Existen multiplicidad de actitudes, enfoques y versiones, sobre lo que habrá de acontecer este año, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2012, donde se va a decidir lo que va a ocurrirle a Venezuela, en lo que resta de siglo.
Vamos entonces a explanar nuestro modesto criterio sobre cuál debe ser la política a seguir por los sectores democráticos en el futuro inmediato.
Lo primero que se nos viene a la mente, es la necesidad de amalgamar a los partidos, grupos de electores y sectores de la sociedad civil quienes, reunidos en torno a la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lograron la hazaña de propinarle una contundente derrota al oficialismo, a pesar de todas las trapisondas, ventajismos y abusos de poder cometidos por los derrotados. Ese primer dato es de una importancia superlativa y de Perogrullo: si con la MUD ganamos a la MUD debemos fortalecerla.
Este año no debería ser asumido como el de la promoción de candidatos a gobernaciones y diputaciones estadales, ni mucho menos utilizarlo para el debate sobre el abanderado presidencial de la mayoría democrática que va a enfrentar al candidato del oficialismo que nadie, en su sano juicio, duda que sea Hugo Chávez.
A menos, claro está, que el deterioro de su imagen y desempeño sea de tal magnitud, que tengan que ir pensando, en la acera de enfrente, en un chavismo sin Chávez. Nada de lo cual es imposible que ocurra.
Este año debe ser utilizado por los activistas de la democracia, por los contendores del atraso comunista, en la organización popular, articulando un trabajo político en los sectores populares hastiados ya, hasta el paroxismo, de este régimen absurdo por el cúmulo de mentiras y engaños prodigados durante estos últimos once años.
Digámoslo de una vez por todas: la oposición no debe quedarse en la simple crítica, natural y lógica contra la legislación inconstitucional del régimen, sino también aprovechar las oportunidades que brinda la demagogia oficial para atacarlos en su propio terreno, desenmascarando su farsa recentralizadora.
Gobernadores y Alcaldes democráticos, según nuestro criterio, han equivocado la defensa de sus posiciones frente a la arremetida oficialista a través de la legislación engañosa de la participación popular.
Porque no es verdad que esa legislación, aprobada entre gallos y medianoche por las focas de la moribunda Asamblea Nacional, se limite a quitar atribuciones y competencias a aquellos organismos de elección popular, sino que la gran farsa que encierra es que tampoco empodera al ciudadano, ni a los Consejos Comunales.
Por el contrario, recentraliza más el poder, pues al apropiarse de recursos de alcaldías y Gobernaciones los traslada a un Fondo Nacional dirigido desde el poder central por un funcionario designado a dedo y divorciado de las bases populares.
Esto es lo que se debe denunciar y así encontrar la solidaridad, para la lucha, de todos los actuales integrantes de esas organizaciones de base incluyendo, por supuesto, a los militantes del PSUV, igualmente víctimas propiciatorias de esa componenda recentralizadora.
El colmo de la arbitraria política recentralizadora del régimen se puso de manifiesto al derogar el principio constitucional de la elección universal, directa y secreta de las Juntas Parroquiales, lo que seguramente va a ser legitimado por un Tribunal Supremo de Justicia timorato, alcahuete y desnaturalizado.
Aunque ya veremos cómo lo van a justificar, cuando es jurisprudencia del TSJ que el derecho ciudadano a la elección universal, directa y secreta es supraconstitucional porque forma parte de los derechos humanos inalienables, inderogables e imprescriptibles.
Son más de trece mil líderes de sectores populares que quedan desempleados a pesar de haber sido electos directamente por el pueblo, para ser sustituidos por otros escogidos en elección de segundo grado, por funcionarios del partido de gobierno.
Allí deben estar presentes los dirigentes democráticos de esas comunidades haciendo causa común con los oficialistas, también electos democráticamente, en un esfuerzo unitario a favor de la participación y contra el centralismo atosigante de un régimen agotado y temeroso de la elección popular.
AD propone la conformación de bloques (socialdemócrata, socialcristiano, centro-humanista, etc) que desarrollen esa política organizacional en los sectores populares, para que en los primeros meses del próximo año con la mayor participación ciudadana, podamos escoger mediante elecciones primarias al abanderado democrático que va a tener la inmensa responsabilidad de derrotar a estos corruptos que desgobiernan a Venezuela.
La MUD derrotó al gobierno en las legislativas, lo va a derrotar en el 2012 y, a partir de 2013, tendrá la histórica y ciclópea tarea de reconstruir a Venezuela.
AD hará esfuerzos para que el precandidato del bloque socialdemócrata sea el abanderado presidencial de la MUD, pero si el resultado de las primarias nos fuera adverso, le pediremos al candidato triunfante: “ordene, candidato, las tareas correspondientes al bloque socialdemócrata para hacerlo Presidente”.
Y en el 2013 le exigiremos al Presidente (socialdemócrata, socialcristiano, humanista): ordene. Presidente, las tareas para la estabilidad democrática sin prebendas ni canonjías, distintas a la prioritaria necesidad de modernizar al Estado venezolano.
No es que seamos ingenuos, es que estamos obligados a hacerlo así, por las próximas generaciones que no nos perdonarían una actitud distinta.
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