Damos continuidad a las reflexiones plasmadas en la
nota anterior sobre la Justicia colombiana.
En el II Congreso Continental Bolivariano realizado en
Quito el 27 de febrero de 2008, al que asistieron delegados colombianos, se proclamó:
“La necesidad de librar todo los combates
necesarios, de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las
luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias
de las clases y sectores oprimidos…De ahí el valor extraordinario de las
posiciones asumidas por el comandante Chávez y su gobierno bolivariano, y por
la digna senadora colombiana Piedad Córdoba, frente a ese conflicto (el
colombiano) y específicamente respecto a la política guerrerista de Uribe en su
condición de instrumento de la Administración Bush y del poder imperialista
estadounidense…”
En un considerando consagran “Que la reactivación desde
el régimen fascistoide de Álvaro Uribe y sus narco-paramilitares del proyecto
de guerra y subversión contra la revolución bolivariana…” era un obstáculo a
sus propósitos. Se trata de una visión del conflicto colombiano consistente en
atribuir toda la carga negativa y criminal sobre el estado, el uribismo y el
paramilitarismo mientras las guerrillas son depositarias de la justicia.
Lo más grave de toda esta situación es que la Corte Suprema de Justicia
y Magistrados regionales se muestren receptivos de esa concepción ideologizada de
los problemas. Compartir el lenguaje citado invalida de entrada la búsqueda de
justicia y verdad puesto que significa quitarse la venda y tomar partido. La
Corte Suprema ha dado muestras de un alto nivel de politización desde hace buen
tiempo. Ahora, togados regionales entran en el juego haciendo afirmaciones
francamente sesgadas propias de organizaciones políticas antisistema.
Así por ejemplo, apelando a una retórica simplista y llena de lugares
comunes, ajena al espíritu jurídico, dos magistrados del Tribunal Superior de
Medellín de la Unidad de Justicia y Paz, expresan en la compulsión de copias ante
la Suprema para que el expresidente Uribe sea investigado por promoción y nexos
con grupos paramilitares, ese estilo inconfundible de los antiuribistas:
deslegitimar el estado, las instituciones, la libertad, la democracia y la
fuerza pública, como se ve en estas líneas: “¿cómo es posible que
el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a
pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los
últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese
período? ¿Y cómo el gobierno ha seguido funcionando con elecciones
aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y
promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a
pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario?...”. ¿No es este un lenguaje propio de partidos de
extrema izquierda?
Y, más adelante expresan: “La promoción, organización
y apoyo de las convivir y los paramilitares no fue la conducta de algunos
sectores o miembros aislados de las Fuerzas Militares, y en especial del
Ejército Nacional…” La sociedad no escapa al señalamiento ideológico, en el que
para nada se habla de las guerrillas y sus acciones criminales ni de las
decisiones políticas tomadas por grupos políticos colombianos en Cuba (donde
recibió entrenamiento el ELN y el M-19) y en congresos internacionales del
comunismo: “Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su
creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las
fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación
de la empresa privada (sic) y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos…”
De ahí concluyen que: “El nombre del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece
vinculado… a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión
de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos”. Que es lo
que escuchamos y leemos en declaraciones y panfletos de Colectivos y
movimientos antiuribistas.
A la cacería contra el expresidente Uribe se han
sumado varias personalidades de las más exóticas especies: exguerrilleros,
poetas, abogados, expresidentes, columnistas, dirigentes liberales, miembros de
la oligarquía capitalina, académicos, intelectuales marxistas y tardomarxistas,
y hasta comandantes paramilitares extraditados.
Imposible dar cuenta de todo lo que dicen en espacio
tan limitado. Pero, un personaje sobresale entre muchos en su sevicia
persecutoria. Se trata del excomandante guerrillero del ELN León Valencia, obseso
antiuribista, incansable sectario, que pretende enmascarar lo que afirma con
una aureola de academia. Su tesis sobre las votaciones atípicas fue acogida por
la Corte Suprema para condenar a políticos que obtuvieron votación inesperada
en poblaciones no visitadas y de fuerte presencia paramilitar. Gracias a su tendenciosa
teoría, se condena por inferencia y se crea el delito de “nexos”, aplicado sólo
para cercanías, amistades, contactos o vecindades con el paramilitarismo, no
con las guerrillas.
Valencia ha hecho una carrera de lujo en su afán de
figurar como intelectual y académico. No hay duda de que puede ser tenido por
lo primero, pero a él lo que más le importa es ser reconocido en la academia a
la que no ha podido ingresar por una sencilla razón, allí hay que someter los
textos a la evaluación de pares científicos. Su lagartería y arribismo es tan
descomunal que intrigó para insertarse en el Informe Internacional de la
violencia contra sindicalistas a pesar de su militancia previa con la hipótesis
que estaba en cuestión. Figura como coautor del Informe de Memoria Histórica
asumiendo, de hecho, la condición de juez y parte, de víctima y victimario.
Desde el punto de vista ético no es coherente que
habiendo sido comandante guerrillero, por tanto corresponsable de ordenar secuestros
y otras acciones de terror cuando integró la dirección nacional del ELN, asuma
el rol de juez de sus rivales y defensor de la moral y la justicia.
Otro personaje que hace parte del safari, al acecho
como las hienas, es el vengador Iván Cepeda que no desmaya en su intento de
consagrar a su padre como mártir de una democracia en la que no creía. Por algo
es reivindicado por las Farc que bautizaron con su nombre a uno de sus frentes,
y que según el famoso libro testimonial de Alvaro Delgado, Todo tiempo pasado
fue peor, fue el ideólogo de la fatídica combinación de todas las formas de
lucha. Cepeda junior tampoco descansa en su afiebrada persecución contra Uribe
y el uribismo. Adopta tácticas extravagantes y provocadoras sin empacho en
educorarlas con lenguaje de paz y reconciliación y en presentarse como defensor
de derechos humanos.
En conclusión, y pudiendo demostrarse con más
evidencias documentales, es un hecho que existe una profunda coincidencia de organismos,
magistrados y funcionarios judiciales con fuerzas, líderes de la izquierda, la
extrema izquierda y algunos intelectuales liberales progres, en el diagnóstico
sobre la violencia colombiana. Y que esa coincidencia se extiende a la esfera
de la lucha política en la pretensión de judicializar a como dé lugar al
expresidente Uribe y a su círculo más cercano. Son los mismos que hablan de paz
y reconciliación, pero, les preguntamos: ¿Con quiénes? ¿Quieren eliminar el 65%
de la opinión?
Ruben Dario Acevedo Carmona
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