JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, PV CONGELADO E INFLACIÓN: DÚO DIABÓLICO.

La economía venezolana, experimentó durante 20 años (1976-1996) un crecimiento a una tasa promedio anual de un 2,15% al igual que evidenció unos 30 años (1950-1980) con moderado aumento de precios; curso que cambia de rumbo a finales de los 70 al materializarse una tendencia secular hacia la disminución de la productividad a la par del surgimiento de la demoledora inflación (presión alcista de los precios) que se intensifica a inicios del 2000 como consecuencia de la instrumentación de una política fiscal expansiva focalizada en un estímulo al consumo que indujo un manifiesto desequilibrio con respecto a la oferta doméstica, generando, entre otros hechos, un aumento persistente de los costos de producción, distorsiones cambiarias, monetización del déficit fiscal (emisión de dinero inorgánico), economía de puertos, tasas de interés reales negativas (tasa pasiva inferior a la inflación), y lo que es más perverso: una cruel caída del poder adquisitivo del salario (disminución del salario real).

Tal conflictivo escenario, lo ha intentado combatir el Gobierno Nacional con una sobrevaluación del bolívar (tipo de cambio Bs/US$ que “iguala” la inflación entre ambos países) para propiciar un abaratamiento de las importaciones mayoritariamente efectuadas por el sector público (directa e indirectamente), con el consecuente deterioro de la capacidad de producción nacional (y del desarrollo industrial y agrícola) en razón a la dificultad de competir en precios—ante la profunda diferencia del comportamiento inflacionario—con los productos extranjeros; “misión importadora” que ha inducido una caída (mayo 2015) de las reservas internacionales al mínimo de los últimos 12 años a lo cual también ha contribuido el creciente gasto público clientelar (planes compensatorios “permanentes”) en función de crear una “sensación de prosperidad”, al tiempo de proponerse la destrucción del sistema de mercado como mecanismo de  distribución en favor de una pronunciada planificación central que abre espacio a la “economía comunal” dentro de un marco que subordina lo económico a lo político, que en la realidad está motorizando un malvado efecto sobre la calidad de vida de la población habida cuenta que nuestra moneda ha venido perdiendo su valor real (poder adquisitivo), lo cual, evidentemente, estimula la compra anticipada de bienes y por consiguiente alza de los precio, mercado paralelo de productos regulados, presión sobre los costos de producción y en  un círculo vicioso de inflación.

Existe una amplia conceptualización de tipos de inflación, de las cuales hemos procurado identificar aquellas que se corresponden en lo posible con el caso venezolano: inflación tipo espiral (progresiva, ascendente y acumulativa, de larga duración), inflación de costos (incremento en el precio de algunos factores de la producción), inflación de demanda (el deseo de adquirir productos supera la oferta), inflación mixta (de costos y de demanda), e inflación encubierta (ocultada por los gobiernos para que no se conozca la realidad). En visión complementaria, resulta propicio mencionar que en la casi totalidad de los países la inflación se mide por intermedio de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para un periodo determinado; mientras que en Venezuela se calcula desde el 31/12/2007 (en sustitución del IPC) a través del Índice Nacional de Precios (INPC), que mide la variación de los precios de una canasta de bienes en las 10 principales ciudades (70 localidades) en función al gasto total de las familias construyendo la denominada Estructura de Ponderación del IPC, para lo cual, señalan, se investigan mensualmente 362 rubros, recopilan 300.000 precios, visitando unos 22.000 establecimientos (¡sin comentarios!).

En un ambiente inflacionario como el que experimenta Venezuela, la determinación de un Precio de Venta Justo (PVJ) que en la actualidad se mantienen fijos para 42 productos regulados por mandato de la Ley de Precios Justos (costos de producción, más 12,5% de gastos, más 30% de margen de ganancia) supone su revisión  periódica a efectos de ajustarlos con base al incremento, que por inflación,  sufre la estructura de costos (valor de los elementos necesarios asociados directa e indirectamente con la producción) sin que ello implique una modificación del 30% como margen de ganancia; acción racional en materia económica que es diametralmente opuesta a mantener dichos precios congelados (PVCongelado) durante largos periodos (años en muchos casos) ya que obviamente se va originando un rezago con respecto al costo de producirlos, alterando la relación costo-beneficio y por ende desestimulando la producción (¿producir perdiendo?)              ( ¿ producir sin ganancia o cárcel?).

Se infiere entonces, que forzar legalmente (y coercitivamente) un PVCongelado (PVC) donde los costos de producción estén por encima del precio, impulsa una caída de la rentabilidad, en conjunto con una disminución de los beneficios normales, un freno a la reinversión, un mayor desabastecimiento, la aparición de un “mercado paralelo de productos regulados” (contrabando y bachaqueo) al existir precios artificialmente bajos para artículos que no se consiguen, una perversa especulación, y en general un círculo vicioso de escasez, contrario a una sana economía: crecimiento sostenido de la producción, inflación controlada, elevada productividad y abastecimiento satisfactorio.

La tendencia alcista de los precios, el Gobierno la ha intentado “combatir” (en táctica equivocada) con la imposición de un control de precios apoyado en el orden “cívico-militar” (¡!), lo cual está propiciando una drástica desaparición de la reinversión (no existen beneficios) como condición para aumentar la capacidad de producción, que en mucho puede conducir a una paralización del proceso productivo. A pesar de ese “claro y malvado horizonte”, se intenta focalizar mediáticamente (la culpa la tienen otros) la escasez como consecuencia de una “guerra económica empresarial conspirativa”, argumentando en complemento (con expresiones alejadas de la ciencia económica) sobre la necesidad de “iniciar un conjunto de acciones para darle un golpe y destruirle el espinazo a la estrategia de la guerra económica”; pero sin mencionar de forma alguna los verdaderos detonantes del desastre económico como son la inflación, la sobrevaluación, el control de cambio, la corrupción, la ausencia de divisas, y la recientemente “aprobada” dualidad monetaria BS Y US$ (mal llamada “dolarización”) contraviniendo el 318 Constitucional (“La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”) que le anticipamos un fracaso, pero que aún así en el ínterin golpeará más la percepción sobre la aceptación del bolívar como medio de cambio (a corto plazo se podrá adquirir muy poco); aparte de convertirse en una odiosa diferencia de clases entre los pocos que tienen muchos dólares y una mayoría que sólo puede “comprar” en territorio nacional con una moneda marchita.

Jesús Alexis González      

 jagp611@gmail.com    

@jesusalexis2020

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