CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, LA BROOKINGS INSTITUTION Y EL COMERCIO DE DROGAS

El Instituto Brookings es un centro de opinión (Think Tank) privado, con sede en Washington, creado en 1916. Sus artículos y ensayos gozan de prestigio internacional.

El 18 de julio de 2013, el Instituto publicó un artículo de Vanda Felbab-Brown sobre el enfoque que se le debe dar al problema del comercio de drogas. Titulado “A State-building Approach to the Drug Trade Problem”. Por la importancia que tiene ese problema hoy en día, en particular par Venezuela, he creído importante traducirlo al español:

Un Enfoque Constructivo del Problema del Comercio de Drogas en el Desarrollo de un Estado

Por: Vanda Felbab-Brown

El Creciente Disenso Global sobre Cómo Combatir el Tráfico de Drogas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le ha dado cada vez más importancia a la delincuencia organizada, en particular al tráfico de drogas y en tal sentido requiere el enfoque coordinado de varios cuerpos de las Naciones Unidas y del Secretario General.

El escalamiento de la violencia relacionada con el comercio de drogas en México y América Central, donde instituciones inadecuadas del estado de derecho han sido sobrepasadas por la intensa delincuencia organizada; la presencia de contrabando de drogas en África Occidental que contribuyen a la aparición de otras economías ilegales y a la pobre gobernabilidad; y la profunda penetración del tráfico de drogas en la vida política y económica de Afganistán y Paquistán han atraído todas la atención sobre políticas.

Pero muchas de la políticas existentes para combatir el comercio ilegal de drogas y la delincuencia organizada asociada no han tenido mucha efectividad. La erradicación prematura de cultivos de droga, la interdicción escasamente preocupada por la detención de los flujos ilícitos, y el arresto de consumidores de droga han demostrado ser inefectivas e incluso claramente perjudiciales par los objetivos clave de políticas, tales como el debilitamiento de organizaciones criminales y sus vínculos con grupos militantes, una mejoría de la seguridad y del estado de derecho y la reducción del consumo. Esas políticas también han sido a veces contra productivas respecto de otras metas importantes, tales como la mitigación del conflicto violento, el fomento de buena gobernabilidad y la promoción de los derechos humanos.

Alabado por críticos del régimen contra-drogas global existente como un importante avance, El Problema de las Drogas en las Américas, un informe reciente de la Organización de Estados Americanos, puso énfasis en las deficiencias de los enfoques dominantes en cuanto a la lucha contra las drogas y los problemas intensos y crónicos que han venido generando en América Latina, incluyendo la violencia, el desplazamiento del delito hacia otras áreas y el conflicto social. Significativamente, el informe impulsó al descriminalización o legalización como respuestas apropiadas para atender al problema de la marihuana, con lo cual fue la primera vez que una importante organización internacional compuesta de gobiernos nacionales sugirió tan importante flexibilización del régimen anti-drogas existente. De hecho, varios países en América Latina parecen estar dispuestos a romper con el modelo de represión legal de sólida supresión de drogas. Tal vez así puedan marcar el comienzo de una desintegración del régimen global anti-drogas que viene existiendo desde hace más de 50 años.

Un deseo similar de reestructurar fundamentalmente el régimen de política de drogas existente no tiene paralelo en otras partes del mundo, China y la Federación Rusa, por ejemplo, prefieren en la actualidad penas más duras contra los consumidores, une erradicación más masiva de los cultivos, y una acción más agresiva contra el tráfico —en otras palabras, una considerable intensificación de los enfoques dominantes existentes. En algunos países africanos, hay enteras instituciones que e ven amenazadas por un posible captura por parte de grupos delictivos organizados, algunas veces vinculados a políticos, llevando a voces locales influyentes a exigir enfoques mucho más duros. Mientras la Organización de las Naciones Unidas se inclina hacia otra importante revisión del régimen anti-drogas en el 12016, ahora hay más disenso del que había desde hace décadas entre los Estados Miembros acerca de cómo enfrentar el comercio de drogas.

Las Amenazas que Presenta el Tráfico de Drogas

Una razón para el disenso es que el comercio de las drogas les presenta diferentes pro con frecuencia intensas amenazas a diferentes sociedades y países.

En particular, en países con instituciones débiles en lo que se refiere al estad de derecho, el comercio de drogas pude amenazar políticamente al Estado cuando les ofrece a las organizaciones criminales y a los políticos corruptos un avenida para que entren al espacio político. Esto debilita al proceso democrático, a la legitimidad de los arreglos políticos existentes y, bajo ciertas circunstancias, incluso a la estabilidad. El problema se perpetua cuando el éxito de políticos ricos con dinero ilícito induce a otros a participar en la economía ilícita, lo que lleva a corrupción endémica y a disfunción institucional tanto al nivel local como al nacional.

Un comercio e drogas intenso con poderosos traficantes produce también efectos perniciosos sobre los sistemas de represión legal y e justicia del país. En la medida en que la economía política se expande, la capacidad investigativa de los procesos de represión legal y judiciales disminuye. La impunidad frente a actividad criminal aumenta también, debilitando la credibilidad y el factor disuasivo del sistema judicial. L que es más, los traficantes poderosos con frecuencia se valen de medios violentos para disuadir y evitar el enjuiciamiento, matando o sobornando a fiscales, jueces y a testigos y periodistas. La economías ilícitas también tienen inmensos efectos económicos. Una floreciente economía de la droga contribuye  a la inflación, dañando potencialmente a industrias legítimas orientadas hacia la exportación o sustitutivas de importaciones. Fomenta la especulación inmobiliaria y una rápida alza de los precios de los inmueble, y debilita la estabilidad de la moneda. Desplaza también a la producción legal.

Sin embargo, el comercio de las drogas, en particular el cultivo ilícito, genera empleos —produciendo a veces empleo para centenares de miles, si no millones de personas en un lugar particular.

En su forma más perniciosa, el comercio de drogas a gran escala puede imponer amenazas al estado. Bajo ciertas circunstancias, la delincuencia organizada, tal como se ha evidenciado en México y en América Central a lo largo de los últimos diez años, puede hacerse tan violento y sobrepasar la capacidad de aplicación de la ley en un país que llega a ser un amenaza a la seguridad nacional y no meramente a la seguridad pública.

El comercio ilegal de drogas exacerba igualmente el conflicto violento. Los grupos militantes que abrazan al tráfico de drogas, tales como los Talibanes en Afganistán, el Sendero Luminoso en Perú y las FARC y los paramilitares en Colombia, obtienen grandes beneficios de tales economías ilícitas. Estas, a su vez, les permiten a los militantes mejorar los recursos efectivos que tienen para luchar contra el Estado: pueden reclutar más combatientes, pagarles mejores salarios y equiparlos con mejores armas. La mejor procura y logística también realzan la “libertad de acción” de los militantes —a saber, el alcance de sus opciones tácticas y su capacidad de optimizar sus tácticas y estrategias. Críticamente, el patrocinio del comercio de las drogas con frecuencia aumenta considerablemente el capital político de los militantes, en particular en la medida en que la populación da la bienvenida y tolera la presencia de los militantes. Cuanto más el estado trata de destruir la economía ilegal de la droga, más crece su capital político.

El Efecto Complejo del Comercio Ilegal de las Drogas sobre la Seguridad Humana

La razón por la que vastas populaciones n muchas partes del mundo se acercan a delincuentes y militantes está en el hecho de que la inadecuada o problemática presencia del estado, la pobreza extrema, y la marginalización social y política les deja pocas alternativas o ninguna para poder satisfacer sus necesidades de  sobrevivencia u otras. Para muchos, el comercio de las drogas es la única forma de lograr su seguridad humana y su única posibilidad de movilización social, incluso cuando involucrados en inseguridad, criminalidad y marginalización. Cuando crece la ausencia del estado en la oferta de trabajo legal y bienes públicos, incluyendo la seguridad pública y a la supresión de la delincuencia callejera, el acceso a la justicia y mecanismos de resolución de disputas, cumplimiento de los contratos así como el suministro de bienes públicos, tales como infraestructura, cuidado a la salud y educación, las comunidades se hacen más susceptibles de hacerse dependientes y se brindar apoyo a entidades criminales y actores militantes que patrocinan el comercio de drogas y otras economías ilegales.

Al patrocinas economías ilícitas con mano de obra incentivas en articular el cultivo de cosechas, los actores delincuentes y militantes pueden suministrar bienes públicos a pesar de no ser de óptima calidad. Lo que es más importante, patrocinan el empleo en la economía ilegal. Esa capacidad de ofrecer empleo es tanto más significativa en lugares donde los arreglos político-económicos y la organización política, tales como los sistemas tributarios, la débil capacidad fiscal, l acceso limitado a la educación y las disposiciones económicas monopolistas y políticas. Con frecuencia fallan en crear puestos de trabajo inclusive en tiempos de crecimiento económico.

Las entidades criminales y los grupos militantes con frecuencia también brindan seguridad física. De hecho, a pesar de que son fuentes de inseguridad y crimen, con frecuencia regulan el nivel de violencia y suprimen la delincuencia callejera, como en el caso de los robos, hurtos, secuestros e incluso homicidios. Por el hecho de que funcionan como proveedores de orden y regla ello les trae importante apoyo de la comunidad, y además facilita el negocio ilícito ya las economías ilícitas también se benefician con la reducción de los costos de transacción y creciente previsibilidad. Los grupos de delincuencia organizada y los acores militante también ofrecen mecanismos de resolución de disputas e incluso instalan tribunales no oficiales y hacen cumplir los contratos. En adición, suministran bines públicos socioeconómicos, como carreteras y clínicas sanitarias. Mientras más lo hagan, más se convierten, de hecho, en entidades para estatales.

Diseño de una Respuesta Efectiva: un Enfoque de Construcción de Estado

Es importante dejar de pensar acerca del comercio ilegal de drogas sólo como un actividad social aberrante que debe suprimirse; en lugar de ello, debemos pensar en el delito como parte de una competencia entre los traficantes de drogas y las instituciones formales del estado por ganarse la lealtad de la populación. En áreas con debilidad del estado y con suministro de bines públicos, la estrategia efectiva el estado frente al comercio de drogas no es así simplemente una de represión legal y supresión del delito.

La erradicación prematura de cultivos ilícitos en ausencia de sustentos de vida alternativos disponibles; el duro apresamiento de consumidores y agricultores; la saturación de áreas con funcionarios policiales, especialmente si son corruptos y no están adecuadamente entrenados; políticas de interdicción que se preocupan excesivamente por la supresión de flujos de drogas; y medidas altamente represivas —tañe como enfoques que sólo atacan los síntomas de la crisis social en lugar de sus condiciones subyacentes.

Una respuesta más apropiada es un esfuerzo con múltiples facetas de construcción de estado que busque fortalecer los vínculos entre el estado y las comunidades marginalizadas que dependen de, o vulnerables frente a, la participación en la actividad ilícita por razones de sobrevivencia económica y de inseguridad física.

Tal enfoque multifacético requiere que el estado se interese en todas las razones complejas por las que las populaciones llegan a la ilegalidad, incluyendo las deficiencias en la represión legal, débil estado de derecho. Supresión de derechos humanos, pobreza económica y marginalización social.

Requiere también el reconocimiento de que los adictos son gente crónicamente enferma cuya condición e interacción con el resto de la sociedad sólo empeorará con el encarcelamiento.

Los esfuerzos tienen que centrarse en asegurarse de que los pueblos y las comunidades respetarán las leyes. Al aumentar la posibilidad de que el comportamiento ilegal y la corrupción se castigarán simultáneamente con la creación de un medio ambiente económico y político en el que las leyes son consistentes con las necesidades del pueblo. Las leyes podrán verse como legítimas y, por lo tanto, se internalizarán.

Incluso hoy en día existen dichos derrames y tensiones.

Notas

1. Ver Declaraciones del Presidente del Consejo e Seguridad (SPRST/2010/4), 24 de febrero de 2010 y (S/PRST/2009/32), 8 de diciembre de 2009.

figueredo.carlosar@gmail.com

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