LOS UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS
A SUS COLEGAS DEL MUNDO ENTERO
Estimado colega,
Recibe un cordial saludo! Los universitarios
venezolanos hemos decidido hacer del conocimiento de nuestros colegas a nivel
internacional algunas de las razones por las cuales hemos tomado la decisión de
intensificar el conflicto que nos enfrenta al gobierno venezolano, en un
intento de rescatar a nuestras casas de estudio de la profunda crisis que las
afecta desde hace ya mucho tiempo. Lo hacemos, entre otras razones, obligados
por la actitud del gobierno venezolano quien, además de intentar desconocer,
criminalizar y desvirtuar nuestra protesta, opta –una vez más- por una conocida
maniobra, llamando a mesas de diálogo irrelevantes a sindicatos oficialistas que
no tienen ninguna legitimidad, desconociendo así la verdadera dirigencia sindical
que nos representa.
Las Universidades Autónomas (UA) venezolanas
son un conjunto de instituciones de educación superior, cuyo origen se remonta
-en algunos casos- hasta el siglo XIX. Se trata de cinco universidades que
incluyen a Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes
(ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO) y Universidad
del Zulia (LUZ). Se trata, además, de las universidades de mayor productividad
científica del país (ver abajo).
Tradicionalmente las UA han tenido una
actitud crítica frente al actual gobierno (igual que la han tenido con todos
los gobiernos anteriores), pues es en ellas donde hace vida académica la
intelectualidad de izquierda progresista, que rechaza el autoritarismo, el militarismo,
la ineficiencia, la corrupción.
Por lo tanto no se puede etiquetar “de derecha”
a las universidades que no apoyan gobierno y “de izquierda” a las nuevas universidades
creadas por el gobierno bolivariano. Es bueno aclarar esta situación, debido a
la confusión que se genera fuera del país, al considerar que cualquier
oposición al actual gobierno es “de derecha”.
En los últimos años nuestras instituciones
han sido víctima de una serie de políticas agresivas por parte del poder
ejecutivo, de distinta naturaleza e intensidad, que en mucho han contribuido a
generar la crisis actual, propiciando además el desmantelamiento del sistema de
I&D nacional. Estas políticas agresivas se pueden resumir de la siguiente
manera:
a) Progresiva asfixia financiera. En los
últimos 7 años, el presupuesto asignado a las UA por el gobierno bolivariano ha
sido prácticamente el mismo, sin tomar en cuenta los terribles efectos que
sobre la moneda y la economía venezolana han tenido la inflación acumulada
(estimada en más de 130% para los últimos cinco años) y las sucesivas
devaluaciones de nuestra moneda. El déficit financiero resultante, mínimamente
cubierto a través de la aprobación de sucesivos créditos adicionales, en
algunos casos puede alcanzar el 60% de lo solicitado, impidiendo así una planificación
racional de las distintas actividades de docencia, investigación y extensión de
las UA. Pero además, este presupuesto “repetido” se utiliza casi en un 90% para
gastos de personal (salarios y bonos), así como para beneficios estudiantiles
de diversa índole (becas, gastos de comedor, etc), de forma que para el
funcionamiento de las universidades solo queda el 10% restante.
Como dato adicional es importante mencionar
que el estado venezolano no permite el acceso de las UA a divisas a costo
oficial que les permitirían -cuando menos- minimizar el tremendo efecto que
tiene la inflación sobre sus actividades de I&D (adquisición de equipos y
reactivos, desarrollo de infraestructura, etc).
b) No renovación de cargos. La progresiva
asfixia presupuestaria ha tenido, como dramática consecuencia, la reducción y
el envejecimiento de la planta profesoral de las UA. En efecto, al jubilarse un
profesor no existen recursos adicionales para contratar a un sustituto, de igual
o menor escalafón. A lo sumo, se han abierto algunos concursos de credenciales,
que permiten contratar a un docente por un lapso de uno ó dos años, al cabo de
los cuales el profesor contratado queda cesante. Para paliar esta problemática
se han creado figuras como las del Becario Académico: estudiantes de Postgrado
que asumen funciones docentes a cambio de una reducción de su matrícula y un
sueldo que no alcanza el 30% del salario mínimo.
c) Decadencia del sistema de investigación y
desarrollo universitario. El 98% de la investigación del país se produce en las
5 UA y en el Instituto Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC). Según
el Web of Science, desde 2008 la investigación venezolana ha descendido
progresivamente en un 37.5%, y no ha aumentado el número de centros de
investigación ni de universidades que generen nuevos conocimientos. Se resalta
en el SIR (SCImago Instituciones Rankings), que Venezuela ocupó en 2010 la
posición 6 en producción científica, después de Brasil, México, Chile,
Argentina y Colombia; pero en 2011, Venezuela pasó al lugar 7, y Cuba ascendió
al puesto 6, mientras los demás países conservaron su posición.
Otros datos muestran que hasta 2005 Colombia
estuvo ubicada en este ranking debajo de Venezuela; luego, ese país tuvo un
comportamiento igual al de Chile, es decir, en ascenso continuo, mientras que
Venezuela se estanca desde 2001 y desciende a partir de 2008 (ver gráficas
ilustrativas anexas).
Este descenso coincide con la crisis
presupuestaria que aqueja a las UA.
d) Imposición de normas de austeridad. El 25
de marzo del año 2009, el presidente Hugo Chávez dictó un decreto que eliminó
“el gasto suntuario o superfluo del sector público nacional”. Esta decisión, de
obligatorio acatamiento por parte de las UA, se tomó a consecuencia de una
disminución del precio del barril de petróleo. A partir de entonces, el
presupuesto general de la nación se ha venido diseñando sobre la base de un
precio del barril de petróleo que ha oscilado entre los 40 y los 55 US$/barril,
cuando en realidad el precio de la cesta venezolana no ha descendido de los 100
US$/barril en los últimos años. En la práctica, estas normas de austeridad han
limitado en extremo la utilización de recursos financieros asignados a las UA para
actividades como asistencias a congresos internacionales, adquisición de plataformas
tecnológicas (equipos de computación, acceso a Internet, etc), realización de
estudios de doctorado en el exterior, etc, actividades para las cuales se requiere
autorización previa de la Vice-Presidencia de la República.
e) Desconocimiento de normativa laboral
vigente. Hasta el año 2006 estuvieron en vigencia las denominadas “Normas de
Homologación…del Sector Universitario”.
Las mismas fueron impuestas al gremio profesoral
en el año 1982 y básicamente suponían un ajuste de su salario y beneficios
sobre la base de los índices inflacionarios publicados por el Banco Central de
Venezuela, cada dos años y previa consulta al gremio (Art. 13). Esta normativa
constituyó el instrumento que permitió a los docentes universitarios mantener
(o, en su defecto, exigir) salarios dignos y en consonancia con sus funciones y
escalafón. Desde el año 2006, el gobierno bolivariano optó por desconocer
dichas Normas y conceder aumentos escuálidos yespasmódicos, sin ninguna
relación con la disminución del poder adquisitivo de la moneda venezolana. Esto
ha tenido como consecuencia un acelerado deterioro de las condiciones
socio-económicas de los profesores universitarios (ver graficas ilustrativas
anexas). En la actualidad un profesor Instructor a Dedicación Exclusiva (primer
peldaño del escalafón) devenga un salario de 3.335 bolívares mensuales(equivalente
a 530 US$ al cambio oficial y de unos 130 US$ si se considera el precio real de
la divisa en la calle). El profesor Titular, con la misma dedicación (máximo
escalafón), recibe un salario de 7.232 bolívares mensuales (= 1.148 US$ o unos
290 US$ en la realidad). Esto ha desmotivado el ingreso de personal altamente calificado
a las UA; de allí la cantidad de concursos de oposición que quedan desiertos a
nivel nacional. Además, esto ha generado una fuga de talentos a otros países,
en detrimento de la formación de las nuevas generaciones.
f) Agresiones sistemáticas. En los últimos
años, las UA venezolanas han sido objeto de todo tipo de ataques y agresiones
por parte de grupos organizados, tan violentos como armados, que de manera
sistemática han actuado para amedrentar a los universitarios, para apoyar las
demandas de gremios pro-oficialistas presionando a
las autoridades, para desmovilizar a los
estudiantes en sus justos reclamos, para disolver protestas pacíficas e incluso
para impedir el acceso al recinto universitario, cuando ello favorece sus
particulares intereses. Existe un amplio registro escrito, gráfico y
audiovisual de estas agresiones en distintos sitios de la red, muchos de ellos
sitios oficiales de las propias universidades. La enorme mayoría de las denuncias
efectuadas ante los órganos competentes no ha recibido debida atención.
A estas agresiones se suman las permanentes
descalificaciones e insultos que, desde las más altas esferas del poder, se
vienen profiriendo contra las UA desde hace más de 10 años y que contribuyen a
consolidar una peligrosa matriz de opinión en contra
de las mismas.
g) Desconocimiento de los representantes
legítimos y consecuente exclusión del gremio profesoral de las discusiones
laborales. La creación de sindicatos oficialistas, en forma paralela a los
legítimamente constituidos, ha sido impulsada por el gobierno bolivariano para
disminuir el impacto de las protestas surgidas en el interior de las UA. Estas
estructuras gremiales, creadas a imagen y semejanza de los sindicatos
verticales del franquismo, son las únicas que reconoce el gobierno a la hora de
“negociar” cualquier tipo de reclamo y ha sido una estrategia previamente utilizada
en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la Federación de Asociaciones
de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha sido sistemáticamente
excluida de cualquier negociación en los últimos años; en su lugar, son los
sindicatos de obreros y empleados los que transmiten las resoluciones de las mismas
al sector profesoral…
h) Intervencionismo en elecciones internas.
Según la Ley de Universidades vigente (que data de 1970 y que considera que “La
Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que
reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los
valores trascendentales del hombre”), cada universidad establece su propio
reglamento para la elección de autoridades. Sin embargo, existe una
contradicción fundamental entre la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) (ley
que prevalece sobre las demás), promulgada en el 2009, y los reglamentos
internos de las UA, concerniente al llamado voto paritario de cada uno de los
miembros de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, obreros y empleados
administrativos y técnicos. Una de las consecuencias de esta nueva normativa es
el enorme poder que han adquirido grupos tradicionalmente minoritarios (en
cuanto a su peso institucional y su escasa participación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje), alimentando el apetito de los mismos por cuotas de
poder insospechadas hasta ahora, haciendo del clientelismo político y, más peligroso
aún, del intervencionismo oficial, una práctica común. En vista del conflicto
surgido, no han podido ser renovadas las autoridades rectorales y decanales de
las UA, lo cual añade un elemento más de conflicto a nivel interno.
i) Creación de “universidades” oficialistas.
En los últimos años, el gobierno bolivariano ha creado más de 30 universidades.
El mayor logro de esta nueva política ha sido la masificación de la matrícula
universitaria: en pocos años ingresaron al sistema de educación terciaria más
de 3 millones de estudiantes. Esto se explica por la gigantesca expansión de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Nacional
(UNEFA), la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y expresiones de esta
última como los Fundos Zamoranos Universitarios, y las Aldeas Universitarias.
El nivel académico de estas instituciones, en las cuales prácticamente no se
realiza investigación científica de ningún tipo, ha recibido severas críticas.
Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, el acceso a cargos ofertados por
el sector público se ha basado – en los últimos años- en una política
discriminatoria que excluye a los egresados de las universidades autónomas y
favorece a los de las universidades “oficialistas”.
De igual forma, el estado asigna cada vez
mayores presupuestos a estas instituciones, en desmedro del asignado a las UA.
Estas son, de manera muy breve y concisa,
algunas de las razones que han llevado a las UA venezolanas a plantear el
actual conflicto. Se trata de situaciones que desde hace mucho tiempo se han
venido planteando al poder ejecutivo de distinta manera. Siempre ha prevalecido
en los universitarios el deseo de no llegar a la confrontación radical, para no
afectar el normal desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión.
Lamentablemente, el gobierno bolivariano pareciera no estar dispuesto al diálogo
ni a la negociación sobre bases serias y en respuesta a las legítimas demandas de
los universitarios. Evidencia de ello es la respuesta del flamante Ministro de Educación
Superior al preguntársele sobre las medidas a tomar para enfrentar la actual situación
de crisis: “¿Cuál crisis?”
Queremos invitarte a que difundas entre tus
colegas este documento para ayudarnos a divulgar esta información, con la idea
de que se conozca nuestra versión de los hechos y en un intento para que
prevalezca la verdad sobre la desinformación.
angelsanabr@gmail.com
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Alvarado UCLA
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Seguridad UNES
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de Miranda UNEFM
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del Caribe UMC
Universidad Nacional Experimental Politécnica
Antonio José de Sucre UNEXPO
Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la Fuerza Armada Nacional UNEFA
Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt UNERMB
Universidad Nacional Experimental Rómulo
Gallegos UNERG
Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez UNESR
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