En un artículo publicado el miércoles en la
edición América del diario español El País (“Sólo el diálogo puede cambiar la
dinámica de confrontación”), que se suma a otro publicado por La Tercera el
sábado pasado, José Miguel Insulza refleja la doble vara de medir
latinoamericana frente a Venezuela.
El secretario general de la OEA demuestra
mucho más interés por evitar que (el Presidente de Venezuela) Nicolás Maduro lo
considere intervencionista que por los muertos, los presos políticos, la
ausencia de libertad de expresión, la abolición de la independencia de poderes
y el uso de paramilitares achacables al gobierno.
“Lo
que ocurre”, dice, “es que los tiempos de la intervención ya pasaron en América
Latina”. Ni una palabra sobre el líder opositor Leopoldo López, hoy recluido en
una cárcel militar, sobre los disparos oficiales que mataron a Jimmy Vargas y
Génesis Carmona, por mencionar sólo a dos víctimas de la espeluznante represión
de estos días, ni sobre el centenar largo de heridos. Tampoco una queja por el
hecho de que Maduro dicte órdenes de captura -por ejemplo, contra el ex general
Angel Vivas- sin asomo de procedimiento jurídico.
No parece el mismo secretario general que en
2009 llamó a la expulsión de Manuel Zelaya “una ruptura del orden democrático”
en Honduras. Intervino entonces con frenesí. Viajó a Honduras y declaró:
“Preferí venir acá para decirles: nosotros consideramos que acá hubo un golpe
de Estado”. Lideró los pedidos para suspender a Honduras, cosa que la Asamblea
General hizo. Su presencia en los medios a propósito de Honduras fue ubicua. Su
pasión por Zelaya era tal, que Hillary Clinton expresó incomodidad. Hoy, las
víctimas de la Venezuela chavista no le merecen siquiera una mención explícita.
No, el intervencionismo no es cosa del pasado.
Está en el armazón jurídico que sostiene a América Latina. Y en cualquier caso,
un secretario general de la OEA con una pizca de interés está en condiciones de
hacer saber su opinión, ejerciendo el “bully pulpit” del que habló Theodore
Roosevelt y que constituye práctica tan común en Washington. Se llama
liderazgo. No: se llama ganas.
Tendría mucho que invocar el secretario
general para justificar un mínimo reparo público a la dictadura encabezada por
Maduro. Podría invocar el Preámbulo y el artículo 1 de la Carta de la OEA; los
ar-tículos 1, 3, 8, 18 y 19 de la Carta Democrática Interamericana; el
Preámbulo y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
Punto 9 de la Declaración de Santiago (Celac) y el Protocolo Adicional al Tratado
Constitutivo de Unasur sobre Compromiso por la Democracia (en estos dos casos
no se trata de instrumentos relacionados con la OEA, pero nada le impide
invocarlos).
Insulza se refiere al de Maduro como “un
gobierno elegido democráticamente”. Fue, recordemos, designado arbitrariamente
por Chávez en un ucase televisivo; a la muerte del caudillo y en contra de la
Constitución chavista, que preveía un traspaso de poder a quien presidía la
Asamblea Nacional, se apoderó del mando y presidió unas elecciones que controló
al milímetro. Unos comicios tan equitativos, por ejemplo, como el plebiscito
que Pinochet ganó en 1980 y que Insulza no llamaría democrático.
Desde hace 15 años Venezuela asiste a la
obliteración, con asesoría cubana, de la democracia y el Estado de Derecho. Lo
ven claro organismos como la SIP, que acaba de denunciar una vez más la
“censura informativa”, la Conferencia Episcopal venezolana, que ha rechazado
“rotundamente” la represión, y el Parlamento Europeo, que ha pedido eliminar
las órdenes de detención contra opositores.
El diálogo que urge en Venezuela no es para
que el régimen se haga eterno sin molestias callejeras. El que urge es uno que
dé pie a la transición a la democracia y el Estado de Derecho. Como dice la
Carta Democrática Interamericana, eso es lo que da estabilidad y paz.
avllosa@independent.org
Susana Abad (@susanaabad)
@ElIndependent
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