*COLOMBIA EXTRADITA A EE UU A JEFES PARAMILITARES POR NARCOTRÁFICO
El gobierno colombiano inició la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico a catorce de los más importantes jefes paramilitares de ultraderecha, detenidos tras desmovilizarse en una negociación de paz, que fueron trasladados hacia Bogotá.
Los paramilitares comenzaron a ser trasladados en la madrugada desde al menos tres cárceles hacia la base militar de Catam, en el oeste de Bogotá, de donde serían enviados hacia Estados Unidos, informó radio Caracol.
Por su parte la radio RCN indicó que agentes de la agencia Antidrogas de Estados Unidos esperan en el terminal aéreo la entrega de los detenidos.
Fuentes de la presidencia colombiana indicaron que el presidente Álvaro Uribe se pronunciará sobre este tema hacia las 7:30 pm (hora venezolana), sin dar más detalles.
El gobierno colombiano mantenía suspendida las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que concluyeron en abril de 2006 después de una negociación de tres años.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
El pasado miércoles el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.
Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la justicia de Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.
El año pasado la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados a las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen en Estados Unidos por narcotráfico.
La medida afecta a los líderes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy, entre otros, según la edición electrónica del diario El Tiempo.
El traslado de los paramilitares hacia la base militar de Catam comenzó después de la medianoche desde las cárceles de La Picota en Bogotá, Itagüí (noroeste) y Barranquilla (norte), agregó radio Caracol.
Fotógrafos de la AFP constataron el movimiento de tropas en los alrededores de la cárcel de Itagüí, vecina a la ciudad de Medellín y en torno al terminal militar de Catam.
La negociación de paz con las AUC por parte del gobierno la suspensión de las extradiciones y otros beneficios contemplados en la llamada ley de "justicia y paz" que incluía penas de un máximo de ocho años por los delitos cometidos por los paramilitares, incluso los considerados de lesa humanidad, a cambio de su confesión y reparación a las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron la semana pasada que la extradición de los paramilitares hacia Estados Unidos, violaba los derechos de los familiares de las víctimas a obtener justicia.
El gobierno colombiano inició la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico a catorce de los más importantes jefes paramilitares de ultraderecha, detenidos tras desmovilizarse en una negociación de paz, que fueron trasladados hacia Bogotá.
Los paramilitares comenzaron a ser trasladados en la madrugada desde al menos tres cárceles hacia la base militar de Catam, en el oeste de Bogotá, de donde serían enviados hacia Estados Unidos, informó radio Caracol.
Por su parte la radio RCN indicó que agentes de la agencia Antidrogas de Estados Unidos esperan en el terminal aéreo la entrega de los detenidos.
Fuentes de la presidencia colombiana indicaron que el presidente Álvaro Uribe se pronunciará sobre este tema hacia las 7:30 pm (hora venezolana), sin dar más detalles.
El gobierno colombiano mantenía suspendida las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que concluyeron en abril de 2006 después de una negociación de tres años.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
El pasado miércoles el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.
Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la justicia de Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.
El año pasado la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados a las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen en Estados Unidos por narcotráfico.
La medida afecta a los líderes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy, entre otros, según la edición electrónica del diario El Tiempo.
El traslado de los paramilitares hacia la base militar de Catam comenzó después de la medianoche desde las cárceles de La Picota en Bogotá, Itagüí (noroeste) y Barranquilla (norte), agregó radio Caracol.
Fotógrafos de la AFP constataron el movimiento de tropas en los alrededores de la cárcel de Itagüí, vecina a la ciudad de Medellín y en torno al terminal militar de Catam.
La negociación de paz con las AUC por parte del gobierno la suspensión de las extradiciones y otros beneficios contemplados en la llamada ley de "justicia y paz" que incluía penas de un máximo de ocho años por los delitos cometidos por los paramilitares, incluso los considerados de lesa humanidad, a cambio de su confesión y reparación a las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron la semana pasada que la extradición de los paramilitares hacia Estados Unidos, violaba los derechos de los familiares de las víctimas a obtener justicia.
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