MILOS ALCALAY, A DOS MESES DEL CIERRE DE FRONTERAS,

Al cumplirse dos meses del cierre de fronteras con Colombia, constatamos que ninguna de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar el atropello a los ciudadanos de ambos países, han tenido los resultados anunciados: sigue el desabastecimiento, el contrabando, la inseguridad pero además se suman nuevos problemas como la evidente asimetría política en vísperas de las elecciones en las regiones sometidas a un inconstitucional y ventajista “estado de excepción”.

Este tipo de medidas improvisadas y con fines electorales,  además de afectar a la población fronteriza, afecta el principio de la integración suramericana tan anunciada por el Gobierno, ya que no solo  viola los acuerdos de integración física fronteriza acordada por ambos Estados en múltiples instrumentos jurídicos, sino que también vulnera la libre circulación de personas, bienes y servicios que fluían entre Venezuela y -a través de Colombia- con otros países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia y otros hermanos de “Nuestra América”

Los flujos migratorios de los países andinos por vía terrestre, permitían que un autobús pudiera llevar al Perú a través de Cúcuta,  a nuestros ciudadanos venezolanos ya que la nueva realidad del éxodo y la emigración nos ubican hoy no solo como una tierra de asilo -antes abierta a los ciudadanos del mundo-  sino que la diáspora venezolana comienza a ser significativa al dar los primeros pasos de su condición de emigrantes. Pero al mismo tiempo  un ciudadano Peruano o Boliviano podían beneficiarse de los Acuerdos de Migración Laboral adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Acuerdos Laborales de la Comunidad Andina que gracias a las Cumbres Sociales han adoptado el principio de la movilidad humana como elemento prioritario de la  integración de los pueblos.

Además de la dimensión humana de las disposiciones que aíslan a Venezuela, debemos preocuparnos también por el incumplimiento de la liberalización de la libre circulación de bienes, servicios y capitales, que violan los Tratados de Libre Comercio como los de Mercosur, o inclusive de países socios de Venezuela a través del ALBA

Muy preocupante ha sido también la “criminalización” de nuestros vecinos al justificar las expulsiones llamándolos “para-militares o prostitutas” unido a un discurso nacionalista y de seguridad nacional  con peligrosos tintes xenófobos y discriminatorios, que no se han borrado a pesar del cambio de discurso que ahora utiliza el contradictorio termino de “fronteras de Paz” pero que en el fondo muestra una creciente militarización, que no solo se da en el lado Colombiano, sino también en la frontera con Guyana, que ha denunciado ante los Países del Caribe y de la Commonwealth  el gravísimo Decreto 1787 –hoy derogado- pero que mostró ante los vecinos terrestres e insulares un preocupante viso neo-imperialista.

Esperemos que con el dialogo binacional -que ha dado muy pocos resultados- y  el apoyo del Secretario General de la OEA y del Secretario General de la ONU, se pueda normalizar la situación 

Milos Alcalay

milosalcalay@yahoo.com

@milosalcalay

Caracas-Venezuela

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