El 18 de julio del año pasado el Vicepresidente
del Área Económica, eterno Presidente de Petróleos de Venezuela y eterno
Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció en el estado Sucre que
el país estaría en condiciones de exportar gas durante el 2014 a Brasil y
Argentina. Y hace apenas tres años, cuando nació Pdvsa Gas Comunal para
“sepultar” definitivamente toda la infraestructura de 95 empresas privadas que
comercializaban el gas en bombonas, o Gas Licuado del Petróleo (GLP), se dijo
que a partir de ese momento el pueblo consumidor dejaría de ser víctima de
desatenciones, especulación y maltrato en su relación con los suplidores del
producto.
Para mayo del 2014, definitivamente, no será
posible exportar gas a Brasil y a Argentina, y mucho menos haciendo uso del
Gasoducto del Sur, cuya construcción, a
su vez, anunciaron en el 2006 los para entonces Presidentes de Brasil Luis
Ignacio “Lula” Da Silva, de Argentina Nelson Kirchner y de Venezuela Hugo
Chávez Frías. El mismo quedó en promesas. Tampoco se podrá hacer por el
gasoducto que conecta a Venezuela con Colombia, aun cuando dicho sistema de
transporte estará ocioso a partir de este lunes 6 de mayo, ya que Ecopetrol
dejará de despacharle al país los 106 millones de pies cúbicos que venía
enviando desde el 2008. Y todo porque la
oferta nacional de gas, hasta ahora, no ha superado la fase de los rinbombantes
anuncios sobre desarrollos que dejen de
ser sueños inspirados en lo que se puede hacer con unas reservas probadas de
147 billones de pies cúbicos, y otros 40 ó 60 billones de pies cúbicos que
están en proceso de ser probados.
De hecho, lo que describen técnicos de los
“monstruos” mundiales del gas, como Rusia e Irán, es que la producción
venezolana se mantiene estancada en 7.300 millones de pies cúbicos diarios, es
decir, la misma de hace diez años, y de la cual el 60% se emplea en
reinyección y el 40% restante en el mercado interno, atendiendo a la
población y a la industria manufacturera, pero en condiciones críticas al no
poder exportar los líquidos que se tienen que emplear ante la indisponibilidad
de gas.
¿Cómo atender las posibles demandas de Brasil
y de Argentina, si no hay capacidad ni para satisfacer los requerimientos
nacionales?. La respuesta no ofrece alternativas distintas a la duda sobre la
seriedad de los anuncios, promesas y compromisos. Y si existiera un ápice de
consideración respetuosa a dichas
palabras empeñadas por tan alto funcionario, no tendría que ver, en absoluto,
con la seriedad a la que se recurre para transmitirlas a propios y extraños,
sino a que conjuntamente con dichos ofrecimientos incumplidos, está presente una consecuencia
inocultable.
Es un efecto que se aprecia en el hecho de
que los colombianos, sencillamente, están tomando medidas preventivas ante las
repercusiones que ya está provocando en su economía la sequía vinculada con el
fenómeno climático el “Niño”, además de que el convenio que rige la negociación
binacional, por otra parte, está concluyendo dentro de 3 meses, después de 5
años de haber funcionado con base en los términos de la relación comercial.
Pero, además, le están poniendo a la agenda de los múltiples problemas con los
que está lidiando el Gobierno de Venezuela, uno adicional relacionado con la
inminencia de que los habitantes del estado Zulia y de parte importante de Los
Andes venezolanos, tendrán que someterse ¡otra vez¡ a las restricciones de un
servicio eléctrico deplorable, como a la penuria de apagones programados. Eso
fue, inclusive, lo que alertó el experto José Manuel Aller, para quien la falta
de ese recurso energético, que era utilizado por Venezuela en la Planta de
Termozulia y Los Andes, elevará los desequilibrios del sistema eléctrico,
debido a que el país no tiene suficiente capacidad para compensar la ausencia
del gas colombiano dirigido a atender
los ya existentes problemas de
producción, y también porque ya se registran dificultades en la distribución
gasífera
En cuanto a lo que está sucediendo con otra
actividad monopólica, como es la generación y distribución del gas en bombonas,
bastaría con comenzar por recordar que sin que estuviera vigente una Ley
Habilitante, ni una Ley de Precios Justos apuntalada por los pelotones de
militares que salen a impulsar su “ofensiva” fiscalizadora del comercio formal,
Pdvsa, en su momento, fungió de congeladora de los precios del gas, para
provocar el colapso de cada empresa distribuidora privada y terminar
“comprándola” en pleno proceso de quiebra. Lo demás es cuento conocido,
especialmente por quienes deben dedicar horas y más horas a hacer colas
interminables para adquirir una bombona de 10 kilogramos en cualquier parte del
país, esperar hasta tres semanas para que el “servicio” de Pdvsa Gas Comunal
reemplace el recipiente sin el producto energético, o ser conminado a
constituir un Consejo Comunal, con el compromiso de que así sí es posible
garantizarles la mejoría del servicio que se les presta, porque el Ministerio
de las Comunas se ocuparía de hacerle seguimiento al proceso para que eso
suceda.
Después de todo, en Venezuela la utilidad
clientelar siempre ha funcionado como la llave ideal para activar cualquier
cerrojo, cuando se trata de recibir favores o atenciones públicas
privilegiadas, y esta relación ministerial no tendría por qué ser la excepción.
Ciertamente, en este caso, donde estaría presente un déficit de más de
2.400.000 cilindros de plástico, después que se le compraran otros 2.600.000 a
Noruega, y que es lo que, supuestamente, hace imposible satisfacer la demanda
de los que no pueden recibir gas natural directo, entonces, como aliviadero de
buenos oficios burocráticos, de las colas
hay que pasar a la adulancia, al obligado procedimiento de la “alcabala”
que convierte lo formal en informal, pero también a la silenciosa aceptación de
que también en esta atención al “pueblo”, lo supuestamente barato termina siendo
producto caro, y el precio subsidiado pasa a convertirse en un
alimento nutritivo de la ya común corrupción que siempre se da alrededor de
todo producto que comercializa el Gobierno, y que es objeto y sujeto de control
de precio final.
Quienes tienen que pasar por dicho calvario,
en su gran mayoría, habitan las zonas populares. De allí tienen que migrar casi
a diario para hacer las “otras” colas necesarias, si desean adquirir un
alimento esencial en la mesa familiar. Y si ante la ausencia del bendito GLP se
opta por el necesario sustituto del servicio eléctrico, entonces Corpoelec
procede a la multa, como reprimenda por haber entrado en el terreno del
excesivo consumo de la subsidiada energía eléctrica.
Con apagones espontáneos o planificados, y
sin gas para poder cocinar alimentos cancelados con precios extrainflacionados,
dependiendo del sitio donde se pueden adquirir y al proveedor dueño de mercados
negros que se lo pueda garantizar, cada promesa gubernamental incumplida opera
como un activador de frustraciones sociales. Pero también como fortalecedora de
la convicción de que a quince años de compromiso “revolucionario”, como de la
avanzada de un modelo económico presuntamente “exitoso”, el resultado que
tampoco es susceptible de dudas, es aquel que se proyecta ante los ojos de casi
30 millones de venezolanos como un soberano y potente fracaso.
Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
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