"Con esta decisiòn el TSJ sigue perdiendo prestigio y demuestra que està al servicio del Gobierno y no de la Constituciòn".
La reciente sentencia de la Sala Plena del TSJ, según la cual, los diputados electos que están siendo procesados penalmente (presos como el comisario Mazzuco, o en libertad como RIchard Blanco) deberán seguir sometidos a juicio a pesar de haber sido ya proclamados como nuevos parlamentarios, constituye una decisión que contradice abiertamente la Constitución y la tradición jurídico-política de las últimas décadas en Venezuela, así como también apuntala un sistema judicial arbitrario y servil.
En efecto, el artículo 200 de la Constitución vigente señala de manera clara e inequívoca que la inmunidad parlamentaria comienza con la proclamación de los diputados electos. Esto se traduce, entre otras cosas, que gozan del beneficio o privilegio del antejuicio de mérito, y que para ser juzgados, primero debe darse este procedimiento especial que determina en forma previa si hay méritos suficientes para que se lleve a cabo un juicio. Obviamente, mientras eso ocurre, el beneficiario de tal privilegio permanece en libertad.
En el caso de los diputados electos que están presos o bajo juicio pero en libertad, si bien ya sus procedimientos penales estaban en curso y la Constitución no ordena que se suspendan de manera expresa -argumento usado por la Sala para decidir-, lo cierto es que al adquirir la inmunidad con la proclamación, la misma debe surtir efectos, y uno de ellos sería en este caso la suspensión de los juicios y la liberación inmediata de los detenidos o la suspensión del régimen de presentación, ya que debe darse el antejuicio señalado. Si no fuera así, la Constitución no aclararía que la inmunidad opera desde la proclamación, sino que diría que es estrictamente desde el comienzo del ejercicio de las funciones.
Aunado a la letra de la Constitución, hay varios precedentes en la historia política venezolana en los que un procesado ha sido inmediatamente liberado tras su proclamación. De los más recientes podemos citar los casos del izquierdista David Nieves por Caracas y del fallecido adeco Modesto Freites por el Guárico, ambos en la última década del siglo XX.
Con esta decisión el Poder Judicial venezolano sigue perdiendo el poco prestigio que le queda, y demuestra una vez más que está al servicio del Poder Ejecutivo y no de la Constitución, La Justicia y las Leyes.
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