Una afirmación nada original pues luego de 14
años es una realidad, sin embargo es de interés reflexionar sobre la necesidad
de restaurar la vigencia constitucional y sobre todo aquello que estamos
dispuestos a ejecutar en tal sentido. Veamos.
En primer término la vigencia de un texto
constitucional conforma la base para propender a una convivencia nacional
armoniosa, lo que en modo alguno significa una garantía para alcanzar tal modo
de vida, pero sí lo es de un esfuerzo estatal y del colectivo en pro de su
consecución, sin embargo cuando de facto un régimen en gobierno se atreve a
anular incluso esta expectativa de
derecho, da lugar a un estado de cosas como el que se padece en Venezuela a
partir del 11 de abril de 2002.
Porque todos los índices socio-económicos
científicamente reconocidos certifican el fracaso del Estado socialista en su
gestión de 14 años, incluyendo aquellas áreas donde el beneficio de las cifras
no justifican la inversión dineraria realizada, tal es el caso del publicitado
índice de pobreza nacional, donde Venezuela se ve superada por países que como
Chile están lejos de la capacidad financiera de ésta la patria de Simón Bolívar.
De allí que, el proceso de anarquía
progresiva vigente en Venezuela, "in crescendo" a partir de la
ausencia temporal del teniente coronel Chávez, requiere de una terminación,
caso contrario perderemos incluso nuestra condición de República para degradar
a un status similar al de la isla-cárcel Cuba.
Como de lo anterior no requerimos de mayor
explicación por constituir un hecho público, notorio y comunicacional pasaremos
a un punto de mayor complejidad. El qué hacer y el cómo.
En anteriores oportunidades nos hemos
referido a los mecanismos establecidos en la propia Constitución de Venezuela
para garantizar la restitución de su plena vigencia una vez derogada esta por medios distintos a los contemplados en su
texto. Entre tales mecanismos destacan: La vía electoral, las causales de falta
absoluta de quien usurpe el poder político y las manifestaciones públicas
pacíficas; dispositivos varios que dispersos en la Carta Magna configuran
incluso instituciones políticas como la rebelión popular consagrada formalmente
en el artículo 350.
Todo lo anterior, de eficacia comprobada en
otras latitudes, requiere como es lógico de un núcleo organizado en capacidad
de liderar tales procesos de restitución constitucional. En Venezuela tenemos
una Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estatutariamente constituida a tales
efectos sin embargo resulta obvio que
desde su conformación en fecha 8 de junio de 2009 en la ciudad de Caracas, a la
fecha presente, su accionar político incluyendo los eventos comiciales
celebrados, sólo ha servido para legitimar ante el mundo un régimen político en
gobierno absolutamente ilegítimo desde aquel 11 de abril.
Por consiguiente, el hecho de que en la
actualidad el responsable del prenombrado régimen, teniente coronel Hugo Chávez
se encuentre fuera del territorio nacional por causas objetivamente
desconocidas por los venezolanos, no existiendo siquiera certeza sobre su
estado de salud, incluso se ignora su
condición real de persona con vida, todo ello en medio de una inminente crisis
socio-económica que se atisba sin precedentes, gobernados hoy día por unos
apoderados del militar ausente que pretenden públicamente sostenerse en el
poder a contracorriente de la Carta Magna; es el caso, que si para el próximo
10 de enero, fecha constitucionalmente establecida para el inicio del nuevo
periodo presidencial, el teniente coronel Hugo Chávez no hace formal acto de
presencia ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de
Justicia a los fines de su juramentación, y en caso que tal ausencia no da
lugar a un proceso constitucional para verificar su estado de salud, todo
ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, a partir de esa
eventualidad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva
vigencia de la Constitución de Venezuela.
ORA y LABORA.
caballeropercival@hotmail.com
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