Si en algo ha sido “eficiente” el Gobierno de
Hugo Chávez es en menguar al extremo la institucionalidad democrática, en
supeditar los poderes públicos a su deseos y en reducir a una trágica parodia
al sistema de Justicia y al Estado de Derecho de Venezuela.
Tal es el “éxito” obtenido que no existe en
el país instancia independiente o autónoma donde el ciudadano pueda acudir con
la certeza de que obtendrá una respuesta o veredicto ajustado a derecho y
siguiendo el debido proceso, especialmente si se refiere a la vulneración de libertades
económicas, políticas y sociales por parte del Gobierno Nacional.
El único camino que le queda al venezolano
para obtener Justicia son los entes internacionales defensores de los derechos
humanos, políticos, civiles y económicos a los cuales Venezuela se suscribió en
la era democrática cuando, coincidencialmente, el mundo presenciaba uno de los
grandes fenómenos del siglo XX: La busqueda concertada de las naciones de
sistemas globales de justicia supranacionales para garantizar en todos los
confines del Globo, la paz y la seguridad, el respeto al regimen de derecho, el
desarrollo económico, social y los derechos humanos. La viabilidad y la
búsqueda del bien global de todos estos entes y acuerdos implica necesariamente
que los estados que las suscriben renuncien a parte de la soberanía nacional,
tal como hizo Venezuela en cada oportunidad que firmó alguno de estos acuerdos.
Lamentablemente en estos más de 13 años de la
era de Chávez, un mal entendido concepto de independencia y soberanía nacional,
el odio gestado contra el “imperio”, y otras desviaciones de tipo político han
llevado al Ejecutivo Nacional a buscar excluir al país de ese concierto
internacional y regional.
Desde hace más de un quinquenio Venezuela no
pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, por caprichos presidenciales,
dejando en el limbo legal muchas de las relaciones comerciales con países
vecinos.
Recientemente, el mandatario anunció su
decisión de salirse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIADH) de la Organización de Estados Americanos, tratando de evadir las
sanciones impuestas por sus continuadas violaciones contra los derechos humanos
y libertad de información, la mayor parte de las cuales Chávez ha incumplido.
La semana pasada, voceros del Gobierno chavista
adelantaron las intenciones de retirar al país de la Organización internacional
del Trabajao (OIT), precisamente a pocas semanas de que, vía Decreto-Ley
Habilitante, Chávez promulgara una Ley Orgánica del Trabajo que no cumple con
las mínimas exigencias de esta Organización en materia sindical, de
participación de los trabajadores y otras.
La tapa del frasco la puso la Fiscal General
al proponer que se revisara el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, con sede en La Haya, que establece responsabilidades penales y
sanciones individuales por crimenes de agresión, lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra.
Todo esto, y más, es lo que se propone
cumplir Chávez, si es reelecto el 7-O para el sexenio 2013-2019, con su segundo
Plan Socialista de la Nación, con el cual traspasaría “la barrera del no
retorno”.
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