El déficit de recursos ha sido crónico para un grupo de 16 empresas estatales -la mayoría de ellas expropiadas- cuyos casos fueron estudiados por investigadores del Instituto de Estudios Avanzados de Administración (IESA).
Esta situación les ha obligado a depender de subsidios del Gobierno nacional, lo que ha reducido los incentivos para los trabajadores y, por lo tanto, la productividad. Así quedó reflejado en el libro "Gestión en rojo: Evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista".
Uno de sus autores, Richard Obuchi, señaló que la forma en que operan estas empresas no es sustentable porque atienden a criterios políticos y la generación de utilidades quedó en un segundo plano.
Las experiencias analizadas fueron las de las empresas Invepal, Inveval, los centrales azucareros Sucre y Trujillo, UPS Pedraza, procesadora de cítricos Roberto Bastardo, Rialca, Cargill, Fama de América, zona industrial de Barquisimeto I, Enlandes, tomatera La Caicareña, centro pesquero Leander Barinas, Venirauto, procesadora de maíz Juana La Avanzadora y la empaquetadora del mismo nombre.
Pero más allá de estas 16 experiencias, los datos macro indican, según detalló Obuchi, que el intento de definir un modelo socialista que permita la independencia económica del país ha sido infructuoso.
En el caso de Invepal, una de las primeras industrias expropiadas, la producción era de 12% de su capacidad instalada en septiembre del año pasado, mientras que un año antes era de 15%. Se proyectaban 30 millones de cuadernos producidos y la realidad apunta más a 5 millones de cuadernos.
Otra de las situaciones más evidentes en Invepal fue el fracaso del modelo de cogestión. Una vez expropiada, la participación de la cooperativa conformada por los trabajadores era de 49% del paquete accionario, mientras que el 51% restante estaba en manos del Estado. Actualmente la participación estatal es de 82,7%, mientras que la cooperativa detenta 17,3% de las acciones.
Cogestión olvidada
El revés en el caso de la cogestión estuvo en este y en otros casos promovido por la falta de incentivos y los bajos resultados financieros de las empresas.
Bárbara Lira, coautora del libro "Gestión en rojo" explicó que la reducción en la participación accionaria de los trabajadores obedeció a que las cooperativas estaban asumiendo deudas insostenibles.
"Eso cambió la percepción de los trabajadores quienes prefirieron convertirse en empleados públicos", dijo.
Pero además, en términos generales la evolución de las nóminas no fue positiva. Lira manifestó que en los mejores casos el número de trabajadores se mantuvo sin mayores cambios, aunque en otros casos se redujo.
Otro de los resultados más desfavorables registrados con las empresas ahora en manos estatales es el de la antigua Lácteos Los Andes, ahora llamada Enlandes. La industria pasó de controlar 35% del mercado cuando fue expropiada a representar un año más tarde alrededor de 2,5% de la demanda de leche líquida nacional.
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