CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, PODERES SALVAJES.

Luigi Ferrajoli es reconocido mundialmente como una autoridad en lo que se refiere al estado de derecho y los derechos humanos.

Vale la pena destacar lo que dice el eminente jurista italiano, Luigi Ferrajoli, en un libro publicado en el 2011:

Luigi Ferrajoli

Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional

Editorial Trotta, Madrid, 2011

p.21

Está en curso un proceso de desconstitucionalización del sistema político italiano. Este proceso se ha manifestado en la construcción de un régimen antiliberal basado en el consenso o, cuando menos, en la aquiescencia pasiva de una parte relevante de la sociedad italiana a una amplia serie de violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución. Con todo, su aspecto más grave radica en el rechazo por parte del actual grupo del gobierno, más que de la Constitución de 1948, del propio constitucionalismo, es decir, de los límites y los vínculos constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Ello ha dado como resultado la progresiva transformación de hecho de nuestro sistema político en una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización  de ese complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones de garantía que constituye la sustancia de la democracia constitucional. La idea elemental que está en la base de esta pretensión es que el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, serviría para legitimar todo abuso y para deslegitimar críticas y controles. Así, el edificio de la democracia constitucional resulta minado de raíz en su totalidad: porque no se soporta el pluralismo político y constitucional, por la desvalorización de las reglas; por los ataques a la separación de poderes, a las instituciones de garantía, a la oposición parlamentaria, a la crítica y la prensa libre; en definitiva, por el rechazo al paradigma del estado constitucional de derecho como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder.

Por otra parte, el proceso desconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de valores constitucionales en las consciencias de una gran parte del electorado: por indiferencia, por falta de sentido cívico o por el cambio de la propia concepción de la democracia en el imaginario colectivo. Veinte años de intentos de contrarreformas constitucionales y de agresiones a la carta de 1948 —sistemáticamente descalificada como vieja y superada, e incluso como responsable de la ineficiencia del sistema político— han producido la caída del valor de la Constitución en el sentido común. Es este, como veremos, el daño más profundo. Una democracia puede quebrar aun sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso. Recuérdese el último artículo de la Constitución francesa del año III: “El pueblo francés encomienda la presente constitución a la lealtad de los poderes públicos  y a la vigilancia de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, al coraje de todos los franceses”. En estas dos garantías, de carácter político y social —la garantía política de la “lealtad” de los poderes públicos y la garantía social de la “vigilancia” de los ciudadanos—, descansa la efectividad de las garantías jurídicas y, con ellas, del estado de derecho de la democracia. Hoy no es posible confiar en la lealtad de los titulares de los poderes de gobierno, al ser ellos mismos los promotores de la deformación constitucional. Y la vigilancia de una parte relevante de la opinión pública decrece progresivamente, anestesiada por la propaganda.

         Este debilitamiento de la dimensión constitucional de nuestra democracia se interpreta habitualmente en el debate público como el precio pagado por el reforzamientos de su dimensión política, debido a la atribución a los electores del poder de elegir en cada ocasión la coalición gobernante. En otras palabras, como reducción y una desvalorización de la dimensión legal de la democracia en beneficio de la valorización de su dimensión política y representativa, concebida, por lo demás, como el único fundamento de la legitimidad de los poderes públicos.

p.50

Cuando la identificación entre jefe y pueblo no es solo un tesis propagandística sino que se propone como un rasgo constitucional y como una fuente de legitimación de los poderes públicos. El populismo equivale a un nuevo y específico modelo de sistema político. Corresponde a esa forma degenerada de democracia que Aristóteles llamó “demagogia” y definió, con extraordinaria lucidez, como el régimen en el que “el soberano es el pueblo y no la ley […] los muchos tienen el poder no como individuos, sino en conjunto”.8 En tal concepción del pueblo como “conjunto” y en la identificación del jefe con él reside el rasgo característico del fascismo.

p. 51

La existencia de un jefe carismático es siempre incompatible con la democracia, o cuando menos indica un debilitamiento de su dimensión política y representativa y no solo de su dimensión constitucional.

p. 60

…los elevados sueldos de que gozan los “elegidos” –en el parlamento nacional como en todas las instituciones electivas— sus privilegios, el consiguiente cambio de estatus económico, unido  su nombramiento desde arriba generan en todos ellos un interés personal en la conservación del cargo y, con ello, la sumisión a quien los ha nombrado y podría volver a hacerlo o revocarlos, que deforman radicalmente su función pública de representación política.

p. 62

Cuando, además, como sucede en Italia, tal propiedad [de los medios] está en la mayor medida en manos de quien es titular del máximo poder político y tiene el control de gran parte de la televisión pública, el destino del que produce información  y, por ello, de la información misma está a merced de ambos poderes, el privado y el público, sólidamente entrelazados. [N. del t.: se refiere a Berlusconi].

p. 63

Controlando la información, escribió Condorcet, el poder político persigue la homologación ideológica y política, haciendo que “los ciudadanos no aprendan nada que no sirva para confirmarles en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar en ellos17

8 Este bello pasaje de Aristóteles (Política, traducción de J. Marías y M. Araujo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989m 1292ª, p, 176) ha sido recordado por V. Pazé. “Democrazia e populismo”, Nuvole 40 (2010). En el mismo pasaje, Aristóteles añade: “En las democracias de acuerdo con la ley no hay demagogos  sino que son los mejores ciudadanos los que tienen la preeminencia, pero donde las leyes no tienen la supremacía surgen los demagogos” y “los aduladores son honrados”. Y más adelante: “•Donde las leyes no tienen autoridad no hay república”, (En la versión italiana se dice “no hay constitución”. [N. del t.]”

17 M. Condorcet, Rapport sur l’instruction publique,  Edlig, 1989, p. 95 (traducción castellana de T, del Amo Martín, Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos, Morata, Madrid, 2000).

Carlos Armando Figueredo

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