lunes, 5 de mayo de 2014

EGILDO LUJÁN NAVAS, CON APAGONES Y SIN BOMBONAS, FORMATO DEL FUTURO…

El 18 de julio del año pasado el Vicepresidente del Área Económica, eterno Presidente de Petróleos de Venezuela y eterno Ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció en el estado Sucre que el país estaría en condiciones de exportar gas durante el 2014 a Brasil y Argentina. Y hace apenas tres años, cuando nació Pdvsa Gas Comunal para “sepultar” definitivamente toda la infraestructura de 95 empresas privadas que comercializaban el gas en bombonas, o Gas Licuado del Petróleo (GLP), se dijo que a partir de ese momento el pueblo consumidor dejaría de ser víctima de desatenciones, especulación y maltrato en su relación con los suplidores del producto.

Para mayo del 2014, definitivamente, no será posible exportar gas a Brasil y a Argentina, y mucho menos haciendo uso del Gasoducto del Sur,  cuya construcción, a su vez, anunciaron en el 2006 los para entonces Presidentes de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva, de Argentina Nelson Kirchner y de Venezuela Hugo Chávez Frías. El mismo quedó en promesas. Tampoco se podrá hacer por el gasoducto que conecta a Venezuela con Colombia, aun cuando dicho sistema de transporte estará ocioso a partir de este lunes 6 de mayo, ya que Ecopetrol dejará  de despacharle al país  los 106 millones de pies cúbicos que venía enviando desde el 2008.  Y todo porque la oferta nacional de gas, hasta ahora, no ha superado la fase de los rinbombantes anuncios sobre desarrollos  que dejen de ser sueños inspirados en lo que se puede hacer con unas reservas probadas de 147 billones de pies cúbicos, y otros 40 ó 60 billones de pies cúbicos que están en proceso de ser probados.

De hecho, lo que describen técnicos de los “monstruos” mundiales del gas, como Rusia e Irán, es que la producción venezolana se mantiene estancada en 7.300 millones de pies cúbicos diarios, es decir, la misma de hace diez años, y de la cual el 60% se emplea en reinyección  y el 40% restante  en el mercado interno, atendiendo a la población y a la industria manufacturera, pero en condiciones críticas al no poder exportar los líquidos que se tienen que emplear ante la indisponibilidad de gas.

¿Cómo atender las posibles demandas de Brasil y de Argentina, si no hay capacidad ni para satisfacer los requerimientos nacionales?. La respuesta no ofrece alternativas distintas a la duda sobre la seriedad de los anuncios, promesas y compromisos. Y si existiera un ápice de consideración  respetuosa a dichas palabras empeñadas por tan alto funcionario, no tendría que ver, en absoluto, con la seriedad a la que se recurre para transmitirlas a propios y extraños, sino a que conjuntamente con dichos ofrecimientos  incumplidos, está presente una consecuencia inocultable.

Es un efecto que se aprecia en el hecho de que los colombianos, sencillamente, están tomando medidas preventivas ante las repercusiones que ya está provocando en su economía la sequía vinculada con el fenómeno climático el “Niño”, además de que el convenio que rige la negociación binacional, por otra parte, está concluyendo dentro de 3 meses, después de 5 años de haber funcionado con base en los términos de la relación comercial. Pero, además, le están poniendo a la agenda de los múltiples problemas con los que está lidiando el Gobierno de Venezuela, uno adicional relacionado con la inminencia de que los habitantes del estado Zulia y de parte importante de Los Andes venezolanos, tendrán que someterse ¡otra vez¡ a las restricciones de un servicio eléctrico deplorable, como a la penuria de apagones programados. Eso fue, inclusive, lo que alertó el experto José Manuel Aller, para quien la falta de ese recurso energético, que era utilizado por Venezuela en la Planta de Termozulia y Los Andes, elevará los desequilibrios del sistema eléctrico, debido a que el país no tiene suficiente capacidad para compensar la ausencia del gas colombiano dirigido a  atender los  ya existentes problemas de producción, y también porque ya se registran dificultades en la distribución gasífera

En cuanto a lo que está sucediendo con otra actividad monopólica, como es la generación y distribución del gas en bombonas, bastaría con comenzar por recordar que sin que estuviera vigente una Ley Habilitante, ni una Ley de Precios Justos apuntalada por los pelotones de militares que salen a impulsar su “ofensiva” fiscalizadora del comercio formal, Pdvsa, en su momento, fungió de congeladora de los precios del gas, para provocar el colapso de cada empresa distribuidora privada y terminar “comprándola” en pleno proceso de quiebra. Lo demás es cuento conocido, especialmente por quienes deben dedicar horas y más horas a hacer colas interminables para adquirir una bombona de 10 kilogramos en cualquier parte del país, esperar hasta tres semanas para que el “servicio” de Pdvsa Gas Comunal reemplace el recipiente sin el producto energético, o ser conminado a constituir un Consejo Comunal, con el compromiso de que así sí es posible garantizarles la mejoría del servicio que se les presta, porque el Ministerio de las Comunas se ocuparía de hacerle seguimiento al proceso para que eso suceda.

Después de todo, en Venezuela la utilidad clientelar siempre ha funcionado como la llave ideal para activar cualquier cerrojo, cuando se trata de recibir favores o atenciones públicas privilegiadas, y esta relación ministerial no tendría por qué ser la excepción. Ciertamente, en este caso, donde estaría presente un déficit de más de 2.400.000 cilindros de plástico, después que se le compraran otros 2.600.000 a Noruega, y que es lo que, supuestamente, hace imposible satisfacer la demanda de los que no pueden recibir gas natural directo, entonces, como aliviadero de buenos oficios burocráticos, de las colas  hay que pasar a la adulancia, al obligado procedimiento de la “alcabala” que convierte lo formal en informal, pero también a la silenciosa aceptación de que también en esta atención al “pueblo”, lo supuestamente barato termina siendo producto caro,  y  el precio subsidiado pasa a convertirse en un alimento nutritivo de la ya común corrupción que siempre se da alrededor de todo producto que comercializa el Gobierno, y que es objeto y sujeto de control de precio final.

Quienes tienen que pasar por dicho calvario, en su gran mayoría, habitan las zonas populares. De allí tienen que migrar casi a diario para hacer las “otras” colas necesarias, si desean adquirir un alimento esencial en la mesa familiar. Y si ante la ausencia del bendito GLP se opta por el necesario sustituto del servicio eléctrico, entonces Corpoelec procede a la multa, como reprimenda por haber entrado en el terreno del excesivo consumo de la subsidiada energía eléctrica.

Con apagones espontáneos o planificados, y sin gas para poder cocinar alimentos cancelados con precios extrainflacionados, dependiendo del sitio donde se pueden adquirir y al proveedor dueño de mercados negros que se lo pueda garantizar, cada promesa gubernamental incumplida opera como un activador de frustraciones sociales. Pero también como fortalecedora de la convicción de que a quince años de compromiso “revolucionario”, como de la avanzada de un modelo económico presuntamente “exitoso”, el resultado que tampoco es susceptible de dudas, es aquel que se proyecta ante los ojos de casi 30 millones de venezolanos como un soberano y potente fracaso.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan

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