EGILDO LUJAN NAVAS, EL APAGÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS FORMATO DEL FUTURO

El servicio de telecomunicaciones en Venezuela es quizás uno de los más atrasados de Latinoamérica. La incompetencia gubernamental se ha ocupado de que sea así. Poco más de 17 años ha bastado para alcanzar ese nivel. No hay ninguna diferencia entre dicha condición y la que exhibe el servicio eléctrico. La similitud describe una realidad homogénea y también identifica al mismo responsable.

En telecomunicaciones y en su conducción, existe una justificación gubernamental cuando los usuarios reclaman eficiencia y cuestionan la mala calidad del servicio de internet y telefonía móvil: “muchos venezolanos juegan demasiado y la lentitud es deliberada, porque el país necesita que se trabaje mucho más”.   

En cuanto al servicio eléctrico, se trata de una actividad regida por el Gobierno que se ha ido deteriorando progresivamente. Lo ejemplariza el estado en que se encuentra la red nacional de generación y distribución. Desde la década de los setenta hasta 1999, Venezuela desarrolló el sistema nacional de electrificación más completo, diversificado y moderno de toda Latinoamérica. Su alcance hizo posible la cobertura satisfactoria de más del 95% de las ciudades, pueblos y caseríos en todo el territorio nacional. El país, incluso, alcanzó estándares competitivos en la exportación de energía eléctrica. Colombia y Brasil pasaron a ser mercados a conquistar con el nuevo recurso de exportación. Se trataba de llegar a ciudades de países vecinos. No de alcanzar espacios distintos que pudieran desvirtuar la competitividad.

Durante los últimos tres quinquenios Venezuela ha invertido más de 45 mil millones de dólares para mantener ese ritmo de crecimiento sectorial. Es lo que describen las cifras dadas a conocer por las autoridades. Curiosamente, como en otros casos conocidos, aquí la inversión no ha servido para evitar que el servicio eléctrico presente un cuadro distinto al de una condición lamentable en  generación, transmisión y comercialización.

La inversión se habría hecho supuestamente en programas de desarrollo. Nadie explica, sin embargo, por qué abundan los proyectos sin ejecución, la paralización de otros, el retardo de las ejecutorias, la insistencia en la carencia de recursos. De igual manera, tampoco se describen las razones por las que otras obras no han pasado de ser simples registros en maquetas. En el menos mal de los casos,  en la etiqueta efectista de una abundante colocación de “primeras piedras” promovidas por costosas campañas publicitarias.

¿Por qué, de igual forma, se dejó sin efecto el cumplimiento de los programas de mantenimiento necesarios para preservar el caudal de generación eléctrica de que ya disponía el país?.

No haber acometido el programa de desarrollo debidamente, ni implementado con la rigurosidad del caso el proceso de mantenimiento, se ha traducido en que Venezuela dependa hoy de un servicio eléctrico deficiente a nivel nacional. Su tarjeta de presentación más conocida es la de  las constantes interrupciones -o apagones no programados- con sus obvias consecuencias: incomodidades y pérdidas materiales, degradación del confort y de la calidad de vida  para la ciudadanía,  como de la economía en general.

Ningún país puede avanzar si su infraestructura agropecuaria, industrial, de prestación de servicios o de comercialización no dispone de un servicio eléctrico confiable. ¿Cómo hacerlo, además, si tampoco gozan de dicho servicio la habitabilidad y sus  requisitos anexos?.

Todo tejido público y privado de producción está íntimamente ligado en su acceso confiable y seguro al servicio de energía eléctrica. De no ser así, el proceso está condenado irremediablemente al deterioro y a la  definitiva paralización y desaparición.

En Venezuela, como en cualquier otro país, la empresa privada constituye la única garantía de desarrollo por lo que ella representa para la estructuración de la infraestructura productiva y comercial. Y la pérdida de calidad del servicio eléctrico, entre otros, es actualmente la causa de un costo no apreciado por las autoridades ni por la propia sociedad. De hecho, se ha convertido   en un impedimento en la logística productiva. No permite producir ningún bien terminado a precios competitivos con las empresas competidoras del exterior. Y se ha convertido en un activador del afán importador, como de la economía de puertos. Es, por supuesto, otro motivo  de la fuga de divisas, aunado al invariable régimen de control de cambio. Otros, desde posiciones decisorias, los convierten, inclusive, en excusas para adquirir productos que se podrían fabricar a nivel nacional, y en una alternativa funcional para el sostenimiento de la corrupción.

La escasez de alimentos es una de las principales preocupaciones del venezolano. Le disputa y gana la posición del liderazgo social que también ostentan  la inseguridad y la inflación causada por la gigantesca y desordenada devaluación del bolívar. Los que gobiernan, sin embargo, parecieran no inquietarles que el 80% de los alimentos que se consumen el país sean elaborados con base en un proceso industrial que requiere energía eléctrica. Después del procesamiento, un porcentaje de igual proporción necesita refrigeración para su conservación. ¿Por qué no asumir y aceptar que se hace necesaria la disposición de un servicio eficiente y continuo de energía eléctrica? ¿Por qué, adicionalmente, no reconocer que la prevención de las incidencias de los efectos climáticos en la prestación de dicho servicio no debe ser subestimada?.

Es necesario lograr el autoabastecimiento y la posible exportación de energía eléctrica. Y hacerlo con el propósito de ahorrar divisas y de producirlas. Para alcanzarlo, se requiere eficiencia y una operatividad competitiva. Hay que descartar el componente ideológico como requisito imprescindible para la selección del personal especializado. El país dispone de expertos para alcanzar dichos objetivos. Las inversiones sectoriales se tienen que acometer con base en verdaderos controles administrativos. El Estado, inclusive, pudiera reservarse la producción energética de acuerdo al postulado de actividad básica. Es un tema que puede ser motivo de debate, incluyendo la modalidad de la comercialización a cargo de una red nacional de empresas privadas. Cuando sean los particulares y no los gobiernos los que dominen este campo, se podrá garantizar la oferta de un eficiente servicio que se comercialice de acuerdo a tarifas adecuadas, para que las empresas comercializadoras puedan operar sin cargo al Estado.

Cuando el servicio eléctrico no dependa del enfoque populista de siempre, no habrá razones para que se justifique y se permita el robo de energía actual. ¿Cuál  es realmente  la proporción o relación costo-beneficio de dicha modalidad?. Tampoco tendría razón de ser que las dependencias gubernamentales sigan siendo un ejemplo de derroche. Mucho menos que el Gobierno Nacional siga siendo el mayor deudor o moroso del pago por el consumo de energía eléctrica, como lo es actualmente también en otros servicios, como son: agua, teléfonos y aseo urbano.

Si no se le presta atención a la actual situación que afecta integralmente al servicio eléctrico del país, definitivamente, no se podrán evitar su mala calidad y los apagones. Las empresas privadas tendrán que seguir funcionando entre carencia de dólares y apagones, además de una rentabilidad caprichosa, según la decisión de quien gobierna. También pudieran darse apagones encadenados. Mejor dicho, relumbrones  y más relumbrones.

Egildo Lujan Navas

egildolujan@gmail.com

@egildolujan

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