La salida de
Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos, tiene como objetivo dejar sin protección a los venezolanos
víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte
de cuerpos represivos del gobierno, que se le puede convertir en un boomerang,
debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado,
como miembro la ONU
y de la OEA que
exigen su cumplimiento insoslayable.
El
establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución
Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y
la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento
de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como
uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que
garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la
fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario
de la población.
Las
grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su
evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han
sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado
y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían. Y no es el último caso
el único que la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos de la OEA
denuncia, sino que en su último informe con relación al gobierno del difunto Presidente
Hugo Chávez, devela centenares de hechos violentos contra adversarios del
régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han sido víctimas
de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de
cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado
pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La
reacción del extinto Jefe del Estado y en particular de los representantes de
los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo al informe, y la descalificación a quienes lo elaboraron a
partir de denuncias de familiares o de
las propias víctimas, revela la gravedad de lo que ha pasado en los últimos 14 años y continúa pasando en nuestro
país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho
Informe porque se saben culpables de delitos de lesa humanidad, porque ese Informe no tiene sesgo político.
El
Informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, quedará en la
OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del
gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenados por El
Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus
delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la
sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias
lo permitan.
En el
mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus
cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos
Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados
por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la
justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual
gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles
desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano
o lejano, ante la justicia internacional
Y
aunque es posible que con la entrada a MERCOSUR Nicolás Maduro se vea obligado
a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede, a los grupos paramilitares, para cumplir con
disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas,
es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales. Lo que resulta
evidente es que la salida de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, tendrá un alto costo político internacional, y si la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) maneja acertadamente la
bravuconada Madurista, el costo político puede ser también nacional y cobrado
en votos el próximo 8 de diciembre.
Juan
Páez Ávila
@jpaezavila
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