"La izquierda te da fueros,
Ramón"[i], Néstor Kirchner.
He tomado prestado el título de esta nota de
un libro esencial, de José D'Angelo (El Tatú Ediciones, Bs.As., 2015). Se
refiere a los sesgados derechos humanos en épocas kirchneristas y al enorme
negocio montado a su alrededor para robar dineros públicos.
Para entender de qué se trata, debemos
comenzar por hablar del número mágico: "30.000" desaparecidos. Esa
cifra, atribuida por Schocklender a Hebe de Bonafini y por Luis Labraña a las
organizaciones de propaganda guerrillera, fue un invento de marketing, motivado
en la necesidad de crear una cantidad capaz de justificar los reclamos de los
organismos de derechos humanos (en la Argentina, los muertos en accidentes de
tránsito, sólo en 2014, fueron 7613) y, fundamentalmente, para permitir a éstos
recaudar ingentes fondos en Europa, ya que el verdadero número "no
alcanzaba".
En 1984, la CONADEP, encabezada por Ernesto
Sábato, entregó su famoso informe "Nunca Más" al Presidente Raúl
Alfonsín; en él fueron consignadas las denuncias recibidas (8.961) por hechos
posteriores al golpe militar de 1976; en 2006, Kirchner encomendó a su
Secretaría de Derechos Humanos la revisión de lo actuado y la misma, además de
alterar el prólogo original e incluir los hechos desde 1969, redujo la cifra
(8.377 desaparecidos y muertos, de los cuales corresponden 7201 a la época del
Proceso). Ya en octubre de 1985, la revista Somos publicó que habían aparecido
más de ciento cincuenta personas con vida, que figuraban como “desaparecidos”
en el informe original.
Al inaugurar el "Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado", en la Costanera Norte porteña, el
fallecido ex Presidente, a quien tan útil le resultó disfrazarse de defensor de
los derechos humanos tuertos desde su llegada al poder nacional, hizo colocar
treinta mil chapitas, destinadas a albergar el nombre de cada una de las
víctimas; hoy, nueve años después y a pesar de haber retrotraído la fecha de
inicio de los hechos y de incorporar a la nómina hasta guerrilleros que cayeron
en combate contra las fuerzas de seguridad, se suicidaron con las pastillas de
cianuro que les suministraba su organización, les explotaron bombas que
preparaban, fueron fusilados por orden de las enloquecidas cúpulas del ERP o de
Montoneros o murieron en el extranjero, más del 66% de esas chapitas siguen
vacías.
Precisamente esos "detalles" son
los que dieron lugar a algunos de los enormes y más indignantes negocios que se
hicieron en estos años con las indemnizaciones -¡casi dos mil millones de
dólares!, que nadie explica- a esas raras víctimas del terrorismo de Estado;
por ejemplo, mientras se pagaban cuantiosas sumas por los asesinos de los
soldados conscriptos durante la tentativa de asalto al Regimiento 29, de
Formosa, en plena democracia (5 de octubre de 1975), se negó todo derecho a las
humildes familias de éstos.
En su libro, D'Angelo realiza un detallado
inventario -probado con enorme cantidad de fuentes de las propias
organizaciones guerrilleras- de algunos de los casos en que se forzó la
realidad y se mintió desde el Gobierno para permitir el pago de cantidades
fabulosas de dinero a los deudos de aquéllos cuya muerte, en modo alguno, puede
atribuirse a la represión de la subversión.
Pero el invento del número mágico
("30.000") también tenía otro objetivo: lograr la calificación de
"genocidio" para el accionar de los militares; envuelto en ese mito,
el Gobierno logró que el Congreso anulara las leyes de "obediencia
debida" y "punto final", y comenzó a encarcelarlos en prisiones
comunes; son más de 2000, la enorme mayoría ancianos y enfermos, y 300 han
fallecido en cautiverio, en un claro delito de abandono de persona seguido de
muerte por el que deberán responder algún día estos falsos jueces.
Para lograr su propósito, una Justicia
cómplice, genuflexa y corrupta realizó innumerables simulacros de juicios, con
testigos falsos o instruidos al efecto y dictó, en casi todos los casos,
sentencias a prisión perpetua, por ejemplo, por el solo hecho de haber tenido
destino militar en Buenos Aires y pernoctar en alguno de los institutos en los
cuales se detenía a los guerrilleros capturados. He presenciado inclusive
algunos ¿juicios? en los que oficiales que nunca fueron mencionados ni acusados
por los testigos presentados, fueron igualmente condenados.
Cuando hablo de las atrocidades que cometió
la Justicia, me refiero a que se vulneraron todos los principios del derecho:
de ley anterior al hecho del proceso, de inocencia, de la duda en favor del
reo, de jueces naturales, de legalidad, de ley más favorable, etc. Lo importante
era llenar de militares las cárceles a cualquier precio, tanto para defender al
Gobierno ante las acusaciones de desmadrada corrupción como para permitir la
venganza de los derrotados "iluminados" de entonces, muchos de los
cuales se insertaron en estos años en la estructura del Estado.
Si no se trata de genocidio, que conlleva su
imprescriptibilidad (obviamente, por los hechos posteriores a la ratificación
del Estatuto de Roma por cada uno de los estados signatarios) todos los delitos
que se imputaban a los militares han prescripto hace años; Argentina suscribió
el Estatuto sólo en el año 2001, y se convirtió en el 28° país en hacerlo. Por
lo demás, en la medida en que el genocidio debe ser cometido utilizando la
maquinaria de un Estado, la misma calificación les cabe a los guerrilleros, ya
que contaron con el respaldo explícito -en fondos, logística, entrenamiento y
refugio- de Cuba, de Libia, del Líbano, de Vietnam, etc.
Hay otro aspecto relacionado con los miles de
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, y muchos civiles, que aún se
encuentran en las mazmorras de este régimen tan corrupto como no recuerda otro
la historia de nuestro país.
Me refiero a la discriminación a la que son
sometidos. Son los únicos presos para los cuales no rige la "ley del 2 x
1", que permitía computar doble los días que excedieran de los dos años
desde el inicio del proceso, son los únicos a los que no se les permite
estudiar en los institutos universitarios de las cárceles, son los únicos para los
que no rige el derecho a prisión domiciliaria para los mayores de setenta años;
tampoco se les permite atenderse en los hospitales militares. Es más, no
conozco otros casos en que los imputados sean obligados a asistir a las
parodias de audiencias de testigos en condiciones inhumanas, sea por el marcado
deterioro de las facultades cognitivas, sea por el estado físico en que se
encuentran, y a veces en camilla, por la fractura de la columna cervical, o con
aplicación de suero intravenoso.
Por su parte, Luis Gasulla, autor de "El
Negocio de los Derechos Humanos" (Sudamericana, Bs.As., 2012), había ya
descripto este entramado de relaciones indignantes entre los principales
organismos de derechos humanos -en especial, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
y CELS, que preside Verbitsky- y los Kirchner; así, a cambio de dinero público
sin medida y sin control -recuerde la "nacionalizada" Universidad de
las Madres y los "Sueños Compartidos"- éstos obtuvieron el respaldo
que necesitaban para robar a mansalva e intentar perpetuarse en un proyecto que
sólo la inesperada muerte de don Néstor consiguió evitar, al menos por ahora.
Mientras tanto, Cristina Kirchner avanza
contra el Poder Judicial en su tentativa para evitar un negro futuro penal y,
lentamente, va alcanzando sucesivos éxitos, y los líderes de la oposición se
rasgan las vestiduras por los presos políticos de Maduro, en Venezuela, y nada
dicen de sus homólogos argentinos.
Tal vez algún día, los argentinos podamos
darnos una Justicia independiente, eficaz, competente y rápida; si lo logramos,
todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
[i]
Respuesta del Senador Ramón Puerta, citada por Ceferino Reato en "Doce
Noches", Ed. Sudamericana, Bs.As., 2015.
Enrique Guillermo Avogadro
ega1@avogadro.com.ar
@egavogadro
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