EXPROPIAR AL OBRERO / EDITORIAL DEL DIARIO EL NACIONAL DE CARACAS

Lo grave del asunto es que las condiciones de trabajo y las prestaciones de los trabajadores tienen una importancia mucho mayor que los regalos electorales

Un grupo de trabajadores exige el pago de sus prestaciones sociales | Omar Véliz / Archivo

No contento con haber expropiado a los agricultores, empresarios e industriales, el Gobierno nacional se propone ahora expropiar a los trabajadores. Tras el velo de una misteriosa Ley Orgánica del Trabajo, el Ejecutivo se arroga ahora la facultad de administrar las prestaciones de la clase trabajadora, las cuales centralizará en un fondo cuyas características también son desconocidas. Lo que sí está claro es que será el Ejecutivo quien decidirá dónde se invertirán y a qué se destinaran los ahorros de los trabajadores. De esta manera, el futuro de los obreros y sus familias dependerá de la buena voluntad y capacidad de administración de los gobernantes, de la misma forma en que los beneficiarios de las múltiples misiones están sujetos a su magnanimidad.

Como la Ley del Trabajo será aprobada bajo los poderes otorgados por la inconstitucional Ley Habilitante, y en consecuencia su contenido depende solamente de la voluntad o el capricho del Presidente, no se sabe qué otras sorpresas pueda deparar. Su texto se desconoce a menos de un mes de su promulgación, no se ha discutido en ningún foro representativo y ha sido elaborado de espaldas a los trabajadores organizados. Los patrones tampoco han sido informados, pero mantienen la esperanza de que, como ahora el Estado es el mayor patrón de la nación, la ley no les será muy onerosa. Aunque también abrigan el temor de que incluya cláusulas incosteables, en vista de que entrará en vigencia poco antes de las elecciones y hasta ahora parece no haber dado los resultados esperados cortejar a los votantes con regalos de lavadoras chinas. La Asamblea Nacional, que es el foro donde constitucionalmente debe debatirse y aprobarse una ley orgánica, ha sido totalmente puesta de lado. Por no hablar de los sindicatos y los gremios que normalmente serían consultados y oídos por un gobierno democrático no excluyente.

Lo grave del asunto es que las condiciones de trabajo y las prestaciones de los trabajadores tienen una importancia mucho mayor que los regalos electorales, puesto que gravitan sobre toda la vida económica formal del país. Dejarlas en manos de una sola persona representa por lo menos una imprudencia. Se corre el riesgo de repetir en el mundo de la producción y el trabajo la desdichada experiencia del Fonden, que centraliza inmensos recursos de todos los venezolanos, no se sabe cómo los utiliza y depende exclusivamente del jefe. A éste puede a veces fallarle la memoria, y olvidarse de que había exigido resultados de las inversiones en seis meses o que algunos fondos permanecían ociosos, lo que suele ocasionar tragedias financieras.

Pero los trabajadores venezolanos no son simples cifras contables. Son seres de carne y hueso, ciudadanos que merecen respeto. Hacer caso omiso de ellos cuando se trata de dictar las normas que regularán su actividad y determinarán su futuro significa atentar contra su dignidad, aunque pueda haber algunos mendrugos electorales de consuelo. Nadie lo sabe. Sólo puede saberlo un enfermo convaleciente en Cuba

http://www.el-nacional.com/noticia/30643/10/Expropiar-al-obrero.html

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