Río Negro - 26-Jun-12 - Opinión
Editorial
Enredo paraguayo
La destitución parlamentaria del presidente paraguayo Fernando Lugo, por mal desempeño de sus funciones, luego de un juicio político apurado, ha planteado a los demás mandatarios de la región un problema muy espinoso.
No se trataba de un "golpe de Estado", ya que se guardaron las formas constitucionales que, claro está, prevén que en ciertas circunstancias los legisladores pueden remover al presidente, pero motivó alarma legítima el que todo haya sucedido con tanta rapidez que Lugo no tuvo la oportunidad para defender su actuación.
Con todo, puesto que la mayoría abrumadora de los legisladores paraguayos votó a favor de destituirlo –en el Senado, 39 a favor y 4 en contra, mientras que en la Cámara de Diputados 76 solicitaron el juicio político de Lugo y uno solo se opuso–, era evidente que su posición se había vuelto políticamente insostenible.
Aunque el expresidente todavía cuenta con cierto apoyo popular y, como sucede en casi todos los países latinoamericanos, los legisladores en su conjunto carecen de prestigio, los intentos de los líderes de los países vecinos por hacer del sucesor de Lugo, Federico Franco, un paria regional, con el propósito de obligar a los paraguayos a restaurar la situación de antes, podrían tener consecuencias nefastas.
Merced al respaldo que le han asegurado los presidentes Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, Lugo no tardó en abandonar la postura conciliadora, según la que se sometería al juicio político y el veredicto de los legisladores, que había asumido inicialmente para adoptar una mucho más desafiante.
Tal vez exageraba Franco al afirmar que el conflicto entre quien dice aún representar el Ejecutivo y casi todo el Legislativo entraña el riesgo de una guerra civil, pero se trata de una eventualidad que no puede descartarse por completo.
Además de retirar embajadores para "consultas" y formular vehementes declaraciones condenatorias, muchos gobiernos de la región quieren castigar a los legisladores responsables de la caída de Lugo aplicando sanciones diplomáticas y, tal vez, económicas a su país, pero sorprendería que tales esfuerzos incidieran de forma positiva en la evolución de la política interna del Paraguay.
Además de retirar embajadores para "consultas" y formular vehementes declaraciones condenatorias, muchos gobiernos de la región quieren castigar a los legisladores responsables de la caída de Lugo aplicando sanciones diplomáticas y, tal vez, económicas a su país, pero sorprendería que tales esfuerzos incidieran de forma positiva en la evolución de la política interna del Paraguay.
Por cierto, la expulsión del Mercosur, como ha propuesto Dilma, no significaría demasiado por tratarse de una organización ya comatosa, y lo mismo podría decirse de la Unasur. En cuanto a otras alternativas que se han planteado, como la que supondría un bloqueo comercial completo acompañado por el cierre de las fronteras, medidas que en el caso de Cuba serían repudiadas por virtualmente todos aunque a pocos se les ocurriría calificar de democrático al régimen de los hermanos Castro, harían aún más graves los problemas económicos y sociales de un país ya desesperadamente pobre y atrasado.
Todo sería más sencillo si fuera cuestión de un golpe de Estado clásico, pero sucede que los legisladores obraron conforme a las reglas aun cuando lo hayan hecho de mala fe, acatando la letra de la Constitución sin respetar el espíritu.
De todas maneras, la crisis política que estalló en Paraguay, un país crónicamente inestable, luego de la muerte de 17 personas al intentar la policía desalojar a un grupo de campesinos de tierras que habían ocupado, refleja entre otras cosas la debilidad intrínseca del sistema presidencialista.
De todas maneras, la crisis política que estalló en Paraguay, un país crónicamente inestable, luego de la muerte de 17 personas al intentar la policía desalojar a un grupo de campesinos de tierras que habían ocupado, refleja entre otras cosas la debilidad intrínseca del sistema presidencialista.
A diferencia de lo que sucede en países en los que impera el sistema parlamentario, remover el jefe de gobierno antes de que haya finalizado su mandato es siempre traumático, ya que a menos que opte por renunciar resulta necesario someterlo a un juicio político, algo que los simpatizantes del mandatario perjudicado pueden atribuir a conspiraciones malévolas.
De haber sido un primer ministro, Lugo hubiera tenido que asegurarse el apoyo de una proporción adecuada de los parlamentarios, pero a juzgar por las votaciones que culminaron con su destitución, se las había arreglado para aislarse hasta tal punto que sólo cuatro senadores y un diputado procuraron frenar el juicio político rapidísimo que, además de poner fin a su mandato, ha brindado a otros mandatarios de la región un pretexto para advertirnos de la supuesta reaparición del espectro del golpismo en América Latina y por lo tanto de la presunta necesidad de tomar medidas autoritarias destinadas a ahuyentarlo.
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