CARLOS CANACHE MATA, LOS AUTÓCRATAS TAMBIÉN SE ASUSTAN

   Tenemos un régimen que nació asustado y vive asustado. Su fundador, el fallecido Hugo Chávez, temía por su vida y denunció numerosos supuestos magnicidios durante los 14 años que ejerció el poder. Su heredero, Maduro, también se la pasa inventando atentados, como el que dijo se estaba preparando con ocasión de su asistencia a la III Cumbre de la CELAC, celebrada la semana pasada en Costa Rica, lo que el gobierno de ese país desmintió categóricamente.

   La Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del pasado 27 de enero, es otra expresión, en este caso anticipada, del miedo que hace temblar a la autocracia gobernante, la cual es una maqueta de  dictadura en proceso de materialización. Quienes están al frente de ella saben que la gran tensión social originada por la inflación desbordada, aunada a la aguda escasez  y  a la ya insoportable inseguridad desatada  en todo el territorio nacional, pueden provocar en cualquier momento un estallido popular. Adelantarse a esa posibilidad, intimidando a la gente con una represión feroz para que se inhiba y no salga a la calle, es el propósito de esa Resolución. Al fin y al cabo, el derecho a asustarse es libre.

   La tal Resolución, titulada “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, viola dos veces el artículo 68 (y otros más) de la Constitución. Lo viola por primera vez al autorizar el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” cuando los venezolanos ejercen el derecho a la protesta con acciones de calle, contrariando así la citada disposición constitucional que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Y lo viola por segunda vez al pretender controlar el orden en reuniones y manifestaciones públicas por la vía de una Resolución administrativa, en abierto desconocimiento de ese mismo artículo que establece que “la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. Es decir que, por tratarse de una competencia que pertenece a la Reserva Legal, es a la Asamblea Nacional y no al Ministerio de la Defensa ni ningún otro ente, a quien le corresponde regular, mediante una Ley formal y de carácter orgánico, todas las actividades vinculadas o relacionadas, entre ellas las reuniones y manifestaciones, con el orden público.

   Un régimen como el actual, que según las encuestas tiene un 86% de rechazo y el que lo encabeza apenas tiene un 22% de aceptación, es comprensible que se asuste y amenace con el uso de armas mortíferas.

   Pero  ¿la Fuerza Armada va a permitir que sus oficiales y sus soldados salgan a matar?.

Carlos Canache Mata

canachemata@gmail.com

@CarlosCanacheMa

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