La respuesta del gobierno a la escasez, el
desabastecimiento y la inflación provocada por el delirio socialista no podía
ser peor: optó por profundizar los controles, las amenazas y la represión. Las
víctimas más recientes de este comportamiento demencial han sido Farmatodo, la
cadena de supermercados Día a Día y la Corporación Cárnica de Falcón. El
régimen ha tratado a los dueños y gerentes de estas empresas con una violencia
que persigue intimidar a los
propietarios y gerentes del reducido número de industrias que operan en
el país.
Con
Farmatodo el régimen actuó con una alevosía similar a la de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez en 1952. Una vez consumado el fraude en las elecciones de
la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de noviembre de 1952 y fortalecido en
el poder, el dictador convocó a la Dirección Nacional del partido Unión
Republicana Democrática (URD) -legítimo triunfador de esos comicios- a una
reunión que se realizaría en Miraflores el 16 de diciembre de ese año. Se
trataría la delicada situación política. Se presentaron Jóvito Villalba, máximo
líder, y otros los miembros de la organización. Una vez en Palacio, la
Seguridad Nacional atrapó a todos los integrantes de la comitiva, los metió en
un autobús y los llevó al aeropuerto de Maiquetía, de donde partieron en un
avión rumbo a Panamá, llevándose solo la ropa que cargaban puesta. Fue una
emboscada fría y artera. Algo similar ocurrió con los gerentes de la cadena
farmacéutica. Fueron objeto de una celada. Los invitaron a dialogar y los
detuvieron. El gobierno rojo les pagó de ese modo su colaboración para mantener
la distribución normal de medicamentos, a pesar de la escasez de medicinas
existente.
A
Día a Día y la Corporación Cárnica de Falcón les ha tocado lidiar con Diosdado
Cabello, convertido en esbirro. El presidente de la Asamblea Nacional se
transformó de repente en funcionario gubernamental –nadie entiende por qué
asumió ese papel-, comportándose con un sadismo que contiene la carga de la
advertencia y que ha colocado a los comerciantes en un verdadero dilema: si
almacenan productos para distribuirlos en sus filiales, los acusan de
acaparadores y los arrestan; si no los acumulan, los acusan de esconderlos en
sitios secretos, y también los meten presos. Día a Día es una cadena que cuenta
con 36 establecimientos. Cuando la allanaron los inventarios no alcanzaban ni
para surtir una semana a esos puestos de venta. La mezcla de odio, temor y
resentimiento de los rojos los llevó a ejecutar una acción efectista e
irresponsable, que en vez de resolver el problema lo que hace es agudizarlo.
Se
equivoca Jorge Giordani –uno de los mayores responsables de la debacle que vivimos- cuando dice que
Venezuela puede convertirse en el hazme reír de América Latina. Ese condicional
sobra. Somos, y desde hace mucho tiempo, el país que da pena ajena en el
continente, entre otras razones porque el profesor Giordani se empeñó en
destruir el aparato productivo privado,
estatizar la economía y rodearla de regulaciones y controles desmedidos.
Da la impresión de que Nicolás Maduro se
reúne con su gabinete económico en el SEBIN o en Fuerte Tiuna, y no en
Miraflores o en Ministerio de Finanzas. Los ministros de Economía
desaparecieron del espectro. Fueron sustituidos por sabuesos sedientos de
sangre y deseos de venganza contra los “acaparadores” y “especuladores”. El detalle está en que
muchos de los bienes que no se consiguen son elaborados en fábricas estatizadas
por Chávez o Maduro. Desde los productos lácteos hasta el cemento y la cabilla,
pasando por el café Fama de América, la harina Juana, el aceite Diana -todos
géneros fabricados por el gobierno- escasean. El gobierno rojo ha demostrado
una ineptitud insondable, combinada con una corrupción que ha permeado todas
las capas del sector público. La consigna pareciera ser: cada regulación y cada
control hay que convertirlo en una oportunidad para enriquecerse.
Estamos en presencia de una crisis que apenas asoma su arista más superficial. Como dice Miguel Ángel Santos, cuando comiencen a llegar a la nación las divisas de los barriles vendidos a $40, se mostrará el drama en toda su magnitud. Eso ocurrirá pronto y no será ningún inspector de policía, ni ningún gendarme quien modifique el cuadro. La economía no obedece las órdenes de los déspotas. Es mucho más simple: se rige por la racionalidad que dicta el sentido común, el menos común de los sentidos rojos.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
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