El Instituto Brookings es un
centro de opinión (Think Tank) privado, con sede en Washington, creado en 1916.
Sus artículos y ensayos gozan de prestigio internacional.
El 18 de julio de 2013, el
Instituto publicó un artículo de Vanda Felbab-Brown sobre el enfoque que se le
debe dar al problema del comercio de drogas. Titulado “A State-building
Approach to the Drug Trade Problem”. Por la importancia que tiene ese problema hoy en día,
en particular par Venezuela, he creído importante traducirlo al español:
Un Enfoque Constructivo del Problema del Comercio de
Drogas en el Desarrollo de un Estado
Por: Vanda Felbab-Brown
El Creciente Disenso Global
sobre Cómo Combatir el Tráfico de Drogas
El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas le ha dado cada vez más importancia a la delincuencia
organizada, en particular al tráfico de drogas y en tal sentido requiere el
enfoque coordinado de varios cuerpos de las Naciones Unidas y del Secretario
General.
El escalamiento de la
violencia relacionada con el comercio de drogas en México y América Central,
donde instituciones inadecuadas del estado de derecho han sido sobrepasadas por
la intensa delincuencia organizada; la presencia de contrabando de drogas en
África Occidental que contribuyen a la aparición de otras economías ilegales y
a la pobre gobernabilidad; y la profunda penetración del tráfico de drogas en
la vida política y económica de Afganistán y Paquistán han atraído todas la
atención sobre políticas.
Pero muchas de la políticas
existentes para combatir el comercio ilegal de drogas y la delincuencia
organizada asociada no han tenido mucha efectividad. La erradicación prematura
de cultivos de droga, la interdicción escasamente preocupada por la detención
de los flujos ilícitos, y el arresto de consumidores de droga han demostrado
ser inefectivas e incluso claramente perjudiciales par los objetivos clave de
políticas, tales como el debilitamiento de organizaciones criminales y sus vínculos
con grupos militantes, una mejoría de la seguridad y del estado de derecho y la
reducción del consumo. Esas políticas también han sido a veces contra
productivas respecto de otras metas importantes, tales como la mitigación del
conflicto violento, el fomento de buena gobernabilidad y la promoción de los
derechos humanos.
Alabado por críticos del
régimen contra-drogas global existente como un importante avance, El Problema
de las Drogas en las Américas, un informe reciente de la Organización de
Estados Americanos, puso énfasis en las deficiencias de los enfoques dominantes
en cuanto a la lucha contra las drogas y los problemas intensos y crónicos que
han venido generando en América Latina, incluyendo la violencia, el
desplazamiento del delito hacia otras áreas y el conflicto social.
Significativamente, el informe impulsó al descriminalización o legalización
como respuestas apropiadas para atender al problema de la marihuana, con lo
cual fue la primera vez que una importante organización internacional compuesta
de gobiernos nacionales sugirió tan importante flexibilización del régimen
anti-drogas existente. De hecho, varios países en América Latina parecen estar
dispuestos a romper con el modelo de represión legal de sólida supresión de
drogas. Tal vez así puedan marcar el comienzo de una desintegración del régimen
global anti-drogas que viene existiendo desde hace más de 50 años.
Un deseo similar de
reestructurar fundamentalmente el régimen de política de drogas existente no
tiene paralelo en otras partes del mundo, China y la Federación Rusa, por
ejemplo, prefieren en la actualidad penas más duras contra los consumidores,
une erradicación más masiva de los cultivos, y una acción más agresiva contra
el tráfico —en otras palabras, una considerable intensificación de los enfoques
dominantes existentes. En algunos países africanos, hay enteras instituciones
que e ven amenazadas por un posible captura por parte de grupos delictivos
organizados, algunas veces vinculados a políticos, llevando a voces locales influyentes
a exigir enfoques mucho más duros. Mientras la Organización de las Naciones
Unidas se inclina hacia otra importante revisión del régimen anti-drogas en el
12016, ahora hay más disenso del que había desde hace décadas entre los Estados
Miembros acerca de cómo enfrentar el comercio de drogas.
Las Amenazas que Presenta el Tráfico de Drogas
Una razón para el disenso es
que el comercio de las drogas les presenta diferentes pro con frecuencia
intensas amenazas a diferentes sociedades y países.
En particular, en países con
instituciones débiles en lo que se refiere al estad de derecho, el comercio de
drogas pude amenazar políticamente al Estado cuando les ofrece a las
organizaciones criminales y a los políticos corruptos un avenida para que entren
al espacio político. Esto debilita al proceso democrático, a la legitimidad de
los arreglos políticos existentes y, bajo ciertas circunstancias, incluso a la
estabilidad. El problema se perpetua cuando el éxito de políticos ricos con
dinero ilícito induce a otros a participar en la economía ilícita, lo que lleva
a corrupción endémica y a disfunción institucional tanto al nivel local como al
nacional.
Un comercio e drogas intenso
con poderosos traficantes produce también efectos perniciosos sobre los sistemas
de represión legal y e justicia del país. En la medida en que la economía
política se expande, la capacidad investigativa de los procesos de represión
legal y judiciales disminuye. La impunidad frente a actividad criminal aumenta
también, debilitando la credibilidad y el factor disuasivo del sistema
judicial. L que es más, los traficantes poderosos con frecuencia se valen de
medios violentos para disuadir y evitar el enjuiciamiento, matando o sobornando
a fiscales, jueces y a testigos y periodistas. La economías ilícitas también
tienen inmensos efectos económicos. Una floreciente economía de la droga
contribuye a la inflación, dañando
potencialmente a industrias legítimas orientadas hacia la exportación o sustitutivas
de importaciones. Fomenta la especulación inmobiliaria y una rápida alza de los
precios de los inmueble, y debilita la estabilidad de la moneda. Desplaza
también a la producción legal.
Sin embargo, el comercio de
las drogas, en particular el cultivo ilícito, genera empleos —produciendo a veces
empleo para centenares de miles, si no millones de personas en un lugar
particular.
En su forma más perniciosa, el
comercio de drogas a gran escala puede imponer amenazas al estado. Bajo ciertas
circunstancias, la delincuencia organizada, tal como se ha evidenciado en
México y en América Central a lo largo de los últimos diez años, puede hacerse
tan violento y sobrepasar la capacidad de aplicación de la ley en un país que
llega a ser un amenaza a la seguridad nacional y no meramente a la seguridad pública.
El comercio ilegal de drogas
exacerba igualmente el conflicto violento. Los grupos militantes que abrazan al
tráfico de drogas, tales como los Talibanes en Afganistán, el Sendero Luminoso
en Perú y las FARC y los paramilitares en Colombia, obtienen grandes beneficios
de tales economías ilícitas. Estas, a su vez, les permiten a los militantes
mejorar los recursos efectivos que tienen para luchar contra el Estado: pueden
reclutar más combatientes, pagarles mejores salarios y equiparlos con mejores armas.
La mejor procura y logística también realzan la “libertad de acción” de los
militantes —a saber, el alcance de sus opciones tácticas y su capacidad de
optimizar sus tácticas y estrategias. Críticamente, el patrocinio del comercio
de las drogas con frecuencia aumenta considerablemente el capital político de
los militantes, en particular en la medida en que la populación da la
bienvenida y tolera la presencia de los militantes. Cuanto más el estado trata
de destruir la economía ilegal de la droga, más crece su capital político.
El Efecto Complejo del Comercio Ilegal de las Drogas
sobre la Seguridad Humana
La razón por la que vastas
populaciones n muchas partes del mundo se acercan a delincuentes y militantes
está en el hecho de que la inadecuada o problemática presencia del estado, la
pobreza extrema, y la marginalización social y política les deja pocas
alternativas o ninguna para poder satisfacer sus necesidades de sobrevivencia u otras. Para muchos, el
comercio de las drogas es la única forma de lograr su seguridad humana y su
única posibilidad de movilización social, incluso cuando involucrados en
inseguridad, criminalidad y marginalización. Cuando crece la ausencia del
estado en la oferta de trabajo legal y bienes públicos, incluyendo la seguridad
pública y a la supresión de la delincuencia callejera, el acceso a la justicia
y mecanismos de resolución de disputas, cumplimiento de los contratos así como
el suministro de bienes públicos, tales como infraestructura, cuidado a la
salud y educación, las comunidades se hacen más susceptibles de hacerse
dependientes y se brindar apoyo a entidades criminales y actores militantes que
patrocinan el comercio de drogas y otras economías ilegales.
Al patrocinas economías
ilícitas con mano de obra incentivas en articular el cultivo de cosechas, los
actores delincuentes y militantes pueden suministrar bienes públicos a pesar de
no ser de óptima calidad. Lo que es más importante, patrocinan el empleo en la
economía ilegal. Esa capacidad de ofrecer empleo es tanto más significativa en
lugares donde los arreglos político-económicos y la organización política,
tales como los sistemas tributarios, la débil capacidad fiscal, l acceso
limitado a la educación y las disposiciones económicas monopolistas y
políticas. Con frecuencia fallan en crear puestos de trabajo inclusive en
tiempos de crecimiento económico.
Las entidades criminales y los
grupos militantes con frecuencia también brindan seguridad física. De hecho, a
pesar de que son fuentes de inseguridad y crimen, con frecuencia regulan el
nivel de violencia y suprimen la delincuencia callejera, como en el caso de los
robos, hurtos, secuestros e incluso homicidios. Por el hecho de que funcionan
como proveedores de orden y regla ello les trae importante apoyo de la comunidad,
y además facilita el negocio ilícito ya las economías ilícitas también se
benefician con la reducción de los costos de transacción y creciente
previsibilidad. Los grupos de delincuencia organizada y los acores militante
también ofrecen mecanismos de resolución de disputas e incluso instalan
tribunales no oficiales y hacen cumplir los contratos. En adición, suministran
bines públicos socioeconómicos, como carreteras y clínicas sanitarias. Mientras
más lo hagan, más se convierten, de hecho, en entidades para estatales.
Diseño de una Respuesta
Efectiva: un Enfoque de Construcción de Estado
Es importante dejar de pensar
acerca del comercio ilegal de drogas sólo como un actividad social aberrante
que debe suprimirse; en lugar de ello, debemos pensar en el delito como parte
de una competencia entre los traficantes de drogas y las instituciones formales
del estado por ganarse la lealtad de la populación. En áreas con debilidad del
estado y con suministro de bines públicos, la estrategia efectiva el estado
frente al comercio de drogas no es así simplemente una de represión legal y
supresión del delito.
La erradicación prematura de
cultivos ilícitos en ausencia de sustentos de vida alternativos disponibles; el
duro apresamiento de consumidores y agricultores; la saturación de áreas con
funcionarios policiales, especialmente si son corruptos y no están
adecuadamente entrenados; políticas de interdicción que se preocupan
excesivamente por la supresión de flujos de drogas; y medidas altamente
represivas —tañe como enfoques que sólo atacan los síntomas de la crisis social
en lugar de sus condiciones subyacentes.
Una respuesta más apropiada es
un esfuerzo con múltiples facetas de construcción de estado que busque
fortalecer los vínculos entre el estado y las comunidades marginalizadas que
dependen de, o vulnerables frente a, la participación en la actividad ilícita
por razones de sobrevivencia económica y de inseguridad física.
Tal enfoque multifacético
requiere que el estado se interese en todas las razones complejas por las que
las populaciones llegan a la ilegalidad, incluyendo las deficiencias en la
represión legal, débil estado de derecho. Supresión de derechos humanos,
pobreza económica y marginalización social.
Requiere también el
reconocimiento de que los adictos son gente crónicamente enferma cuya condición
e interacción con el resto de la sociedad sólo empeorará con el
encarcelamiento.
Los esfuerzos tienen que
centrarse en asegurarse de que los pueblos y las comunidades respetarán las
leyes. Al aumentar la posibilidad de que el comportamiento ilegal y la
corrupción se castigarán simultáneamente con la creación de un medio ambiente
económico y político en el que las leyes son consistentes con las necesidades
del pueblo. Las leyes podrán verse como legítimas y, por lo tanto, se
internalizarán.
Incluso hoy en día existen
dichos derrames y tensiones.
Notas
1. Ver Declaraciones del
Presidente del Consejo e Seguridad (SPRST/2010/4), 24 de febrero de 2010 y
(S/PRST/2009/32), 8 de diciembre de 2009.
figueredo.carlosar@gmail.com
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