Desde el año 2008, en Nicaragua
la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho se han visto
debilitados. El fraudulento proceso electoral municipal del año 2008, en el
cual los resultados fueron manipulados por el Instituto Electoral a favor del
Presidente Ortega, tuvo como consecuencia el retiro de cooperantes europeos y
de la Cuenta Reto del Milenio, que por sí misma representaba ayuda de más de
160 millones de dólares. El gobierno de este país no hizo nada para detener la
fuga de las donaciones, confiando en donaciones del ALBA. Ello ha sigo factor
significante para el deterioro progresivo del país.
En el año 2010, a través de un
decreto, el presidente Ortega prorrogó en sus cargos a través de decreto a más
de 30 altos funcionarios de diferentes poderes del Estado, violando así la
Constitución, que establece el procedimiento para elegir o reelegir a los
mismos. Esto deviene en funcionarios de facto. Ese mismo año, la Constitución
fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, controlada por
Ortega, para que el Presidente pudiera reelegirse, a pesar de la prohibición
que en el artículo 147 de la misma incluye la prohibición.
En el año 2011, el proceso
electoral también fue manipulado a favor de Ortega impidiendo la celebración de
elecciones limpias. Esto fue documentado por observadores nacionales e
internacionales, tales como la Unión Europea y la Organización de Estados
Americanos. Ello ha contribuido a que continúe las dudas razonables sobre el
carácter “democrático” del gobierno de Daniel Ortega.
Hemos recibido en el
Secretariado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
(Redlad), plataforma de impulso a la democracia regional que cuenta con más de
450 organizaciones en las Américas, una
sentida preocupación por varios grupos y personas de Nicaragua ante una crisis
en puerta por la negativa del gobierno de Nicaragua de abrirse al dialogo y evitar
la crisis económica-política que se avecina, con sus implicaciones en los
sectores menos favorecidos.
Año con año, Estados Unidos a
través del Departamento de Estado, otorga a Nicaragua dispensas, o excepciones
para poderle otorgar ayuda financiera a este país centroamericano. La
Embajadora de Estados Unidos en este país, en su primer discurso tras asumir el
cargo, dejó claro que la situación hacía muy poco probable la otorgación de las
dispensas de propiedad y de transparencia fiscal en el año 2012, lo cual
suspendería toda la ayuda financiera de Estados Unidos a Nicaragua, y además
pondría en riesgo los préstamos y donaciones provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otras.
Este nuevo riesgo económico
para Nicaragua afectará severamente la frágil economía del país contribuyendo a
que se incremente la pobreza y la desigualdad ya existente.
El gobierno de Nicaragua no ha
reaccionado públicamente a este mensaje y tampoco ha mostrado interés en
recomponer la situación institucional, contando con mayoría parlamentaria. A
pesar de la insistencia de todos los sectores por un diálogo nacional,
incluyendo a la Iglesia Católica, empresariado, Oposición y Sociedad Civil, no
se ha mostrado ningún tipo de voluntad por resolver la situación o de obtener
las dispensas o “waivers” antes mencionados.
Se ha demostrado que las
sanciones económicas y bloqueos perjudican es a los pueblos, porque los
autoritarios simplemente se benefician del mensaje y sobreviven en la opresión.
Pero en este caso la postura del gobierno de Daniel Ortega pareciera estar
complacido con las posibilidades de una crisis económica sin importar las
consecuencias para el pueblo de Nicaragua.
Es por esto, que el
Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe por la
Democracia preocupada por la estabilidad política y social de Nicaragua y los
derechos de sus ciudadanos, al igual que lo han hecho ya empresarios de
Nicaragua aglomerados en AmCham y COSEP, insta al Gobierno del Presidente
Ortega a dejar de lado posiciones políticas, abrir un diálogo inclusivo e
impulsar un regreso a la institucionalidad democrática del país, así como
garantizar la transparencia fiscal con medidas concretas de consenso con todos
los sectores (sin exclusiones) de Nicaragua. Ello permitiría superar la grave
crisis en la que se encuentra Nicaragua y evitar que la eliminación de las
dispensas acrecenté los problemas del país, manteniendo la estabilidad
macroeconómica y no afectar a la población de Nicaragua, una de las más pobres
del continente. En el caso de la pérdida de ese financiamiento, será el 60% de
la población de este país que sobrevive con $2 o menos al día la principal
afectada.
E-mail: secretariado@redlatinoamerica.org
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