JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, TRANSICIÓN, SACUDÓN, REESTRUCTURACIÓN O QUÉ.

Luego de ser publicada en Gaceta Oficial (noviembre 2013) la Ley Habilitante que faculta al Presidente de la República durante 12 meses (le quedan 4) para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes, de acuerdo con las necesidades o emergencias del país; escribimos un artículo Ley Habilitante: ¿hacia cuál modelo económico? (23/10/2013) donde señalamos que era de suponerse que se intentaría profundizar desde Miraflores una batalla a fondo por una nueva sociedad. 

En tal sentido expresamos, que a través de la Ley Habilitante solicitada se intentaría propiciar una profunda reestructuración de la economía, de la sociedad y de la institucionalidad, para lo cual tendrían que ir más allá de la obvia formulación de objetivos hasta definir métodos y estrategias concretas para alcanzar la sociedad socialista que pretenden; estableciendo propósitos y lineamientos claros, donde se enfatice sobre la obligación de generar nuevas instituciones acordes con esos objetivos socialistas, es decir, explicar cómo se emprenderá el proceso de reestructuración social y económica que implica inducir esa institucionalidad para una reorientación completa de la economía incluida la potencial socialización de los medios de producción, en el entendido que son las relaciones económicas las que determinan el ordenamiento social.

De igual modo, en nuestro último artículo Vinagreta para la nomenklatura criolla (11/07/2014) sostuvimos que la instauración de un totalitarismo de Estado apoyado en una burocracia estatal clientelar no ha sido históricamente ni será cara al futuro la alternativa para cambiar el modo de producción y las relaciones de producción en procura de la transición hacia la socialización del progreso nacional y del bienestar social. Sirva de referencia que en la reunión del Consejo de Estado (03/07/2014), y a la víspera de culminar el tiempo establecido por el presidente de la Republica (27/11/2014) para efectuar una “sacudida” en el Gobierno durante los primeros 15 días del mes de julio (a la fecha restan 2 días), se acordó, según recoge la prensa nacional, que la transformación estructural del Estado, no es una reforma, es una transformación de procesos internos para transparentar la gestión y la lucha firme contra la corrupción aunada a una reducción de la burocracia gubernamental. Sin negar las bondades de lo acordado (más del 30% del ingreso nacional no ingresa a la economía real ya que se diluye por intermedio de la corrupción, y la burocracia se enmarca en unos 30 Ministerios, 107 Viceministerios y más de 2.800.000 empleados públicos), inferimos que es de muy poca profundidad lo anunciado cuando ha transcurrido un tiempo suficiente de la Ley Habilitante como para haberle presentado a la Nación venezolana un instrumento jurídico de mayor alcance y trascendencia para enfrentar la corrupción y la ineficiente burocracia estatal.

Desde otro ángulo, se observa un total ostracismo en relación a la continuidad de la transición (o no) hacia el socialismo bolivariano, que como es sabido toda revolución implica (1) una modificación de las relaciones de producción entendidas como el conjunto de relaciones económicas que se crean entre los hombres en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo de bienes materiales; e igualmente (2) un cambio del modo de producción (integración de las relaciones de producción) como condición para modificar el régimen social basado en una propiedad privada sobre los medios de producción o en una socialización de dichos medios. Es así, que se respira un reformismo en el modo de producción que complica la visualización de la marcha del ya complicado socialismo bolivariano, ante la búsqueda (nuevamente) de la participación del sector privado para alcanzar una economía socialista (¿?); escenario que el Gobierno Nacional juzga desde el inicio del presente periodo constitucional.

Finalmente, y ante la existencia de un gobierno militar-cívico donde la fuerza armada tiene alta participación política, vale la pena citar a la Conferencia Episcopal Venezolana cuando en su 102 Asamblea Plenaria Ordinaria (11/07/2014) señaló, sin convertirse en actores políticos, entre otros aspectos, que la pretensión de imponer un modelo totalitario está generando una atmósfera social asfixiante; indicando al propio tiempo que “No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los Derechos Humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones no compartidas y más bien rechazadas y denunciadas”; e igualmente afirmaron que “Los pobres y en general los que sufren vienen a ser así simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr otros fines”. (Las negrillas son nuestras).

Jesús Alexis González     

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