“Si
consigues ( ) tráeme”. Ninguna frase como esa, es hoy más importante entre
amigos, familiares y vecinos en cualquier parte del país. Porque tiene que ver
con esa especie de tarea forzosa a cuyo cumplimiento están ahora obligados los
venezolanos, sin distinción de clase, sexo o estado civil, con necesidad de
llevar para su casa los más conocidos alimentos que integran la cesta básica de
la que depende cada familia, si es que pretende disfrutar de un plato
tradicional. El peregrinaje que deben cumplir todos los integrantes del hogar,
cuando se trata de “hacer mercado”, en fin, es increíble, penosamente
humillante y desconsiderado.
Asimismo, padecer una enfermedad o cumplir
con un tratamiento médico, es una verdadera calamidad. La escasez de medicinas,
que el propio sector ubica actualmente en más de un 40%, está llegando a
niveles peligrosos. Porque lo que se
está poniendo en serio peligro, es la salud ciudadana. La razón y queja sobre
el porqué eso está sucediendo, a juicio
de las empresas responsables de garantizar el abastecimiento, es la
demora en la entrega de las divisas (dólares) que a través del control oficial
de cambio tendrían que darles respuestas oportunas y confiables.
Ante dicho señalamiento, el gobierno ha
respondido diciendo que el sector privado ha recibido las divisas trampeando
los sistemas, y que el Gobierno, inocentemente y engañado, sí le ha entregado los dólares a los importadores
como es debido, afirmación que, por supuesto, no le cree nadie. De todos es
conocido que desde principios del año pasado, los diferentes gremios que
afilian a importadores, vienen anunciando, con justificada preocupación, que de
no dar acceso a las divisas necesarias, desaparecerían irremediablemente los
inventarios, provocándose una escasez de todo tipo de productos.
¿O es que acaso puede ser eso extraño, cuando
ya es necesario importar el 80% de bienes que necesita y consume la sociedad
venezolana, en el peor de los casos, o un alto porcentaje de insumos, materias
primas y repuestos imprescindibles para producir lo poco que se procesa en el
país?. Además ¿qué más esperar, después de haberse perdido un 50% del parque
industrial y haberse expropiado más de 4
millones de hectáreas de fincas productivas, que luego han pasado a convertirse
en tierras ociosas?.
Por obra y gracia de esta manera de concebir
y conducir la política económica por la que Venezuela se ha regido durante la
última década,el país es hoy un importador por excelencia, una nación con una
soberanía alimentaria hipotecada, y un mercado comprador de alimentos y
medicinas que antes producían los venezolanos, o que alguna vez se plantearon
hacerlo.
Es importante citar que productos importantes
que antes se procesaban en suelo venezolano, y cuya eficiente producción estaba
a cargo del sector privado, luego de su expropiación o adquisición por la
fuerza, estando en manos del Estado, ahora se tienen que adquirir fuera del la
frontera nacional. Es el caso del cemento y las cabillas. En cuanto a
alimentos, la importación directa del Gobierno, que es enorme, además de justificar el nacimiento
de una red comercial divorciada de toda posibilidad gerencial -como alguna vez
sucedió con la Corporación de Mercadeo Agrícola- ha servido para la aparición
de grandes escándalos ante las pérdidas de productos abandonados y podridos en
las aduanas, amén de denuncias -incluso gubernamentales- por compras con sobreprecio, muchas veces sin cumplimiento de
llamados a licitación, o por ser adquisiciones “a dedo”.
Si a este desafortunado panorama se añade la
merma evidente en la producción petrolera, que en el año 1998 superaba los 3
millones de barriles diarios y que hoy se ubica en poco más de 2 millones 500
mil, mientras se regalan millones de dólares a otros países, y hasta se
obsequia gasoil al Estado de Nueva York, en un gesto de filantropía
inexplicable a favor de“El Imperio”, es más que obvia la causa por la que se
han agotado las divisas. Mientras tanto, el Gobierno, en vez de recortar
gastos, insiste en hacer crecer la economía interna echando mano de su libertad
para imprimir dinero sin contrapartidas en el BCV, y apelar, una vez más, a una
empobrecedora devaluación colectiva, cuyos efectos sociales se trata de
apaciguar desarrollando una dura y violenta campaña contra la empresa privada.
Venezuela, que exhibe el más alto índice
inflacionario de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, se mueve entre
estas contradicciones, improvisaciones y audacias destructivas de la capacidad
de compra de sus habitantes. Su Gobierno procede en nombre de un pueblo al que,
sin consulta ni consentimiento, y en peores condiciones para el que menos
ingreso percibe, obliga a empobrecerse a diario. Pero, además, hoy también
ostenta la peculiar característica de ser el único petroestado que necesita
devaluar para poder cubrir sus requerimientos básicos, ya que un ingreso sobre
100 $ por cada barril de petróleo que
vende, no le alcanza.
Pero mientras eso ocurre en el orden micro y
macroeconómico, el país se adentra en el último mes del primer trimestre del 2013, sin haber podido superar
el cuadro político cargado de incertidumbre que se produjo a comienzos de
diciembre del 2012, después que el reelecto Presidente de la República dejó
entrever que habría la posibilidad de no poder asumir el mando al que, por derecho constitucional, le correspondía jurar
el 10 de enero del año en curso. Se
trata de una realidad que mantiene de manos atadas a quienes están a cargo de
ciertas áreas del poder público, pero que, además, les anula, aparentemente, en
su obligación de actuar para que tal situación no siga complicándose.
El Gobierno se debe abocar a corregir las
verdaderas causas del problema, y lo tiene que hacer sin demoras condicionadas
por pragmatismos políticos: reducir gastos (nóminas y dependencias oficiales);
incrementar la producción petrolera; regresar o vender las empresas privadas
expropiadas o incautadas convirtiéndolas nuevamente en productivas, para que
dejen de ser focos de corrupción y/o cargas para el Estado; paralizar la
incautación de tierras y regresar las supuestas expropiadas a sus legítimos
propietarios productores; facilitar el crédito a los productores del campo;
crear incentivos para que la industria privada nacional contribuya a reducir
las importaciones y a crear puestos de trabajo productivos; reducción de los
impuestos que, en su conjunto, hoy son los más altos del Continente, en procura
de que estas reducciones se conviertan en beneficios equivalentes de aumentos
salariales, permitiendo llegar a un salario DIGNO y no mínimo, y combatiendo
así el único y verdadero enemigo de la prosperidad, como es la pobreza.
Asimismo, eliminación de tantas alcabalas de permisería que sólo inducen al
peaje y a la corrupción.
Esto sólo se puede hacer, por supuesto,
eliminando el odio, los insultos; llamando a todos los sectores a integrarse y
con el único propósito de sacar el país adelante.
Hay que definir la situación política,
aclarar y comprobar cuál es la verdadera situación del Presidente. Esto tiene a
todos los ciudadanos sumidos en una incertidumbre. Si el inicio de la solución
es ir a elecciones nuevamente, hay que
ir. Eso sí, que los competidores tengan una única meta similar: PAZ,
PROGRESO, JUSTICIA Y LIBERTAD.
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