JESÚS ANTONIO PETIT DA COSTA |
La prisión de López, los alcaldes y los estudiantes
universitarios y ahora la persecución a María Corina Machado ponen en evidencia
que la monarquía comunista cubana y sus títeres sólo temen a una salida
constitucional distinta a la electoral.
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El 1 de enero de
2015 se cumplirán 16 años ininterrumpidos de la peor tiranía que hayamos
padecido los venezolanos: la tiranía de los peores. Este solo hecho basta para
demostrar la ineficacia de la estrategia seguida hasta ahora por los
electoralistas. No han avanzado un milímetro. Al contrario, han retrocedido en
sus posiciones. Y, lo más grave, han legitimado reiteradamente a la tiranía
dándole carta de presentación como democracia. Para rubricarla están en los
preparativos de las elecciones parlamentarias con los mismos cuentos de
siempre: esta vez sí vamos a ganar y tenemos que ocupar espacios. Olvidan que
en una tiranía comunista no hay espacios por su carácter totalitario. Hay
sillas o cargos para espectadores que no molesten. Interesadamente ocultan que
en 1952 los fundadores de los grandes partidos del período pasado rechazaron la
tesis de los espacios cuando se los ofreció el dictador, haciéndole la oferta
del 40% de las diputaciones en la Constituyente electa fraudulentamente. Se
negaron a legitimar la dictadura convalidando el fraude, a riesgo de la
división de sus partidos por los disidentes de esta línea. A partir de ese
momento descartaron la salida electoral y tomaron el rumbo estratégico que
desembocó en la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958. En apenas 5
años fue derrocada la tiranía, a pesar de que había bienestar económico y
seguridad total en las calles.
El 8 de diciembre
cumplirá Maduro dos años en la presidencia. Se encargó este día de 2012 cuando
se despidió el difunto para siempre. Todo el proceso que culminó con la
asunción definitiva en el cargo estuvo plagado de actos inconstitucionales
sucesivos. La ejecución de estos actos, con el mayor descaro, confirma que en
una tiranía, por su carácter totalitario, no hay posibilidad alguna de que
impere la Constitución, lo cual desmiente la tesis de los electoralistas. Si
había que ocultar la incapacidad del enfermo y luego el lugar y la fecha de
defunción del difunto, se ocultaba (aún permanecen ocultos) con la aquiescencia
de todos los poderes públicos. Si había que legitimar la postulación del
aspirante, inelegible por razones obvias para un estudiante de primer año de
derecho y además por su nacionalidad extranjera o cuando menos doble
nacionalidad, se legitimaba con la aprobación de todos los poderes públicos. Si
para ello había que esconder la partida de nacimiento del ilegítimo, se
escondía con la aprobación de todos los poderes públicos. Si había que
convalidar el fraude en su elección, se convalidaba con la aprobación de todos
los poderes públicos.
El fracaso evidente
de la vía electoral para cambiar de régimen obligaba a un viraje estratégico.
Lo que llamé “oposición de calle”. Así lo entendieron los proponentes de la “LA
SALIDA”, que se traduce en “la salida de la tiranía está en la calle.” La
monarquía comunista cubana, dueña de Venezuela, vio en ellos una amenaza, la
única y verdadera amenaza a la perpetuación del gobierno títere. Decidió
primero aislarlos para lo cual se valió de la oposición oficial. Montó el
teatro del diálogo. Para decirlo en lenguaje sindical, la MUD actuó como un
sindicato patronal formado por esquiroles o rompehuelgas. Y luego los Castro,
muy al estilo cubano recurrieron a los matones que han agrupado en bandas o
colectivos para que masacraran a los manifestantes, sobre todo a los
estudiantes universitarios que siempre han sido la vanguardia contra las
tiranías. A continuación procedió a valerse de fiscales y jueces para poner
presos a los rebeldes, acusándolos de falsos delitos. Y ahora ha iniciado
proceso penal contra María Corina Machado, imputándole el delito de conspirar
contra la forma republicana de gobierno que ya no existe en Venezuela. No me
detengo en el examen de acusaciones e imputaciones porque la opinión pública
sabe que no tienen fundamento jurídico. Son causas judiciales de persecución política,
estilo puesto de moda por la monarquía comunista cubana. A la imputada no la
han detenido todavía. La empujan para forzarla a irse. Quieren evitarse el
costo político de ponerla presa, porque políticamente pesa más la prisión de
una mujer que de un hombre (caso Birmania), máxime si es muy conocida en el
extranjero.
LA SALIDA ha
arrancado de una apreciación correcta de la situación, más ahora con el colapso
económico. Se ha colocado en el punto de partida de la ruta de la liberación.
Jesus A. Petitt Da Costa
petitdacosta@gmail.com
@petitdacosta
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