Con más poderes otorgados por la Asamblea oficialista en las últimas semanas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consolida la que él llama su Revolución Bolivariana.
El 2011 recibe a Venezuela con un escenario de incertidumbres. Un Presidente con más poderes para ignorar a la Asamblea Nacional, que desde el 5 de enero tendrá el 40% de diputados de oposición (67 de los 165 escaños); normas que incrementan el control del Estado sobre los medios, la banca, las universidades, organizaciones no gubernamentales; y un ambiente de impotencia que crece en esa nación y fuera de ella.
El mes pasado, la Asamblea de mayoría oficialista aprobó una nueva Ley Habilitante, la cuarta en el régimen de Hugo Chávez, que bloqueará la acción de los nuevos legisladores, pues se dio facultad al Ejecutivo para legislar por 18 meses en ámbitos relacionados con la defensa, seguridad ciudadana, reordenación territorial, economía y vivienda, bajo el argumento de que así se atendería a los afectados por las inundaciones que causaron las lluvias en las últimas semanas.
Sin embargo, Chávez ya habló de unas 20 leyes que emitirá con esos poderes y advirtió a los diputados opositores, elegidos en los comicios del 26 de septiembre pasado y que son la esperanza de una parte de la población, que tendrán difícil su trabajo.
“Son ‘pitiyanquis’ (aduladores de Estados Unidos) y aspirarían a hacer leyes ‘pitiyanquis’, pero no podrán hacer ni una”, indicó hace días el Mandatario, al tiempo que la actual Asamblea ofreció sesiones especiales hasta el 4 de enero para tramitar más normas a ritmo acelerado.
En las últimas tres semanas del 2010 aprobó una serie de leyes polémicas. La de Educación Universitaria, que contiene 111 artículos y disposiciones transitorias, deja en manos del Ejecutivo la tarea de reglamentar aspectos de la vida universitaria. Cecilia García, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sostiene que es “un golpe de Estado a la academia”, pues se intenta violentar la autonomía que cita el artículo 109 de la Constitución y controlar la libertad de cátedra para implantar un “pensamiento único”.
Pero el ministro de Educación Superior, Edgardo Ramírez, aseguró a la prensa local que hay rechazo porque “las autoridades universitarias ya no podrán hacer y deshacer con el presupuesto como acostumbraban”. Esa ley fija la creación del Consejo Nacional de Transformación Universitaria, que articulará las instituciones de educación superior con el órgano rector y organizaciones del poder popular para “adaptar la universidad al momento histórico que vive el país”, según sus defensores.
Otra ley cuestionada es la de Instituciones del Sector Bancario, que declara a esta actividad “de utilidad pública, lo que la hace objeto de expropiación”, según el diario El Nacional de Caracas. Analistas creen que se busca agilizar el proceso de nacionalización de otros bancos, pues actualmente el gobierno controla el 30% del sector y el resto está en manos privadas.
Además, la norma pone restricciones a la banca, que solo podrá destinar hasta el 20% de su cartera de créditos para consumo (vehículos, tarjetas de crédito y préstamos personales).
La Ley de Telecomunicaciones y la reforma a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también generan rechazo, al igual que la de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que contempla sanciones contra organizaciones políticas que reciban financiamiento internacional. Proclama multas, la inhabilitación política de cinco a ocho años del presidente del grupo y prohíbe invitar a personas u organizaciones extranjeras a “irrespetar la soberanía nacional”.
Ocurrió tras años de acusaciones de Chávez de que dinero de EE.UU. ayudó a financiar el golpe de Estado de abril del 2002 que lo derrocó por 48 horas.
La reforma a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones establece que los diputados venezolanos no podrán votar contra el partido que los postuló y quienes violen la norma serán suspendidos o inhabilitados. Para los seguidores de Chávez, esto impedirá el fraude a los electores y los llamados “saltos de talanquera” (camisetazos), pero para sus críticos contradice la libertad de conciencia.
La Ley de Autogobierno Comunitario, según la Asamblea, busca delinear el poder popular para crear comunas y fomentar el llamado socialismo del siglo XXI, modelo que se basa en la lucha contra “el imperialismo”. Y para secundar a esta norma se alistan otras leyes: de Contraloría Social, de Planificación Pública y Popular; del Sistema Económico Comunal, y de Comunas. Ricardo Sucre, analista político de la UCV, considera que así se “está montando un poder paralelo para fortalecer el poder central a través de estructuras alineadas con el gobierno. Desde ahí se puede tratar de quitar peso a la nueva Asamblea diciendo que se van a consultar las leyes con el pueblo”, refiere.
El cardenal de ese país, Jorge Urosa, es más radical al decir que “Venezuela avanza hacia una dictadura” y recordó que Chávez está decidido a llevar al país hacia un régimen marxista-socialista. Mientras que desde el exterior, Ileana Ros-Lehtinen, legisladora republicana cubano-estadounidense que presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU., califica de vergonzoso que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mayoría de estados miembros no se hayan pronunciado. “No tomar partido en la lucha entre tiranía y democracia en Venezuela solo ayuda al lado tiránico”, dice.
Ampararse en leyes habilitantes para aumentar su poder ha sido la táctica de Chávez en sus casi doce años de gobierno. Lo hizo en 1999 (por seis meses y medio), en el 2000 (un año) y en el 2007 (18 meses), y así aprobó más de un centenar de decretos y leyes para afianzar la que él llama su Revolución Bolivariana.
A fines del 2004 puso en marcha su Ley de Tierras, que permite al Estado tomar latifundios o hectáreas improductivas para distribuirlas a cooperativas campesinas; y desde el 2007, tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre del 2006, inició un proceso de nacionalización de empresas de sectores estratégicos (petrolero, eléctrico, telefónico y alimentario).
Según el diario El Universal de Caracas, entre diciembre del 2004 hasta noviembre del 2010, el gobierno hizo 779 expropiaciones, y los sectores agroindustrial, hidrocarburos e inmuebles lideran esa lista. Se temen medidas más agresivas, pues el propio Mandatario habló de implementar una Ley de Refugios y de Albergue, y otra Ley de Terrenos para “recuperar lotes, para que más nunca nos llamen invasores. Hay que recuperar todo terreno que esté abandonado, edificio solo, para ir construyendo las viviendas o acondicionando los edificios”, expresó el pasado 27 de diciembre.
Chávez busca mayor control, de cara a las elecciones presidenciales del 2012, en las que aspirará a un tercer mandato, advierten analistas. En ese sentido, según el internacionalista Mauricio Gándara, se explica el creciente ataque a los medios, en supuesta defensa de los pobres, a quienes asiste con subsidios, para polarizar a la población.
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.