“Tengo confianza en el pueblo, en el buen pueblo de Venezuela, y en el sentido de responsabilidad de los partidos democráticos, tanto de los defensores y colaboradores del actual gobierno como de los que le hacen oposición, y por eso no me cabe la menor duda de que el año que viene, año de comicios, no será una etapa de pasiones encrespadas y de violentas diatribas, ni mucho menos de motines, sino de civilizada y ejemplarizante contrastación de ideas políticas y de programas administrativos. Ese proceso de comicios se realizará dentro de un ambiente cabal y total ejercicio de las garantías constitucionales…” Romulo Betancourt, 1962
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| ALBERTO RODRÍGUEZ BARRERA |
Para el 31 de diciembre de 1962, año en
que hubo de enfrentarse a dos serios intentos sediciosos para derrocar el
gobierno constitucional, en ambas oportunidades coludidos unos pocos elementos
desorbitados de las Fuerzas Armadas con sectores de la extrema izquierda
antivenezolana, los cuales el país repudió masivamente con claras y enérgicas
formas, el Gobierno de Coalición procedió a tomar las medidas en el orden
interno y en el internacional, que se requerían cuando fue evidente que Cuba se
había convertido en base de proyectiles atómicos soviéticos, armas nucleares
que fueron retiradas y que hicieron más consciente a Venezuela de que era uno
de los objetivos políticos y militares de la Unión Soviética y de los partidos que
sirven a su ambiciosa política de dominación ecuménica, mundial.
Como país productor de petróleo, que aún
en los días de la desintegración del átomo y la posible utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos, continuaba siendo el más codiciado y
necesitado de los combustibles para movilizar los aparatos industriales y
bélicos de las grandes potencias. Venezuela, según afirmaba el Presidente
Betancourt, estaba plenamente consciente de que no producía bananos, sino
petróleo, y de que siendo cualquiera el gobierno que presidiera el país debía
mantenerse en un estado de alerta. Venezuela era y seguiría siendo una zona
operacional, con prioridad inmodificable, para los enemigos de la democracia y
para los fieles devotos del comunismo.
Ante los brotes insurreccionales, como los
que se vivían en esta época, Venezuela debía defenderse no sólo de los entes
antisociales que cometen crímenes individuales, también y de manera especial,
en un país donde el acceso al poder mediante el hecho de fuerza había sido
tradicional por parte de quienes pretendían utilizar las armas que le entregó
confiada la República para derrocar gobiernos legítimamente constituidos.
Tradicionalmente se había intentado y logrado derrocar gobiernos para utilizar
el poder como instrumento de las apetencias de mando y de enriquecimiento
ilícito de un hombre o de una camarilla. Y el intento de trasladar a Venezuela
la situación tiránica cubana era vista como contradictoria e indigna de la
noble nación que conquistó su independencia a costa de un raudal de sangre y
sacrificios, y que ahora había devenido un simple peón en el ajedrez de la
política comunista internacional.
Quienes participaron en los brotes
facciosos –que dejaron un saldo de muertos y heridos- fueron entregados a la
jurisdicción de los tribunales militares de acuerdo con las leyes de la
República, y tuvieron derecho a la defensa; unos fueron excluidos de
responsabilidad, otros condenados a presidio. Rómulo fue claro: “Surgen ya
voces pidiendo amnistía para ellos. Mientras yo sea Presidente de la República
no será sobreseída su causa… Lo más fácil para un gobernante en vísperas de
dejar el poder es dar muestra de humanitario espíritu frente a los autores de
motines y sediciones, dejándole a su sucesor la peligrosa herencia de la
impunidad del crimen político. Tengo demasiado sentido de la responsabilidad
conmigo mismo y con la historia para proceder así. Estoy consciente de que por
esta línea de conducta, indesviable e inmodificable, caerán sobre mí rencores familiares
e individuales imborrables, pero gobernar con sentido de lealtad al país no es,
en mi concepto, eludir responsabilidades, sino asumirlas ante la propia
consciencia, ante la nación y ante la historia... Las dificultades afrontadas
por el país y el gobierno en 1962, no fueron obstáculo, y ello demuestra la
confianza de los venezolanos en su gobierno y en el empeño de éste en cumplir
una acción administrativa eficiente, para la recuperación económica y el
saneamiento fiscal”.
En cuanto a la economía nacional, en
franca recuperación, las estimaciones preliminares realizadas permitían
asegurar que por primera vez desde 1959 Venezuela había alcanzado un
crecimiento del producto per capita al lograrse un crecimiento total algo
superior al 6%. Las cifras correspondientes a los permisos de construcción en
la zona metropolitana y en las capitales de los Estados durante los diez
primeros meses de 1962 mostraban un aumento del 65% con respecto a 1961. Tal
recuperación había permitido disminuir significativamente el desempleo,
aumentándose el poder adquisitivo de la población. El Banco Central de
Venezuela cerró con superávit al colocarse las reservas internacionales en
575,4 millones de dólares, reflejando una nivelación de nuestros pagos al
exterior y en los ingresos de divisas.
La deuda pública disminuyó, se pagaron 200
millones de dólares (50%) del empréstito de abril. Se había comenzado la
producción y exportación de acero. El presupuesto de 1963 (Bs. 6.225 millones)
era el primero sin déficit desde hacía muchos años que regiría a Venezuela; se
aumentaron las inversiones y el otorgamiento de créditos al sector privado y
quedó asegurado el financiamiento del 90% del total de inversiones públicas que
para el primer año preveía el Plan de la Nación 1963-1966, en consulta y
reajustes indispensables con el sector empresarial y las organizaciones de
trabajadores. Todo ello generaba una manifestación visible e innegable en las
alegres pascuas que se celebraban, donde el comercio vendió más que en ningún
otro diciembre de la historia venezolana.
El mejoramiento visible de la situación
económica; la confianza en que el país había tramontado sus anteriores etapas
de dificultades y de recesión; el aumento evidente del empleo y el margen de
cada vez menos trabajadores desocupados; todo trajo euforia navideña, con una
alegría que no se decretó, y que obedecía a un régimen, con sus aciertos y
errores, atento a la preocupación fundamental por el bienestar de la
colectividad.
Cabe destacar que hacia fines de año hubo
una proclamación del Presidente Kennedy sobre regulaciones para el ingreso de
petróleo extranjero en el mercado estadounidense. No siendo un satélite al
servicio de ninguna potencia mundial, el gobierno se preocupó, no se quedó con
los brazos cruzados e incitó a la realización de reuniones de alto nivel en
defensa de los intereses del país. Betancourt llamó a Kennedy y se creó una
comisión que en 48 horas logró que tales regulaciones no afectaran al petróleo
venezolano, estableciéndose además acuerdos y mecanismos que impidieron a
futuro que tal espada de Dámocles –dependiendo de lo que la Casa Blanca
resolviera unilateralmente sobre la colocación del petróleo crudo y residual
venezolano en Estados Unidos- siguiera guindando cual guillotina sobre los
gobiernos venezolanos.
De forma igualmente enérgica culminaba con
éxito la acción introducida por el Gobierno de Venezuela ante los tribunales de
Estados Unidos, de acuerdo con un tratado internacional suscrito en 1922,
contra el dictador derrocado el 23 de enero de 1958. Se buscaba extraditarlo
para ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Se buscaba dejar bien claro
que el delito de apropiación indebida de dineros fiscales y el uso de la fuerza
pública con criminales propósitos, no se quedan sin sanción. Pérez Jiménez ya
estaba detenido por mandato judicial en una cárcel norteamericana, esto era
algo que sólo podía realizar un régimen integrado por venezolanos que ni se
habían enriquecido ilícitamente, ni habían utilizado contra sus opositores los
procedimientos inexcusables de las torturas y los asesinatos. En Venezuela
estaban vivos y sometidos a juicio quienes intentaron contra la vida del
Presidente Betancourt.
El año de 1963 iba a tener una
significación muy especial para Venezuela. Se iba a realizar en la historia de
Venezuela un hecho que era normal y rutinario en los países de régimen
democrático y representativo estabilizado. Por primera vez un Presidente
directa y libremente electo por el pueblo iba a presidir unas elecciones en que
habría de sucederlo otro Presidente directa y libremente electo por el pueblo.
Tras el esfuerzo para lograr que la administración pública realizara labor
eficaz y de que se erradicara de Venezuela la bochornosa tradición del peculado
y del tráfico de influencias, se pasaba
a adecentar las costumbres políticas del país. Se acababa con la tradición de
que los jefes de Estado se reeligieran para perpetuarse en el poder, o que
situaran en Miraflores, para sucederles, a un hombre que les fuera dócil, para
manejarlo como los directores de marionetas manejan los hilos invisibles de sus
personajes.La Constitución prohibía la reelección, y explícitamente señalaba
que quien hubiese ejercido la primera magistratura no podría aspirar a ella
sino diez años después de la expiración de su mandato.
Dijo Rómulo: “Pero tampoco habrá
continuismo personalista. Presidiré unas elecciones con absoluta imparcialidad
y al país le digo, con esa buena fe y con esa cruda franqueza que me ha
caracterizado, que no tengo ni tendré candidato para las elecciones próximas…
Mi decisión es clara e inmodificable. El funcionario ejecutivo que interfiera o
presione en favor de un candidato de sus simpatías, será destituido, cualquiera
que sea su rango o jerarquía. 1963 es la culminación para mí de una dilatada
vida pública y aspiro, con una confesa intención de pedagogía cívica, a que
seré apto para demostrarles a los venezolanos cómo un gobernante es capaz de
presidir imparcialmente unas elecciones y de no pretender seguir gobernando,
después de su salida de Miraflores, por
la interpósita mano de un dócil instrumento suyo elevado a la primera
magistratura... Ha sido este un país de turbulenta historia, y el cual ha sido
señalado, negativamente, por la paradójica circunstancia de que habiendo sido
la cuna del Libertador no haya podido vivir sino en muy escasos períodos de su
historia republicana dentro de un régimen de libertad ordenada y de sistemas de
derecho estables. Ello nos obliga, muy particularmente, a demostrar que este
período constitucional próximo a concluir en 1964 no es un paréntesis
transitorio de normalidad institucional en un país donde tantas veces la
dictadura autocrática rigió la cosa pública. El proceso electoral, por propio
sentido de responsabilidad nacional y por responsabilidad americana, debe ser
un limpio, cívico, culto, ejercicio de democracia… El ejemplo que se dio en
1958 de tres candidatos a la Presidencia de Venezuela, cuando no utilizó
ninguno de ellos el lenguaje de la violencia ni las injurias personalistas,
debe repetirse en 1963. Tengo confianza en el pueblo, en el buen pueblo de
Venezuela, y en el sentido de responsabilidad de los partidos democráticos,
tanto de los defensores y colaboradores del actual gobierno como de los que le
hacen oposición, y por eso no me cabe la menor duda de que el año que viene,
año de comicios, no será una etapa de pasiones encrespadas y de violentas
diatribas, ni mucho menos de motines, sino de civilizada y ejemplarizante
contrastación de ideas políticas y de programas administrativos. Ese proceso de
comicios se realizará dentro de un ambiente cabal y total ejercicio de las
garantías constitucionales…”
Alberto
Rodriguez Barrera
albrobar@gmail.com
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