatriotas que están en estas
organizaciones pueden confiar en la palabra de quien será el próximo presidente
de Venezuela.
En base a lo anterior, es muy poco
probable que algunos militares pretendan insurgir ante una derrota electoral o
inhabilitación física del teniente coronel. Tampoco es de temer que grupos de
fanáticos intenten sabotear las instalaciones petroleras.
Sin embargo, hay que
estar alerta ante la reacción de los grupos paramilitares oficialistas que
pueden desatar saqueos y otros actos de violencia. Aunque la Fuerza Armada
podría controlarlos fácilmente, cabe recordar que la perversa prédica de Chávez
sobre la actuación de la Fuerza Armada ante el “Caracazo”, podría inhibir la
movilización de algunos componentes militares.
En cuanto al Poder Judicial, no bastará
con cambiar a ciertos funcionarios de la cúspide. Las declaraciones de Aponte y
de Velázquez Alvaray tienen una repercusión mundial y evidencian la podredumbre
de muchos jueces y fiscales. Luce indispensable la renuncia inmediata de los
responsables de la administración de justicia. Descalificar a los “canarios”
por no ser santos no invalida sus denuncias. Es importante acabar con la
provisionalidad de los jueces, proveer la carrera judicial y de los Fiscales
del Ministerio Público y vigilar la
ética y decoro de los funcionarios, sin que ello implique influenciar en las
decisiones que les competen.
Como en botica: De acuerdo a los
“canarios”, los personeros oficialistas
que ejercen presión son tan o más culpables que los jueces y fiscales. Pdvsa sigue endeudándose para contribuir a la
campaña electoral. El que venga atrás que arree, es la consigna del personaje
rojo-rojito. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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