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| JUAN PÁEZ ÁVILA |
Después de casi dos años de gobierno del heredero
escogido por el Presidente Hugo Chávez,
ha aumentado el número de presos políticos y de perseguidos por expresar
públicamente sus ideas en contra del régimen, por lo que surge la interrogante
si el Jefe de Estado estará en condiciones de ordenar que se proceda a la
liberación de los presos políticos y al regreso de los exiliados, porque todo
indica que la Asamblea Nacional controlada por el PSUV y dirigida como un
cuartel por el Capitán Cabello, no cumple con sus facultades constitucionales,
convertido en Poder Público subalterno, sin autoridad moral y sin convicción democrática para tomar iniciativas
de esta naturaleza política.
En un artículo anterior escribí algo parecido a lo que
voy a exponer, porque en sus aspectos fundamentales todavía está vigente. El
país democrático fue conmovido e indignado por la revelación de la Jueza Afiuni
de su violación en cautiverio, lo que constituye un delito de lesa humanidad, y
aunque hoy tiene la casa por cárcel sigue esperando que en esta Navidad,
momento de reflexión o recogimiento cristiano, la amnistía y la reconciliación
en el mundo político, se hagan presentes como símbolos de grandeza humana y de
espíritu americanista de gobernantes y
gobernados.
La imputación a María Carina Machado de un supuesto
magnicidio, sino fuera por la gravedad de la acusación y el papel subalterno de
la Fiscalía General de la República frente al Poder Ejecutivo, produciría la
burla nacional e internacional de quienes conocen el coraje cívico y convicción
democrática de esta excepcional mujer y
luchadora de méritos incuestionables para defender sus principios éticos,
morales y políticos, como muy pocas en el universo político en el que actúa en
pleno siglo XXI. Pero la brutalidad
represiva contra Lepoldo López, los alcaldes Ceballos y Scarano, y la propia
María Corina Machado, víctima de la agresión física y cobarde por parte de
algunos parlamentarios pesuvistas, y de calumnias permanentes en los medios de
comunicación controlados por el gobierno, nos hace pensar que difícilmente la
amnistía de todos los presos y exiliados políticos, pueda estar presente en la mente del
Presidente de la República.
Y aunque la
decisión de Presidente de liberar a los
presos políticos y permitir el regreso de los perseguidos, no sólo sería una de
las más sencillas y magnánimas a tomar, sino también la demostración de que
puede controlar la pugna entre grupos
militares y civiles, la crisis interna que atraviesa su partido lo puede
inclinar a una mayor represión contra la oposición y contra sus disidentes.
El heredero del Presidente Chávez no tiene justificación
política para mantener en prisión y en el exilio a centenares de venezolanos que piensan distinto a él,
cuando la oposición ha adoptado como política fundamental de lucha en el marco
de la Constitución Nacional Bolivariana y de participar en las elecciones del
2015.
A estas alturas del mandato de Nicolás Maduro, después
que Venezuela ha ingresado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y al
MERCOSUR resulta inconcebible continúe
su política violatoria de la libertad,
del debido proceso y de los derechos constitucionales que prohíben la
tortura y el secuestro y se perpetúen
los atropellos a la ciudadanía.
Ojalá no resulte inútil el llamado que ha hecho la
Iglesia Católica y otros sectores importantes de la sociedad al Presidente
Maduro a observar una conducta humanitaria
ante la gravedad que atraviesan algunos presos políticos con respecto a su
salud. Las gestiones que ha adelantado
el diputado Edgar Zambrano, parecieran haber no encontrado en principio,
algún eco en la voluntad del Presidente de la República, quien se ha negado hasta recibir los recaudos. De no
haber amnistía estaríamos en presencia
de un acto más de crueldad contra los familiares, que esperan esperanzados
pasar la Navidad al lado de sus seres queridos. Y en cuanto al mundo político
sería echarle gasolina al fuego de la polarización y cerrar los caminos de la
reconciliación de los venezolanos por tiempo indeterminado.
De allí que tanto por razones humanitarias, como por un
futuro político de convivencia civilizada, en cuyo escenario cada ciudadano
pueda expresar libremente y por los medios a su disposición, sus ideas, su
pensamiento, tal como lo establece la Constitución Nacional Bolivariana, el
gobierno debería aprobar la amnistía en
esta Navidad.
Y finalmente es necesario registrar que todavía la
Constitución Nacional está vigente, a pesar de los violaciones que ha sufrido
por un gobierno autocrático, empeñado en transitar un rumbo en el cual
fracasaron decenas de países dirigidos por gobernantes sectarios, intolerantes
y dogmáticos que pretendieron obligar a la mayoría de sus gobernados a actuar
contra la condición libertaria del ser humano, imponiéndoles un socialismo o
comunismo a la cubana, que los igualaba a todos en la miseria.
En el único contexto que ha progresado el ser humano y que le ha
permitido convivir en libertad y aunar esfuerzos para buscar el bienestar de
todos, ha sido, y todo indica que hasta hoy no tiene sustituto, y es la
democracia y sus instituciones del Estado de Derecho. Si impera un mínimo de
sensatez en las altas esferas gubernamentales debe producirse la amnistía y
abrirle cauce a un diálogo civilizado.
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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