La comunidad deportiva venezolana, recibió
con mucho dolor la infausta noticia de la muerte del futbolista Carlos de
Castro, Capitán del equipo Estudiantes de Mérida. El jugador de nacionalidad
uruguaya, fue el que sufrió más lesiones en el accidente de autobús del pasado
31 de enero en la autopista José Antonio Páez y había sido operado para
corregir fractura cervical que sufrió cuando el
equipo merideño se dirigía a San Felipe a disputar un juego contra el
Deportivo Lara, situación que
lamentablemente no pudo superar.
El trauma ocasionado por el fallecimiento del
jugador, coloca sobre el tapete una serie de interrogantes sobre la protección
social de los “trabajadores del sector deportivo”. Digo trabajadores, porque
los jugadores de futbol profesional así deberían ser considerados ya que al
igual que otras profesiones mantienen una relación laboral sustentada mediante
un contrato de servicios. Que obliga a la parte patronal a tomar en cuenta
todos los factores de protección social tipificadas en la Ley Orgánica del
Trabajo. Pero, es el caso, que la muerte de el jugador De Castro, dejo al
descubierto una serie de irregularidades que pueden estar tipificadas como una
clara Violación de los Derechos Humanos.
En primer lugar, hay que señalar, que después
de los actos fúnebres, ningún organismo deportivo o gubernamental prestó la
necesaria ayuda para facilitar el traslado del cadáver a Uruguay su tierra
natal. Durante el velatorio, de manera hipócrita, los representantes
gubernamentales se ofrecieron para hacerse cargo de los trámites requeridos
para el traslado…..pero, en menos de 24 horas dejaron desasistidos a los
familiares y los restos mortales permanecieron varios días en los galpones del
aeropuerto internacional de Maiquetía.
En segundo lugar, nadie se responsabiliza por
la deuda de 55.000 dólares que el equipo tiene con el jugador por concepto de
pagos incumplidos por la prestación del servicio como jugador. El equipo
Estudiantes de Mérida, no ha honrado el compromiso de pagar
la Indemnización que se deriva de
haber fallecido en un accidente laboral.
Queda al descubierto que la cláusula
contractual referida al seguro HCM que
deben tener todos los jugadores, no pasa de ser letra muerta. Tampoco, debería
extrañarle a nadie, que los jugadores no hayan sido incorporados al Sistema de
Seguridad Social establecido en La Ley Orgánica del Trabajo.
En fin, todos los derechos vinculados a la
prestación de un servicio, en el caso de los jugadores de futbol profesional
están a la deriva: Los contratos son individuales, no hay discusión colectiva
acerca de los beneficios sino que son impuestos unilateralmente por la parte
patronal, no se cumplen los requisitos establecidos en las leyes, no se
garantiza la protección social, los pagos no se hacen en los tiempos previstos,
no hay ningún tipo de cobertura o indemnización por los accidentes laborales.
Esta reiterada violación a los Derechos Humanos, nos hace pensar que en materia
de deporte profesional pareciera que no hemos superado la época de la
esclavitud. Solo importa la explotación de los trabajadores del sector
deportivo para el enriquecimiento de algunos con la protección de los entes
gubernamentales y la vista gorda de las entidades deportivas. En ese esquema,
queda claro que “La Vida No Vale Nada”
Jesus Elorza Garrido
jesuselorza@hotmail.com
@jesuselorza
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