“No
importa lo que eres, sino lo que la gente cree que eres”. Con esta frase educó
Joseph P. Kennedy a sus hijos para quienes tuvo elevadas aspiraciones políticas
que se cumplieron con su hijo John, presidente de los Estados Unidos, Robert,
Procurador General y Edward, senador.
Era un inmoral o amoral en todos los
aspectos, incluidas sus relaciones con la mafia italiana que se supone
contribuyeron al ascenso de John F. Kennedy a la Casa Blanca. A pesar de que el
tema era vox populi, nunca se supo que los capos de la mafia fueran invitados a
la residencia presidencial o que volaran en aviones oficiales. Los Kennedy
hicieron todo lo que estaba a su alcance para que la gente creyera que eran
diferentes: honestos y rectos como se espera que sean quienes dirigen los
destinos de un país, en este caso una gran potencia. Por decirlo de otra
manera: se esforzaron por ocultar sus trapacerías de la vista del público. Sin
embargo, en ese mismo país, un presidente fue destituido por el hecho
aparentemente inocuo de mentir.
El
narcotráfico y su vinculación con la política ha sido tema recurrente en la
política colombiana. Casi todos los presidentes de ese país, en los últimos
treinta o cuarenta años, han sido acusados de haber recibido dineros de los
capos de la droga para sus campañas electorales. Todos y cada uno de los
señalados se han defendido en su momento negando la especie. Pero en algunos
casos la justicia funcionó y un ministro del presidente Ernesto Samper,
Fernando Botero Zea, fue condenado a prisión por comprobarse que se vinculó con
patrones de la droga con propósitos de financiamiento político.
En
Inglaterra un ministro de Guerra, John Profumo, debió renunciar cuando se hizo
pública su relación con una corista, supuesta espía soviética. En Italia, el
hombre más poderoso del país, multibillonario, dueño de casi todos los medios
de comunicación, Silvio Berlusconi, fue condenado a siete años de prisión e
inhabilitación perpetua por corrupción de menores y fomentar la prostitución.
Unas semanas más tarde la Corte Suprema de Casación lo condenó a cuatro años de
prisión por fraude fiscal. Solo cumple uno de servicio social en un ancianato.
En España, que aparece ante el mundo como campeona en actos de corrupción,
varios alcaldes han sido destituidos y encarcelados por su comprobado
enriquecimiento ilícito.
En
América Latina, sin excepciones, la justicia no solo cojea sino que suele tener
ambas piernas amputadas. Y es tan ciega que no puede ver lo que resulta obvio,
verbigracia el obsceno enriquecimiento del matrimonio Kirchner en Argentina o
el del ex presidente Arnoldo Alemán, de Nicaragua, calificado por Transparencia
Internacional como uno de los diez gobernantes más corruptos a nivel mundial en
los últimos 20 años. Fue condenado a prisión, sobreseído y luego asociado con
el bastante corrupto ex guerrillero Daniel Ortega, para que éste sea presidente
ad eternum de ese país centroamericano. En Venezuela, un presidente electo con
más del 50% de los votos, fue defenestrado por la Corte Suprema de Justicia en
1993, por una nunca comprobada ayuda de dieciséis mil dólares a la campaña
electoral de Violeta Chamorro en Nicaragua. En este caso la Justicia abrió los
ojos solo para plegarse a la conspiración que más tarde llevaría al militar
golpista Hugo Chávez al poder.
¿Cómo
se entera la gente común de que sus dirigentes políticos utilizan sus
posiciones para abusar del poder y enriquecerse? Por lo general es la oposición
a esos dirigentes la que denuncia, los medios de comunicación informan, la
fiscalía investiga y acusa y los tribunales actúan. En la mayoría de los casos
nadie va a la cárcel, salvo que haya el deliberado propósito de anularlo
políticamente. Lo único que puede salvarse como importante en ese juego de
complicidades, es que el corrupto queda señalado como tal ante la opinión
pública. Así sucedió en Venezuela durante los 40 años anteriores a la
catástrofe chavista. Pero no eran siempre los opositores políticos quienes
ventilaban ante el público la corrupción de funcionarios públicos, sino que sus
propios compañeros de partido utilizaban filtraciones a la prensa para sacar
del camino a sus rivales. Entre las muchas razones del naufragio de los dos
grandes partidos que coparon la escena política venezolana en esas cuatro
décadas, estuvieron las luchas internas y las denuncias que salían del seno de
esos partidos contra sus compañeros de ruta.
¿Cómo
se entera la gente común de que sus dirigentes políticos utilizan sus
posiciones para abusar del poder y enriquecerse?
Si
algo cambió la llamada revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI o
chavismo, fue esa práctica. El gobierno y el partido de gobierno PSUV,
funcionan con las normas de la Cosa Nostra -mafia siciliana- y el pacto de
silencio llamado Omertá. De conformidad con esa Omertá a la venezolana, se
prohíbe informar sobre los delitos cometidos por los compañeros de partido o de
mafia, que viene a ser lo mismo. No existen las filtraciones de los tiempos
pasados porque el propósito de todos los asociados en esa Camorra gubernamental
es mantenerse en el poder. Para ello deben manejar con el mayor secretismo sus
odios internos. Por otra parte, la mafia madurochavistafidelista controla el
90% o más de los medios de comunicación del país. Es así como la mayoría de la
población, la que no tiene acceso a las redes sociales o a la televisión por
cable para ver canales extranjeros, ni se entera de los delitos mafiosos del
régimen que en otros tiempos hubiesen provocado escándalos de dimensiones
incalculables. Por ejemplo, un supuesto dirigente sindical apodado “Gordo Bayón”
y llamado realmente Yorman Pedro Márquez, fue uno de los 10 detenidos en
febrero de 2009 por el asesinato de tres sindicalistas en el Estado Bolívar. El
delito imputado fue homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. Cinco
meses después el sujeto estaba en libertad pero con prohibición de salida del
Estado Bolívar. Al día siguiente de esa decisión judicial, el “Gordo Bayón” fue
una de las 15 personas que viajaron a Caracas en unas avionetas contratadas por
la Gobernación del Estado Bolívar, para una reunión con el entonces
vicepresidente de la República, Elías Jaua. El 26 de noviembre de 2013 el
mencionado “Gordo”, que era por cierto bastante flaco, fue apresado por
funcionarios de la policía científica por otro homicidio y le decomisaron un arma
de fuego. Dos semanas despuésrecibió una nueva medida cautelar de libertad. El
19 de mayo de 2014 estuvo reunido con sindicalistas en el palacio de
Miraflores, sede de la presidencia de la República y regresó para una nueva
reunión el 2 de junio. Su viaje a Caracas se realizó en una avioneta contratada
por la Gobernación del Estado Bolívar. Al salir de esa reunión tomó una moto
taxi para dirigirse a su hotel y fue acribillado a balazos por un ex compinche
que de inmediato se adjudicó el homicidio.
La
Omertá ha funcionado al 100%, absoluto silencio oficialista sobre un escándalo
que en cualquier otro país habría provocado la destitución de jueces
complacientes y cuando menos del gobernador asociado con un criminal de esa
calaña. En cualquier país donde el gobierno, el partido oficialista, sus
parlamentarios, los jueces y fiscales no constituyeran una mafia, el gobierno
habría tenido que explicar a la nación porqué un asesino convicto y confeso, no
solo estaba libre sino que era huésped de la presidencia de la República. En
Venezuela no hace falta explicar nada, al fin y al cabo solo una minoría se
entera y escandaliza por hechos como el narrado. La mayoría solo conoce el país
de mentiras que pintan los medios oficialistas, los de la Cosa Nostra
revolucionaria, bolivariana, socialista, chavista, fidelista y madurista.
Paulina
Gamus
gamus.paulina@gmail.com
@Paugamus
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