La
segunda ley más importante después de la Constitución es precisamente la Ley
del Trabajo. No sólo por la universalidad que pretende su cobertura, sino
porque toca directamente la esencia del régimen económico. Por eso no extraña
que su formulación tenga exigencias especiales, entre otras la ineludible
discusión tripartita y pluralista, que no se puede escamotear con “cheques en
blanco otorgados al redactor solitario por habilitación”, y mucho menos con ese
tipo de monólogos que ocurre entre los que piensan de la misma manera y con los
mismos puntos de vista. Una ley del trabajo que se gestione secretamente y que
escamotee el debate será siempre una ley mala porque las leyes buenas persiguen
finalidades, consideran los medios que tienen disponibles (son realistas) y
parten de una condición dada. Y todos estos aspectos se discuten abiertamente.
Si no cumplen estos requisitos son irracionales y poco contribuyen al bienestar
y la prosperidad del país. Veamos entonces cuáles pueden ser los objetivos de
una nueva ley del trabajo.
Su
primer propósito debería ser fomentar el empleo productivo: “Sin empleo
productivo será imposible lograr el objetivo de alcanzar niveles de vida
dignos, integración social y económica, y desarrollo personal y social” (Fuente
OIT http://bit.ly/GANkDJ) El segundo es garantizar la debida incorporación de
los jóvenes al mercado de trabajo, porque los jóvenes tienen tres veces mayores
dificultades para emplearse. El tercero, propender al trabajo digno: “Significa
contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un
ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. (Fuente OIT
http://bit.ly/l3d800) Y el cuarto, garantizar la sostenibilidad del mercado
laboral dentro de un sistema de mercado fuertemente asentado en empresas
privadas. Fuente OIT http://bit.ly/GD5U2c) No es un buen negocio para ningún
país que el empleo se encubra bajo los eufemismos de una burocracia creciente
(En Venezuela es ya el 18% de la P.E.A.) o de los ajustes hacia el sector
informal de la economía (que en nuestro caso gravita alrededor del 41%).
¿Qué
ley del trabajo necesitamos? Al parecer nadie se ha formulado esa pregunta. Por
ahora el secretismo y el fanatismo ideológico amenazan con encoger la capacidad
de empleabilidad del país formal y con alejarnos de los parámetros que miden
los empleos de calidad. Si no acertamos, la única ganancia será de la pobreza,
que seguirá creciendo, y la constatación de que por la florida ruta del
populismo solo llegamos a la ruina del país, porque no hay atajos posibles para
la productividad.
La
productividad es la relación que hay entre la producción total y los recursos
–tiempo, dinero y esfuerzo- invertidos en lograrla¬. Por supuesto que entre los
insumos utilizados y los resultados obtenidos tiene que haber la máxima
eficiencia posible, porque solamente así podemos aspirar a ser competitivos con
otros países. La respuesta a la pregunta que nos hemos planteado es
precisamente si con los actuales niveles de eficiencia se puede financiar una
mayor retribución al trabajo sin afectar dramáticamente la productividad.
Hay
varias aristas relevantes a la hora de considerar el problema. La primera y la
más importante es la vigencia de una economía controlada y con una fuerte
vocación para el desmantelamiento de los activos productivos. Con menos
empresas hay más presión hacia el empleo público y hacia el sector informal de
la economía, que cuenta con sus propias reglas. La segunda tiene que ver con la
taxonomía del sector empresarial venezolano, en el que nueve de cada diez
empresas son pequeñas y medianas. Estas tienen menos capacidad para ajustarse a
una ley laboral más exigente, y por lo tanto, medidas como las que se vienen
anunciando ocasionaran una gran mortandad en esos estratos. La tercera está
relacionada con el grado de escolaridad de nuestra población económicamente
activa: El 68% en el mejor de los casos culmina el bachillerato. Y de éstos, el
41% apenas culmina el sexto grado. La poca escolaridad de un porcentaje tan
alto del sector laboral explica las debilidades existentes para comprender y
asumir la complejidad de las empresas y los principios y valores que permiten
un trabajo organizacional competitivo. La cuarta tiene que ver con la
distribución del mercado de trabajo entre el sector formal y el sector informal.
Para el mes de febrero del 2012 estaban trabajando en este último el 41,6%
equivalente a 4.950.975 personas, accediendo difícilmente a un trabajo
precario, sin seguridad social y otros beneficios. El endurecimiento de las
condiciones laborales inundará de nuevos desempleados el sector informal, hará
más precaria nuestra producción y relegará al país al sótano de los países
menos competitivos.
Una
ley que decrete la inamovilidad perpetua se convierte en un obstáculo para la
obtención de valores modernos como la responsabilidad, la honradez, la
productividad, la calidad de servicio y la sana competencia. No hay
organización que pueda mantenerse sin que la gente tenga incentivos para
mejorar sus destrezas, incrementar su motivación y mejorar su desempeño. Nada
de esto es posible con una condición que asegura sueldo y beneficios sin que
importen conocimientos, habilidades, actitudes y resultados. El pretender que
el trabajo es un derecho adquirido sin que haya contraprestación de un marco
mínimo de obligaciones es un error que conduce a tragedias sociales como las
que estamos apreciando en países como Grecia o España. Nadie puede exigir si
antes no contribuye, y todos deberían saber que no existe el milagro de
arroparse más allá de donde alcanza la cobija.
Venezuela
es un país endeudado. El petróleo, ni siquiera a buenos precios, alcanza para
sostener a 29 millones de personas si estas no tienen un compromiso con el
trabajo productivo. Lo que está haciendo Chávez al promover una LOT inconsulta
e insensata es enterrar la esencia básica de la institucionalidad republicana,
cual es que no hay país que no se deba al arduo trabajo de sus ciudadanos,
porque para repartir primero hay que producir excedentes. Ojalá la expectativa
a este saqueo nacional de paso a una mirada más serena de nuestras propias
posibilidades.
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