ANGEL SANABRIA, LOS UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS A SUS COLEGAS DEL MUNDO ENTERO

LOS UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS

A SUS COLEGAS DEL MUNDO ENTERO

Estimado colega,

Recibe un cordial saludo! Los universitarios venezolanos hemos decidido hacer del conocimiento de nuestros colegas a nivel internacional algunas de las razones por las cuales hemos tomado la decisión de intensificar el conflicto que nos enfrenta al gobierno venezolano, en un intento de rescatar a nuestras casas de estudio de la profunda crisis que las afecta desde hace ya mucho tiempo. Lo hacemos, entre otras razones, obligados por la actitud del gobierno venezolano quien, además de intentar desconocer, criminalizar y desvirtuar nuestra protesta, opta –una vez más- por una conocida maniobra, llamando a mesas de diálogo irrelevantes a sindicatos oficialistas que no tienen ninguna legitimidad, desconociendo así la verdadera dirigencia sindical que nos representa.

Las Universidades Autónomas (UA) venezolanas son un conjunto de instituciones de educación superior, cuyo origen se remonta -en algunos casos- hasta el siglo XIX. Se trata de cinco universidades que incluyen a Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO) y Universidad del Zulia (LUZ). Se trata, además, de las universidades de mayor productividad científica del país (ver abajo).

Tradicionalmente las UA han tenido una actitud crítica frente al actual gobierno (igual que la han tenido con todos los gobiernos anteriores), pues es en ellas donde hace vida académica la intelectualidad de izquierda progresista, que rechaza el autoritarismo, el militarismo, la ineficiencia, la corrupción. 

Por lo tanto no se puede etiquetar “de derecha” a las universidades que no apoyan gobierno y “de izquierda” a las nuevas universidades creadas por el gobierno bolivariano. Es bueno aclarar esta situación, debido a la confusión que se genera fuera del país, al considerar que cualquier oposición al actual gobierno es “de derecha”.

En los últimos años nuestras instituciones han sido víctima de una serie de políticas agresivas por parte del poder ejecutivo, de distinta naturaleza e intensidad, que en mucho han contribuido a generar la crisis actual, propiciando además el desmantelamiento del sistema de I&D nacional. Estas políticas agresivas se pueden resumir de la siguiente manera:

a) Progresiva asfixia financiera. En los últimos 7 años, el presupuesto asignado a las UA por el gobierno bolivariano ha sido prácticamente el mismo, sin tomar en cuenta los terribles efectos que sobre la moneda y la economía venezolana han tenido la inflación acumulada (estimada en más de 130% para los últimos cinco años) y las sucesivas devaluaciones de nuestra moneda. El déficit financiero resultante, mínimamente cubierto a través de la aprobación de sucesivos créditos adicionales, en algunos casos puede alcanzar el 60% de lo solicitado, impidiendo así una planificación racional de las distintas actividades de docencia, investigación y extensión de las UA. Pero además, este presupuesto “repetido” se utiliza casi en un 90% para gastos de personal (salarios y bonos), así como para beneficios estudiantiles de diversa índole (becas, gastos de comedor, etc), de forma que para el funcionamiento de las universidades solo queda el 10% restante.

Como dato adicional es importante mencionar que el estado venezolano no permite el acceso de las UA a divisas a costo oficial que les permitirían -cuando menos- minimizar el tremendo efecto que tiene la inflación sobre sus actividades de I&D (adquisición de equipos y reactivos, desarrollo de infraestructura, etc).

b) No renovación de cargos. La progresiva asfixia presupuestaria ha tenido, como dramática consecuencia, la reducción y el envejecimiento de la planta profesoral de las UA. En efecto, al jubilarse un profesor no existen recursos adicionales para contratar a un sustituto, de igual o menor escalafón. A lo sumo, se han abierto algunos concursos de credenciales, que permiten contratar a un docente por un lapso de uno ó dos años, al cabo de los cuales el profesor contratado queda cesante. Para paliar esta problemática se han creado figuras como las del Becario Académico: estudiantes de Postgrado que asumen funciones docentes a cambio de una reducción de su matrícula y un sueldo que no alcanza el 30% del salario mínimo.

c) Decadencia del sistema de investigación y desarrollo universitario. El 98% de la investigación del país se produce en las 5 UA y en el Instituto Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC). Según el Web of Science, desde 2008 la investigación venezolana ha descendido progresivamente en un 37.5%, y no ha aumentado el número de centros de investigación ni de universidades que generen nuevos conocimientos. Se resalta en el SIR (SCImago Instituciones Rankings), que Venezuela ocupó en 2010 la posición 6 en producción científica, después de Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia; pero en 2011, Venezuela pasó al lugar 7, y Cuba ascendió al puesto 6, mientras los demás países conservaron su posición.

Otros datos muestran que hasta 2005 Colombia estuvo ubicada en este ranking debajo de Venezuela; luego, ese país tuvo un comportamiento igual al de Chile, es decir, en ascenso continuo, mientras que Venezuela se estanca desde 2001 y desciende a partir de 2008 (ver gráficas ilustrativas anexas).

Este descenso coincide con la crisis presupuestaria que aqueja a las UA.

d) Imposición de normas de austeridad. El 25 de marzo del año 2009, el presidente Hugo Chávez dictó un decreto que eliminó “el gasto suntuario o superfluo del sector público nacional”. Esta decisión, de obligatorio acatamiento por parte de las UA, se tomó a consecuencia de una disminución del precio del barril de petróleo. A partir de entonces, el presupuesto general de la nación se ha venido diseñando sobre la base de un precio del barril de petróleo que ha oscilado entre los 40 y los 55 US$/barril, cuando en realidad el precio de la cesta venezolana no ha descendido de los 100 US$/barril en los últimos años. En la práctica, estas normas de austeridad han limitado en extremo la utilización de recursos financieros asignados a las UA para actividades como asistencias a congresos internacionales, adquisición de plataformas tecnológicas (equipos de computación, acceso a Internet, etc), realización de estudios de doctorado en el exterior, etc, actividades para las cuales se requiere autorización previa de la Vice-Presidencia de la República.

e) Desconocimiento de normativa laboral vigente. Hasta el año 2006 estuvieron en vigencia las denominadas “Normas de Homologación…del Sector Universitario”.

Las mismas fueron impuestas al gremio profesoral en el año 1982 y básicamente suponían un ajuste de su salario y beneficios sobre la base de los índices inflacionarios publicados por el Banco Central de Venezuela, cada dos años y previa consulta al gremio (Art. 13). Esta normativa constituyó el instrumento que permitió a los docentes universitarios mantener (o, en su defecto, exigir) salarios dignos y en consonancia con sus funciones y escalafón. Desde el año 2006, el gobierno bolivariano optó por desconocer dichas Normas y conceder aumentos escuálidos yespasmódicos, sin ninguna relación con la disminución del poder adquisitivo de la moneda venezolana. Esto ha tenido como consecuencia un acelerado deterioro de las condiciones socio-económicas de los profesores universitarios (ver graficas ilustrativas anexas). En la actualidad un profesor Instructor a Dedicación Exclusiva (primer peldaño del escalafón) devenga un salario de 3.335 bolívares mensuales(equivalente a 530 US$ al cambio oficial y de unos 130 US$ si se considera el precio real de la divisa en la calle). El profesor Titular, con la misma dedicación (máximo escalafón), recibe un salario de 7.232 bolívares mensuales (= 1.148 US$ o unos 290 US$ en la realidad). Esto ha desmotivado el ingreso de personal altamente calificado a las UA; de allí la cantidad de concursos de oposición que quedan desiertos a nivel nacional. Además, esto ha generado una fuga de talentos a otros países, en detrimento de la formación de las nuevas generaciones.

f) Agresiones sistemáticas. En los últimos años, las UA venezolanas han sido objeto de todo tipo de ataques y agresiones por parte de grupos organizados, tan violentos como armados, que de manera sistemática han actuado para amedrentar a los universitarios, para apoyar las demandas de gremios pro-oficialistas presionando a

las autoridades, para desmovilizar a los estudiantes en sus justos reclamos, para disolver protestas pacíficas e incluso para impedir el acceso al recinto universitario, cuando ello favorece sus particulares intereses. Existe un amplio registro escrito, gráfico y audiovisual de estas agresiones en distintos sitios de la red, muchos de ellos sitios oficiales de las propias universidades. La enorme mayoría de las denuncias efectuadas ante los órganos competentes no ha recibido debida atención.

A estas agresiones se suman las permanentes descalificaciones e insultos que, desde las más altas esferas del poder, se vienen profiriendo contra las UA desde hace más de 10 años y que contribuyen a consolidar una peligrosa matriz de opinión en contra

de las mismas.

g) Desconocimiento de los representantes legítimos y consecuente exclusión del gremio profesoral de las discusiones laborales. La creación de sindicatos oficialistas, en forma paralela a los legítimamente constituidos, ha sido impulsada por el gobierno bolivariano para disminuir el impacto de las protestas surgidas en el interior de las UA. Estas estructuras gremiales, creadas a imagen y semejanza de los sindicatos verticales del franquismo, son las únicas que reconoce el gobierno a la hora de “negociar” cualquier tipo de reclamo y ha sido una estrategia previamente utilizada en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) ha sido sistemáticamente excluida de cualquier negociación en los últimos años; en su lugar, son los sindicatos de obreros y empleados los que transmiten las resoluciones de las mismas al sector profesoral…

h) Intervencionismo en elecciones internas. Según la Ley de Universidades vigente (que data de 1970 y que considera que “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”), cada universidad establece su propio reglamento para la elección de autoridades. Sin embargo, existe una contradicción fundamental entre la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) (ley que prevalece sobre las demás), promulgada en el 2009, y los reglamentos internos de las UA, concerniente al llamado voto paritario de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, obreros y empleados administrativos y técnicos. Una de las consecuencias de esta nueva normativa es el enorme poder que han adquirido grupos tradicionalmente minoritarios (en cuanto a su peso institucional y su escasa participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje), alimentando el apetito de los mismos por cuotas de poder insospechadas hasta ahora, haciendo del clientelismo político y, más peligroso aún, del intervencionismo oficial, una práctica común. En vista del conflicto surgido, no han podido ser renovadas las autoridades rectorales y decanales de las UA, lo cual añade un elemento más de conflicto a nivel interno.

i) Creación de “universidades” oficialistas. En los últimos años, el gobierno bolivariano ha creado más de 30 universidades. El mayor logro de esta nueva política ha sido la masificación de la matrícula universitaria: en pocos años ingresaron al sistema de educación terciaria más de 3 millones de estudiantes. Esto se explica por la gigantesca expansión de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Nacional (UNEFA), la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y expresiones de esta última como los Fundos Zamoranos Universitarios, y las Aldeas Universitarias. El nivel académico de estas instituciones, en las cuales prácticamente no se realiza investigación científica de ningún tipo, ha recibido severas críticas. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, el acceso a cargos ofertados por el sector público se ha basado – en los últimos años- en una política discriminatoria que excluye a los egresados de las universidades autónomas y favorece a los de las universidades “oficialistas”.

De igual forma, el estado asigna cada vez mayores presupuestos a estas instituciones, en desmedro del asignado a las UA.

Estas son, de manera muy breve y concisa, algunas de las razones que han llevado a las UA venezolanas a plantear el actual conflicto. Se trata de situaciones que desde hace mucho tiempo se han venido planteando al poder ejecutivo de distinta manera. Siempre ha prevalecido en los universitarios el deseo de no llegar a la confrontación radical, para no afectar el normal desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión. Lamentablemente, el gobierno bolivariano pareciera no estar dispuesto al diálogo ni a la negociación sobre bases serias y en respuesta a las legítimas demandas de los universitarios. Evidencia de ello es la respuesta del flamante Ministro de Educación Superior al preguntársele sobre las medidas a tomar para enfrentar la actual situación de crisis: “¿Cuál crisis?”

Queremos invitarte a que difundas entre tus colegas este documento para ayudarnos a divulgar esta información, con la idea de que se conozca nuestra versión de los hechos y en un intento para que prevalezca la verdad sobre la desinformación.

angelsanabr@gmail.com

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