JUANCARLOS VARGAS, NO MÁS BALAS CONTRA LOS ESTUDIANTES

Como consecuencia de la criminalización de las protestas estudiantiles que se vienen llevando a cabo a lo largo y ancho del país desde el 4 de febrero, el régimen de Maduro a través de la GNB, PNB, Guardia del Pueblo y paramilitares, han implementado una brutal represión que ha costado la vida de al menos 39 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta o cerca de las zonas de manifestaciones.

Estos asesinatos como hemos señalado en anteriores artículos, es posible subsumirlos dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)  relativo a lo crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, se estima que para convencer al Fiscal y a los jueces de la CPI que estas graves violaciones de DDHH constituyen delitos de lesa humanidad, es importante no solo centrarse en el número de víctimas, pues ello es relevante, pero se estima aún más significativo el modus operandi que se ha venido utilizado para perpetrar estas muertes, debido a que éste coincide, en gran medida, con los medios empleados por otros criminales de lesa humanidad juzgados y sentenciados por tribunales internacionales ad hoc, así como por la propia CPI en el caso de Germain Katanga.

En el caso del régimen de Maduro, la represión se ha caracterizado por el uso de métodos que demuestran intención de sembrar el terror a toda costa dentro de la disidencia. En este sentido, se aprecia que en algunos casos las víctimas de asesinatos han sido engañadas mediante el empleo de ambulancias y otros vehículos  para transportar de manera encubierta a integrantes de la GNB y colectivos armados; ataques repetidos, principalmente durante horas de la noche, contra viviendas; y presencia de francotiradores portando fusiles Druganov. A ello se suma la práctica de disparar a un número importante de víctimas a la cabeza. Esto es grave porque no se trata de hechos aislados, ya que que el número de víctimas, así como la impunidad imperante, permite afirmar que se trata de una práctica que ha sido instigada y ordenada por altos funcionarios del régimen. Muestra de lo anterior es el discurso de odio proferido hacia los manifestantes, quienes han sido y son objeto de insultos que incluyen términos que frecuentemente usa Maduro como “lacayos del imperio”, “fascistas”, “apátridas”, “chuckys”, entre otros.

Destacan, por solo mencionar algunas manifestaciones, que permiten sustentar lo señalado, la reciente alocución televisiva de Maduro donde anunció al Táchira que usaría la fuerza militar, la cual fue seguida por una cruenta represión, así como la declaración de Diosdado Cabello en su programa televisivo mediante la cual amenazó a la disidencia con 13.683 integrantes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh). Cabe mencionar que el decálogo de estas unidades, en su numeral quinto señala que entre sus objetivos se encuentran “defender los logros de la Revolución y combatir en cualquier terreno a los enemigos de la patria”.

A lo largo de la historia se ha comprobado que el lenguaje que incita al odio y a la violencia ha estado presente al momento que se han cometido los crímenes de mayor transcendencia para la humanidad, es por ello que se insiste en alertar a los  militares, policías, grupos paramilitares y altos funcionarios del régimen, que el camino de la paz se construye con acciones que pasan por el reconocimiento de la disidencia, la justicia, el respeto a los DDHH y no con balas que están matando impunemente al futuro de Venezuela.

Juancarlos Vargas A

Juancarloseisaku@gmail.com

@jeisakuvargas

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