La
enfermedad del Presidente ha copado noticiosamente la escena nacional e
internacional. Lo que en su origen era un problema médico, devino en un
problema político matizado por información confusa e insuficiente,
incertidumbres y especulaciones.
Tal
como se esperaba, este proceso ha llegado al cénit cuando nos aprestamos a
iniciar un nuevo período presidencial sin la presencia del presidente electo.
Esta circunstancia ha desatado un debate sobre
legalismo constitucional en el cual estudiosos académicos, renombrados
juristas y curiosos en general, se han
dado a la tarea de interpretar, con la debida pulcritud jurídica, lo que
prescribe la Constitución sobre este
tema.
Sin
embargo, ¿tales precisiones preocupan por igual al pueblo venezolano? Aparte
del reducido grupo encargado de las exquisitas precisiones
constitucionales, la prensa recoge las
preocupaciones de otros venezolanos que no consiguen productos fundamentales de
la cesta básica; que se resienten por la
inseguridad que no descansa; que le temen al
desempleo. Adicionalmente, otro grupo, menos numeroso, también
manifiesta una gran preocupación desde la cúpula del PSUV, pues frente a
la lectura anticipada del testamento,
hay ciertos malestares por la manera
como se repartió la herencia.
Estoy
persuadido que en una sociedad democrática, el único imperio que podemos
aceptar es el de la ley, que no parece ser el caso venezolano.
Recientemente, el TSJ decidió jubilar a
un grupo de magistrados utilizando procedimientos alejados de la ortodoxia
legal. Tiempo atrás, una mayoría de
venezolanos dijo que no al presidente en su propuesta de reforma
constitucional, decisión que fue
descaradamente burlada por el mandatario. En la actual Constitución se habla de
propiedad privada y no de socialismo, pero en la práctica el gobierno irrespeta
a la propiedad privada y promueve un supuesto socialismo constitucional. En
resumidas cuentas, la laxitud acomodaticia como el chavismo ha manejado la Constitución,
cuestiona la existencia de un
"Estado de Derecho".
El
país está sumido en una discusión de dominio privado como es la disputa
sucesoral al interior del PSUV. Si bien HCF tomó su decisión, DC no está de
acuerdo pues se siente, y con razón, sucesor con mayor legitimidad que NM.
Ambos han creado un ambiente de turbulencia política y legal, en el cual han
"negociado una torcida interpretación del texto constitucional",
debatida ampliamente el pasado martes.
Lo
medular de este asunto es que esta supuesta democracia no está soportada por un
Estado de Derecho; que los frecuentes sufragios no son suficientes para
profundizar la democracia; que por el hecho de que muchos ciudadanos nos
expresemos con verdadera libertad tal expresión está confinada a un grupo muy
reducido que no reviste ninguna
preocupación a un régimen monocrático que controla todos los poderes públicos.
Lo
importante en este momento no es cómo ni cuándo se juramentará HCF. No, la
gravedad del momento está planteada en la manera inescrupulosa como se
administra la justicia; en la
descalificación del ejercicio del derecho;
en el poco sentido que tiene el estudio de una disciplina que no aparece
dentro de las prioridades del proyecto socialista.
Elementos
de tanta gravedad ameritan que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales;
las facultades de ciencias jurídicas; los colegios de abogados denuncien ante la comunidad internacional, la
aniquilación del "Estado de Derecho".
Mayora.j@gmail.com
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