JUAN PÁEZ ÁVILA, DERECHOS HUMANOS, CASO VENEZUELA

        La salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, tiene como objetivo dejar sin protección a los venezolanos víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, que se le puede convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados  internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.

El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo,  no lo han podido disfrutar los pueblos donde  la cultura de la violencia  ha  predominado, en la conciencia no sólo  de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.

Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes  que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían. Y no es el último caso el único que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia, sino que en su último informe con relación al gobierno del difunto Presidente Hugo Chávez, devela centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.

La reacción del extinto Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo  al informe,  y la descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares  o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que ha pasado en los  últimos 14 años y continúa pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho Informe porque se saben culpables de delitos de lesa humanidad, porque  ese Informe no tiene sesgo político.

El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.  Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y osu impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.

En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que   algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional

Y aunque es posible que con la entrada a MERCOSUR Nicolás Maduro se vea obligado a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede,  a los grupos paramilitares, para cumplir con disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas, es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales. Lo que resulta evidente es que la salida de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tendrá un alto costo político internacional,  y si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)   maneja acertadamente la bravuconada Madurista, el costo político puede ser también nacional y cobrado en votos el próximo 8 de diciembre.

Juan Páez Ávila ‏

@jpaezavila

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