lunes, 19 de octubre de 2015

LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., PRIORIDADES REPUBLICANAS, CASOS GUATEMALA, BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA,

La institucionalidad en Latinoamérica, desafortunadamente, atraviesa su peor momento. Presidentes que usan medios de comunicación para agredir opositores, una estructura electoral que no regula los ventajismos de las alas oficialistas y tribunales cuya misión pareciera no ser otra que perseguir a los disidentes, se han hecho elementos comunes en gran parte de la región.

Sin embargo, todavía quedan algunos indicios que parecieran mostrar que la justicia y la transparencia están presentes, como por ejemplo, lo que ocurrió en Guatemala cuando el Parlamento, incluyendo a partido del presidente Pérez Molina, votó a favor de retirarle al primer mandatario la inmunidad presidencial, dejándolo en una situación de indefensión que lo obligó a renunciar.

En Brasil, el gobierno también afronta una situación compleja ya que distintas instancias del Estado señalaron en un informe que la presidenta Dilma Rousseff  había incurrido en irregularidades administrativas que podrían costarle el cargo. Desafortunadamente, la reacción de la jefa de Estado brasileño no fue la mejor y decidió responder a las acusaciones alegando que ciertos sectores trataban de darle un golpe como el ejecutado contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo, sin entender que se trata de una investigación constitucional por irregularidades cometidas, tal como ocurrió en Paraguay.

Tal vez el caso más emblemático es el de Colombia donde el partido de gobierno del presidente Santos y el Partido Liberal (como uno de los principales aliados del mandatario) conminaron al jefe de Estado para que exija al vicepresidente Germán Vargas Lleras que deje de realizar acciones oficiales en las que de forma indirecta trata de beneficiar a su tolda política. En ese caso se evidencia como impera la noción de Estado (más allá de las diferencias partidistas) que la unión y la absoluta lealtad hacía un gobierno determinado.

En otros países de la región se anhela que la institucionalidad se haga palpable y logre concretarse. En muchos la tarea es difícil, pero en otros como Venezuela están dadas las condiciones para que a partir de enero del próximo año asuma una Asamblea Nacional que si bien no provocará cambios automáticos en la conducción del país, empezará a ejercer una labor de fiscalización y vigilancia que establezca controles al ejecutivo, adelante la transparencia judicial y haga leyes que ayuden a que los cuantiosos ingresos a las arcas del Estado sean transferidos a una población necesitada y que clama por soluciones ante los gigantescos problemas que aquejan a la República.

Luis D. Alvarez V
luis.daniel.alvarez.v@gmail.com
@luisdalvarezva
Venezuela

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