ANDRÉS SIMÓN MORENO ARRECHE, ENTRE ESTADO Y GOBIERNO

Distinguir entre Estado y Gobierno es imprescindible para delimitar las acciones de uno (el Gobierno) y aquilatar la trascendencia del otro (el Estado), porque el Estado representa a toda la nación, mientras que el gobierno no es más que una parte del Estado, y no siempre la más importante, excepción hecha de aquellos países de pronunciado sesgo presidencialista, en los que un caudillo –usualmente autoritario y populista-  subsume la majestad y la institucionalidad del Estado a las políticas transitorias de su Gobierno.

Desde una perspectiva práctica, el Gobierno se define como la gerencia político-administrativa de un país. Una gerencia que tiene un accionar dentro de un lapso preestablecido y sus resultados de gestión deben contrastarse con la oferta electoral hecha a los ciudadanos.  Cuando los Gobiernos son más fuertes que el Estado el problema es de incidencia nacional y se refleja en la pérdida de la institucionalidad republicana y como consecuencia de tal poder, la democracia se reduce a un sufragio de mero trámite electoral plebiscitario, y tal como lo advirtiera Rousseau en El Contrato Social... “el mejor gobierno en sí llegaría a ser el más vicioso, si sus relaciones no se alteran conforme a los defectos del cuerpo político al que pertenece”.

El Estado, en cambio, está relacionado y condicionado por la institucionalidad de sus Poderes, por los procesos sociales de su cultura ciudadana y por la mayor o menor homogeneidad social que brota de los valores sociales compartidos por sus integrantes, los ciudadanos. Un Estado concebido con esas características hace la diferencia entre el terrible Leviatán de Hobbes y el Estado que piensa con la sociedad, de Durkheim. Al Estado pensante lo predefine el marco jurídico institucional, la independencia de los Poderes y sus instituciones y la activa participación ciudadana, siempre enmarcada dentro de la Constitución y las Leyes, que permita al Estado desarrollar su acción como respuesta político-institucional a las cambiantes necesidades de la sociedad, y a través de una burocracia limitada y eficiente, que debe fundarse en el mérito y en una ética específica de la función pública.

Tal como lo definiera Émile Durkheim... “el Estado es el lugar en donde la sociedad reflexiona sobre sí misma”, una poderosa deliberación que nos plantea el flujo de las decisiones ciudadanas como un permanente tráfico de iniciativas, que se inician en las necesidades sociales y aunque sean recogidas por la dirección política y administrativa de los partidos, la participación ciudadana y el Gobierno, ellas –las iniciativas- deben circular por diferentes ámbitos de deliberación de la opinión pública, como las Asambleas Regionales y Nacionales, para expresar las múltiples posiciones ciudadanos a través de los medios de comunicación, y garantizar que puedan ser debatidas libremente en todo tipo de asociación ciudadana. El resultado no es otro que el de constituir una opinión pública que retorne, consensuada y enriquecida al Estado, ahora en su función decisoria y legislativa.

En un Estado concebido por encima de la transitoriedad de cualquier Gobierno, su institucionalidad promueve un Proyecto-País consensuado; sirve para planificar políticas de largo aliento, para prever sus consecuencias y evaluar constantemente los resultados de las gestiones del Gobierno. Esto implica una clara noción del Estado como la suprema institución política de un país, ajeno al decisionismo de los mandatarios transitorios o de la eventual primacía de la política partidista. El Estado así concebido asume, en toda la extensión geográfica del país, la primigenia función de alojar y estimular el pensamiento de la sociedad.

Más importante que votar para seleccionar futuros gobernantes locales, regionales o nacionales, los ciudadanos venezolanos tenemos la obligación de repreguntarnos cuál Estado es el que responde a nuestros valores sociales compartidos y por ende, cuál es el Estado que necesitamos para que la Constitución de la República sea letra viva y de fiel cumplimiento, por encima de la transitoriedad de los gobernantes de turno.

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