lunes, 14 de enero de 2013

JOSÉ MAYORA, EL ESTADO DE DERECHO ES ZURDO

La enfermedad del Presidente ha copado noticiosamente la escena nacional e internacional. Lo que en su origen era un problema médico, devino en un problema político matizado por información confusa e insuficiente, incertidumbres y especulaciones.

Tal como se esperaba, este proceso ha llegado al cénit cuando nos aprestamos a iniciar un nuevo período presidencial sin la presencia del presidente electo. Esta circunstancia ha desatado un debate sobre  legalismo constitucional en el cual estudiosos académicos, renombrados juristas y curiosos en general,  se han dado a la tarea de interpretar, con la debida pulcritud jurídica, lo que prescribe la  Constitución sobre este tema.

Sin embargo, ¿tales precisiones preocupan por igual al pueblo venezolano? Aparte del reducido grupo encargado de las exquisitas precisiones constitucionales,  la prensa recoge las preocupaciones de otros  venezolanos  que no consiguen productos fundamentales de la cesta básica; que se resienten por  la inseguridad que no descansa; que le temen al  desempleo. Adicionalmente, otro grupo, menos numeroso, también manifiesta una gran preocupación desde la cúpula del PSUV, pues frente a la  lectura anticipada del testamento, hay ciertos malestares por  la manera como se repartió la herencia.

Estoy persuadido que en una sociedad democrática, el único imperio que podemos aceptar es el de la ley, que no parece ser el caso venezolano. Recientemente,  el TSJ decidió jubilar a un grupo de magistrados utilizando procedimientos alejados de la ortodoxia legal. Tiempo atrás, una mayoría de  venezolanos dijo que no al presidente en su propuesta de reforma constitucional, decisión que  fue descaradamente burlada por el mandatario. En la actual Constitución se habla de propiedad privada y no de socialismo, pero en la práctica el gobierno irrespeta a la propiedad privada y promueve un supuesto socialismo constitucional. En resumidas cuentas, la laxitud acomodaticia como el chavismo ha manejado la Constitución, cuestiona la existencia de un   "Estado de Derecho".

El país está sumido en una discusión de dominio privado como es la disputa sucesoral al interior del PSUV. Si bien HCF tomó su decisión, DC no está de acuerdo pues se siente, y con razón, sucesor con mayor legitimidad que NM. Ambos han creado un ambiente de turbulencia política y legal, en el cual han "negociado una torcida interpretación del texto constitucional", debatida ampliamente el pasado martes.

Lo medular de este asunto es que esta supuesta democracia no está soportada por un Estado de Derecho; que los frecuentes sufragios no son suficientes para profundizar la democracia; que por el hecho de que muchos ciudadanos nos expresemos con verdadera libertad tal expresión está confinada a un grupo muy reducido que no reviste  ninguna preocupación a un régimen monocrático que controla todos los  poderes públicos.

Lo importante en este momento no es cómo ni cuándo se juramentará HCF. No, la gravedad del momento está planteada en la manera inescrupulosa como se administra la justicia;  en la descalificación del ejercicio del derecho;  en el poco sentido que tiene el estudio de una disciplina que no aparece dentro de las prioridades del proyecto socialista.

Elementos de tanta gravedad ameritan que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; las facultades de ciencias jurídicas; los colegios de abogados denuncien  ante la comunidad internacional, la aniquilación del "Estado de Derecho".

Mayora.j@gmail.com

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