Los
diputados de la Asamblea Nacional hicieron gárgaras durante varios años con una
ley de desarme que nadie cumple en el único país del planeta en el que las
autoridades necesitan de una ley para desarmar a quienes tienen pistolas,
granadas, armas largas y explosivos sin estar autorizados para ello
Saber
que se puede ser asaltado en cualquier esquina no es el miedo más intenso.
Podemos ser asesinados a cualquier hora en cualquier calle de Venezuela. El
malandraje anda suelto. Las mafias de la violencia se cogieron el país y los
ataques de pánico se han apoderado de transeúntes, comerciantes, estudiantes y
transportistas. Nadie está seguro.
25.000
personas fueron asesinadas el pasado año 2013. Los familiares de la mayoría de
esas víctimas arrastran su dolor con el temor de que le ocurra lo mismo a otro
ser querido. Los matones siguen en la calle. Nada les pasa. Nadie los detiene.
Nadie los busca.
Todos
en el barrio saben quiénes son los criminales y a cuantos han matado. En el
bloque todos saben quiénes desvalijan los carros. En la urbanización todos
conocen dónde vive el traficante. Los policías saben quiénes alquilan las armas
y venden las municiones. El gobierno también lo sabe. Hasta nos han relatado en
sus larguísimas cadenas que mantienen relaciones con más de 600 bandas, con sus
“buenandros”, como de pana los llaman. El gobierno sabe dónde están, saben
quiénes son. La matazón sigue y nada pasa.
Guardias
Nacionales conocen de la jefatura que desde las cárceles ejercen los que
planifican operaciones diversas como asaltos, tráfico de drogas, secuestros y
contratación de sicarios para sus asesinatos. Es larga la lista de jueces cuyas
decisiones son ordenadas por esos pranes, quienes cobran caro cualquier
desobediencia. El más desprevenido visitante puede dar fe de las armas largas
que portan los presos en las narices de sus custodios y del público comercio de estupefacientes en esos
locales.
El
“robo” de fusiles, ametralladoras, pistolas y municiones en los propios
cuarteles es noticia frecuente. El malandraje viste de verde oliva. Desde allí
también se surte el mercado negro de armamento, que es el combustible de la
industria del crimen en Venezuela. A nadie descubren. A nadie agarran. Nada
pasa.
Los
diputados de la Asamblea Nacional hicieron gárgaras durante varios años con una
ley de desarme que nadie cumple en el único país del planeta en el que las
autoridades necesitan de una ley para desarmar a quienes tienen pistolas,
granadas, armas largas y explosivos sin estar autorizados para ello. Insólito.
Lo que falta es una ley que autorice a las policías a perseguir asesinos,
traficantes de drogas, violadores y ladrones. A lo mejor eso es lo que estos estrictos cumplidores de la ley reclaman y no
nos habíamos dado cuenta.
¡Y
pensar que tanto ingenuo estaba esperando un gobierno de los militares para
acabar con la delincuencia!
La
impunidad anda suelta
El
malandraje también tiene una agenda política. La cumplieron obedientemente
durante las protestas estudiantiles que explotaron el pasado febrero y que
dejaron un doloroso saldo de muertos, heridos y torturados por los esbirros del
gobierno. Esos delincuentes actuaron a sus anchas y andan sueltos.
Geraldine
Moreno, estudiante universitaria de Carabobo, murió como consecuencia de
disparos que a quemarropa le hicieran en el rostro unos guardias nacionales que
fueron imputados y acusados por el Ministerio Público de homicidio calificado y
uso indebido de armas. Para nada. La Juez Yoibeth Escalona, del Tribunal 6° de
Control de Carabobo, aprobó beneficio procesal a los acusados, quienes se
presentan cada siete días y andan libres.
Cinco
funcionarios del SEBIN fueron acusados de homicidio calificado con alevosía a
propósito del asesinato de Bassil Da Costa el 12 de febrero. Nelson Moncada,
Juez 48 de Control de Caracas, les otorgó beneficio procesal y andan sueltos.
Sólo tienen que presentarse cada ocho días ante su benefactor.
Adriana
Urquiola, periodista de Venevisión, fue asesinada el 23 de marzo. El acusado
del crimen es Jonny Bolívar, quien huyó del país. En allanamiento a su
residencia se consiguieron tres pistolas. Antes había cometido un secuestro y
fue condenado a 23 años. Estaba recluido en Uribana y un juez le otorgó un
beneficio aunque ese delito de secuestro no es susceptible de beneficios
procesales. También anda en libertad, como si nada.
Daniel
Tinoco, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad del Táchira, fue
asesinado por irregulares armados acompañados de funcionarios del SEBIN en
Barrio Obrero, San Cristóbal, el pasado 10 de marzo, hace cuatro meses. El
Ministerio Público aún no ha presentado los actos conclusivos de la
investigación penal.
Génesis
Carmona, estudiante universitaria y Miss Turismo Carabobo 2013, fue asesinada
el 18 de febrero por grupos armados identificados con franelas del PSUV en la
Avenida Cedeño de Valencia. El Ministerio Público no ha presentado los actos
conclusivos y no se conoce de investigación alguna a cargo de ese organismo.
Juan
Manuel Carrasco fue violado por un fusil de un guardia nacional en el
Destacamento de Seguridad Urbana en Tocuyito, Estado Carabobo, según testimonio
dado por el joven y ratificado en conversación privada con el luchador por los
derechos humanos Rafael Narváez. No hay responsables investigados.
Marvinia
Jiménez fue torturada por una guardia nacional, caso que está ampliamente
documentado. Esa funcionaria tiene orden de captura. Nadie la busca. Nadie la
encuentra y, por supuesto, no la han llevado ante Fiscalía.
Anyelly
Pernía, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, fue torturada por la
Policía Regional del Táchira y esposada en la cama del Hospital de San
Cristóbal. Los responsables no han sido investigados y la joven está bajo
presentación de un Tribunal de Control cada quince días, al igual que casi 2000
manifestantes que tienen libertad condicionada sin haber cometido delito
alguno.
Los
asesinos sueltos y los estudiantes controlados por los tribunales con medidas
cautelares que restringen sus derechos. El mundo al revés.
La
voz de Claudio
Claudio
Fermín
Twitter:
@claudioefermin
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