El ajuste al precio interno a la
gasolina es un tema tabú, un punto de honor para el consumidor venezolano. El mensaje
utilizado por los gobierno a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que
va del XXI, de que el petróleo es propiedad de todos, ha calado hondamente en
la mente de la población, sobre todo en los sectores de menores ingresos.
Igualmente, ha colaborado en esta creencia, el papel asignado a la política de
subsidios de factor distributivo de la renta petrolera
¿Por
qué se tiene que debatir abiertamente, la situación de os subsidios?
Básicamente por tres razones: el elevado costo de oportunidad que está
alcanzando (representado fundamentalmente por los ingresos que se dejan de
percibir al no exportar el combustible); La distorsión que se produce en los
precios internos, que estimulan el consumo y genera ineficiencias en la
producción industrial y los daños al medio ambiente producidos por el parque
automotor.
Países
como México, Irán y Nigeria, con situaciones similares a la nuestra, han
decidido reducir gradualmente o eliminar este subsidio a la gasolina, para lo
cual han realizado ajustes al precio interno de sus combustibles.
En
México los precios de la gasolina son precios administrados que no se
determinan bajo las interacciones de oferta y de demanda como en una estructura
de mercado. El responsable de administrar estos precios es el Ejecutivo Federal.
Esta facultad recae en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
quien realiza análisis técnicos para determinar los precios de las gasolinas y
el diesel.
El
objetivo del ajuste consiste “… en instrumentar, de manera gradual, esquemas
tarifarios que reflejen costos de oportunidad de todos los energéticos e incentiven
el uso eficiente de la energía, protegiendo a la población de escasos recursos
mediante programas de subsidios focalizados” (Estrategia Nacional de Energía,
2010 «Art. 5.3.2»). Se ajusta el precio en un centavo de dólar mensual.
La
reforma aplicada: i) intenta proteger a estratos más pobres de cualquier pérdida
de bienestar por vía de estos subsidios, y aumentar su participación en el
ingreso; ii) eliminar la regresividad absoluta en la distribución de estos
recursos, a favor de asignaciones progresivas.
“A
fines de 2010, Irán implementó una reforma mediante la cual eliminó -o redujo
significativamente- la mayor parte de los subsidios al consumo, entre ellos los
de la gasolina, la electricidad y alimentos. Para algunos rubros la eliminación
del subsidio implicó un aumento en el precio de hasta veinte veces el original,
mientras que para la gasolina el precio subió cuatro veces, con miras a seguir
aumentando hasta llegar, en un lapso de cinco años, a un mínimo de 90% del
precio de exportación. La reforma iraní logró eliminar unos US$ 50-60 millardos
anuales en subsidios.” (Pedro Rodríguez 2013)
El éxito de Irán, fue que la
reforma no se vendió como un ajuste en el precio, sino como un cambio en la
forma de hacer llegar el subsidio a la población. A tal fin, se distribuyó
directamente a cuentas individuales de los hogares un 50% de los ingresos
ahorrados por la reducción de subsidios. Previo al aumento en los precios, se
adelantó una campaña para lograr que la mayor parte de los hogares se
inscribiesen en el mecanismo de compensación.
Una vez
creadas las cuentas y previo al aumento en los precios, se procedió a depositar la primera
compensación, la cual se mantuvo congelada hasta la fecha en que se redujeron
los subsidios. En efecto, antes de que ocurriera el aumento en los precios, los
hogares tenían información confiable sobre su estado de cuenta y la magnitud de
la compensación, lo cual mitigó cualquier problema de credibilidad. Otro 30%
fue distribuido entre 7 mil empresas y el 20% restante se utilizo para ayudar
al sector público. El éxito de la medida se encuentra en la abundante y
constante información que se le dio a la población y una coherente política
comunicacional que vendió la medida como una reforma del sistema de subsidios y
no un ajuste del precio del combustible (Carlos Muñoz[1],
2013).
En
cambio la reforma aplicada en Nigeria, no tuvo los resultados esperados. El
1ro. de enero de este año 2012, el gobierno de Goodluck Jonathan aumentó los
precios de la gasolina, prometiendo usar lo ahorrado para mejorar los sectores
de salud, educación e infraestructura eléctrica. El precio aumentó de US$
0,40/litro a US$ 0,86/litro. Inmediatamente los principales sindicatos de
trabajadores llamaron a un paro nacional que logró paralizar la economía
nigeriana, a la vez que se generaron numerosos disturbios en las principales
ciudades. (Rodríguez, 2013) En Nigeria no lograron el cometido, pues el
programa de reforma se anunció sin anticipación. Simplemente se habló de
estimular la economía y aliviar la pobreza. “Sonaba a una promesa política, lo
cual desató protestas y perdieron la oportunidad” (Muñoz, 2013)
Como se
desprende de lo señalado, diferentes países petroleros han iniciado reformas
sustanciales a su política de subsidios a los combustibles, para hacerla más
eficiente El profesor del IESA Pedro Luis Rodríguez[2]
, de quien se han tomado las ideas principales de este artículo, señala: “Una
política de actualización de precios de la energía debe acompañarse con una
política de compensación, al menos para los hogares más pobres. Es de resaltar
que el subsidio a la gasolina no es más que un mecanismo de asignación de renta
petrolera, por lo que la propuesta sería reemplazar un mecanismo ineficiente y
poco equitativo por otro más transparente y progresivo.
Todo mecanismo de asignación directa de la renta debe responder las siguientes tres preguntas: 1- ¿A quién? 2- ¿Cuánto? y 3- ¿Cómo? Para responder estas interrogantes es necesario tomar en cuenta el objetivo planteado, la viabilidad política, la viabilidad económica, la viabilidad técnico-administrativa y por último, aunque no por ello menos importante, posibles consecuencias inesperadas.”
Todo mecanismo de asignación directa de la renta debe responder las siguientes tres preguntas: 1- ¿A quién? 2- ¿Cuánto? y 3- ¿Cómo? Para responder estas interrogantes es necesario tomar en cuenta el objetivo planteado, la viabilidad política, la viabilidad económica, la viabilidad técnico-administrativa y por último, aunque no por ello menos importante, posibles consecuencias inesperadas.”
[1] Director General de Investigación en
Política y Economía Ambiental, Instituto Nacional de Ecología.
México
Narciso Guaramato Parra
@guaramatoparra
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